Andaluc¨ªa y Extremadura publican los datos, Catalu?a y Madrid, no

El presidente andaluz y presidente del PSOE Manuel Chaves tiene un piso y un garaje en Sevilla, adem¨¢s de un Volvo y un saldo bancario a noviembre de 2005 de 3.640 euros. Son datos disponibles en la web oficial del parlamento andaluz. El reglamento de esta c¨¢mara obliga a hacer p¨²blico los bienes de los diputados, en virtud de su ley electoral de 2005. As¨ª, aparecen uno a uno todos los diputados andaluces, con su correspondiente declaraci¨®n, que en este caso menciona incluso la posesi¨®n de obras de arte.

Tambi¨¦n las comunidades aut¨®nomas de Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, recogen esta medida en su legislaci¨®n, pero no otras como Pa¨ªs Vasco, Comunidad de Madrid o Catalu?a. No hay unanimidad en esta cuesti¨®n, si bien la declaraci¨®n p¨²blica de los ingresos y propiedades de los cargos p¨²blicos ha formado parte de la disputa pol¨ªtica, sobre todo en los ¨²ltimos a?os.

En Madrid, Rafael Simancas, portavoz socialista en la Asamblea, pidi¨®, por ¨²ltima vez, en noviembre pasado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, una declaraci¨®n p¨²blica de su patrimonio. La reclamaci¨®n del candidato socialista se produjo despu¨¦s de que Aguirre declarase en una biograf¨ªa autorizada que su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes. En 2003, Simancas hizo p¨²blicos sus bienes entre los que se encontraban dos coches, dos chal¨¦s y una cuenta corriente de 30.000 euros.

En Extremadura, la publicidad del patrimonio de los cargos p¨²blicos es regulada por una ley de 1996. El c¨®digo legal extreme?o obliga a los miembros del gobierno, alcaldes, concejales e incluso a los familiares directos de los altos funcionarios a declarar de manera oficial y p¨²blica "cualquier variaci¨®n del patrimonio durante el ejercicio del cargo".

En Catalu?a, los diputados est¨¢n obligados por ley (como en todos los parlamentos de Espa?a) a realizar una declaraci¨®n de actividades y de bienes patrimoniales, pero en el segundo caso no son de uso p¨²blico y, por tanto, est¨¢n exentos de darlos a conocer a la opini¨®n p¨²blica.

Lo mismo sucede en el parlamento vasco, que funciona con un reglamento de 1990. Se obliga a declarar a los diputados todas las actividades y bienes con el fin de detectar posibles incompatibilidades.