Una turbina de reactor junto a la cama

Unos a?os antes de morir, el 9 de agosto de 1991, Jos¨¦ Mulet Cabrera presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Vila-real en el que expone que la empresa de cer¨¢mica Rocersa emite ruidos que superan el l¨ªmite establecido por la ley, tanto de d¨ªa como de noche, lo que impide a los vecinos conciliar el sue?o. Junto a la suya, se presentan varias quejas m¨¢s, verbales, y el entonces alcalde, el socialista Enrique Ayet, determina el cierre del sistema de cogeneraci¨®n, que provoca el ruido, en horario nocturno. Rocersa atiende la exigencia, pero, seg¨²n los vecinos, no todas las noches.

Los d¨ªas 15 de enero, 13 de febrero, 17 de febrero, 1 de marzo, 26 de marzo y 3 de abril de 1995 se suceden las denuncias ante la polic¨ªa local, que hace mediciones del nivel de ruido.

El 28 de junio de 1995, a las 5.45 de la madrugada, Concepci¨®n Capella y Antonio Flich llaman a la polic¨ªa para que acuda de nuevo a medir el nivel de ruido. El 12 de julio, a las 6.42, ocurre lo mismo. Meses despu¨¦s, el matrimonio, junto al hijo de ambos, se traslada a vivir al casco urbano ante la imposibilidad de conciliar el sue?o. Entonces, con el reci¨¦n nombrado alcalde del PP, Manuel Vilanova, las quejas se presentan a trav¨¦s de otros ciudadanos e, incluso, de colectivos creados para combatir las emisiones ac¨²sticas. M¨¢s de 1.000 personas firman solicitudes para que se controle el ruido emitido por la actividad industrial. Muchas de las quejas y denuncias quedan "sobre la mesa" y no son tramitadas. A¨²n as¨ª, el Ayuntamiento inicia la elaboraci¨®n de mapas sonoros y ordena inspecciones. Pero el sistema de cogeneraci¨®n sigue en marcha, pese a que no tiene licencia.

Los sistemas de cogeneraci¨®n se usan en las empresas cer¨¢micas para aprovechar el calor de los hornos de cocido y convertirlo en energ¨ªa el¨¦ctrica. Para ello, utilizan una turbina, semejante a la de un reactor, que emite un zumbido grave y constante. La familia Flich-Capella ten¨ªa uno a 650 metros de la casa que abandonaron, en una zona residencial, y a la que s¨®lo regresaron durante las ¨¦pocas estivales. En esos meses siguieron presentando denuncias a las dos, a las cuatro, a las seis de la madrugada, as¨ª como mediciones que reflejaban que el ruido sobrepasaba el nivel admitido.

"Se re¨ªan de nosotros, no nos escuchaban", recuerda Antonio Flich como resumen de las decenas de visitas que realizaron tanto al Ayuntamiento como a la empresa. "Al final, no nos qued¨® otro remedio que acudir a la v¨ªa judicial", a?ade. "Hab¨ªa perdido casi mi autoestima... No se puede vivir de rodillas". Su denuncia por un delito de prevaricaci¨®n medioambiental le ha acabado costando al alcalde, Manuel Vilanova, un a?o y medio de prisi¨®n y ocho a?os de inhabilitaci¨®n. "Pocos condenados han estado tan avisados como ¨¦l", mantiene el denunciante. "Se lo pedimos por activa y por pasiva, de palabra, por favor, y no le dio la gana actuar. Ahora tiene lo que tiene".

El 20 de noviembre de 1998, el Ayuntamiento orden¨® la ejecuci¨®n forzosa de la orden de cierre de la actividad y dej¨® de funcionar la turbina de cogeneraci¨®n. "Se dice pronto, pero fueron tres largos a?os interponiendo denuncias", recuerda Flich.

La condena del Tribunal Supremo ha desatado una aut¨¦ntica batalla pol¨ªtica despu¨¦s de que el PP decidiera mantener, en un principio, al alcalde en su puesto, pese a la inhabilitaci¨®n y a que se trata de una sentencia firme. Ning¨²n dirigente del PP ha tenido reparos en asegurar que se trata de una "sentencia pol¨ªtica". Dirigentes de ese partido han hecho hincapi¨¦ en el ponente que la firma, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn.

El magistrado responde, no sin iron¨ªa, que "sin saberlo" est¨¢n en lo cierto. "El fallo procede de un poder pol¨ªtico del Estado y afecta a la pol¨ªtica medioambiental, con lo que es una sentencia pol¨ªtica", puntualiza Mart¨ªn Pall¨ªn, quien asegura que tanto ¨¦l como los otros dos magistrados que firman la resoluci¨®n eran conscientes de que "se trataba de un alcalde" pero no ten¨ªan ni idea de cu¨¢l era su color pol¨ªtico. El magistrado sabe que su decisi¨®n se ha politizado y ante las acusaciones del PP aconseja leer la sentencia, "sobre todo en lo que se refiere a hechos probados, que son suficientemente expresivos".