La S¨ªndic esgrime la 'doctrina Parcent' del TSJ para rechazar el Plan Rabassa
La PIC anuncia que agotar¨¢ todas las v¨ªas jur¨ªdicas para paralizar la macrourbanizaci¨®n
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) agotar¨¢ todas las v¨ªas jur¨ªdicas disponibles para conseguir paralizar la tramitaci¨®n del Plan Rabassa, que contempla la construcci¨®n de 15.000 nuevas viviendas, en la periferia de Alicante. El colectivo c¨ªvico hizo ayer este anuncio tras desgranar una resoluci¨®n de la S¨ªndic de Greuges, en funciones, Emilia Caballero, en la que insta a "que se suspenda su tramitaci¨®n". La S¨ªndic apoya su resoluci¨®n en el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha paralizado 1.500 viviendas en Parcent por "insostenibles".
El 3 de noviembre pasado el TSJ emiti¨® un auto en el que adoptaba como medida cautelar la suspensi¨®n de un PAI que estaba previsto desarrollar sobre una superficie de 1 mill¨®n de metros cuadrados para construir 1.500 viviendas, "es mucho menos que en Rabassa", dijo Carlos G¨®mez-Gil, portavoz del colectivo que estima que esta decisi¨®n del TSJ sienta jurisprudencia para poder iniciar una batalla jur¨ªdica. "Las decisiones opuestas a las leyes est¨¢n tipificadas en el C¨®digo Penal", advirti¨® el portavoz del colectivo que augura que este proyecto "lleva el mismo camino que el palacio de congresos en el monte Benacantil, que ha supuesto un coste social y pol¨ªtico tremendo".
La S¨ªndic emite recomendaciones tanto a la Consejer¨ªa de Territorio como al Ayuntamiento de Alicante. Caballero pide primero que "no aprueben" el Plan Rabassa "sin revisar antes el PGOU de 1987", tambi¨¦n les insta a "suspender su tramitaci¨®n mientras las deficiencias detectadas no sean corregidas y subsanadas". Al tiempo, recuerda la necesidad de proteger las lagunas ubicadas sobre suelo no urbanizable de especial protecci¨®n, la necesidad de elaborar y exponer al p¨²blico las alegaciones, la obligaci¨®n de acreditar la existencia de recursos h¨ªdricos suficientes mediante el correspondiente informe de la Confederaci¨®n del J¨²car, as¨ª como la convocatoria de un nuevo concurso para seleccionar al urbanizador bas¨¢ndose en la nueva legislaci¨®n urban¨ªstica LUV.
En la resoluci¨®n, la S¨ªndic concede un plazo m¨¢ximo de un mes al Ayuntamiento y a los departamentos de la Generalitat implicados para que "informen si aceptan estas recomendaciones o, en su caso, pongan de manifiesto las razones que estimen para no aceptarlas".
Los profesores de la Universidad de Alicante, Manuel Alcaraz y G¨®mez Gil, consideran que esta resoluci¨®n es un "varapalo" a la actuaci¨®n del gobierno municipal del PP. El informe de la Sindicatura estima que es necesario revisar previamente el PGOU, ya que los 4,2 millones de metros cuadrados sobre los que se ejecutar¨¢ el Plan Rabassa "supone m¨¢s de 40% del t¨¦rmino municipal de Alicante" por lo se trata de una decisi¨®n "trascendental" que afecta al modelo territorial y estructural de todo el municipio. Tambi¨¦n muestra su "preocupaci¨®n" por la campa?a publicitaria y de solicitudes de viviendas protegidas que ha lanzado el promotor del plan, el empresario Enrique Ortiz, para su venta.
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