El PP rechaza la reforma legal del Gobierno contra la corrupci¨®n
Rajoy comunic¨® a Sevilla que su partido no apoyar¨ªa la norma
El Gobierno ha renunciado a alcanzar un consenso con el PP para la reforma de la Ley Municipal que introduc¨ªa algunos art¨ªculos para frenar la corrupci¨®n urban¨ªstica y aumentar la transparencia en la gesti¨®n. El l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, se entrevist¨® con Jordi Sevilla, ministro de Administraciones P¨²blicas, para manifestarle el rechazo del PP a la iniciativa, seg¨²n adelant¨® ayer la cadena de televisi¨®n Cuatro.
El l¨ªder del Partido Popular, Mariano Rajoy, mantuvo en torno a la primera semana de diciembre una reuni¨®n con el Ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, en la que le traslad¨® su oposici¨®n al acuerdo.
Rajoy puso fin as¨ª a la ronda de negociaciones que hab¨ªan llevado a cabo dirigentes socialistas y del PP y en la que hab¨ªan alcanzado algunos acuerdos sobre la reforma legal en marcha.
El Gobierno busca alternativas en otras leyes para incorporar las medidas previstas en la reforma que pretend¨ªa consensuar con el PP. Esas medidas pretenden obligar a concejales y alcaldes a presentar una declaraci¨®n de patrimonio antes y despu¨¦s de acceder al cargo y que deja en manos del pleno municipal algunos de los tr¨¢mites urban¨ªsticos que ahora puede hacer el Gobierno municipal sin debate previo con la oposici¨®n.
El Ejecutivo est¨¢ estudiando la posibilidad de incorporar esas medidas al proyecto de Ley del Suelo, en tramitaci¨®n, a trav¨¦s de una serie de enmiendas.
Financiaci¨®n municipal
El PP argumenta que las desavenencias con el Gobierno "no responden al distanciamiento pol¨ªtico de los ¨²ltimos d¨ªas", sino al hecho de que el Plan de Lucha contra la Corrupci¨®n Urban¨ªstica no modifica algunos aspectos de la financiaci¨®n de los ayuntamientos, seg¨²n inform¨® ayer Cuatro.
El PP pretend¨ªa modificar en paralelo la Ley de Haciendas Locales, algo a lo que se opone el Ejecutivo dado que la norma entr¨® en vigor en 2003 y todav¨ªa no se ha demostrado que sea insuficiente.
Los populares indican tambi¨¦n que la reforma legal no clarificaba el papel de las diputaciones en el organigrama de lucha contra el fraude.
A trav¨¦s de la Ley del Suelo que se tramita ahora en el Senado, el Ejecutivo pretende incorporar un cap¨ªtulo de incompatibilidades para quienes hayan ocupado cargos p¨²blicos y la obligatoriedad de incluir en el debate plenario determinados tr¨¢mites urban¨ªsticos en grandes desarrollos.
La reforma legal del Gobierno pretend¨ªa tambi¨¦n dotar a los ayuntamientos de un apoyo t¨¦cnico por parte de la Administraci¨®n central para evaluar los planes urban¨ªsticos que las promotoras inmobiliarias plantean a los distintos gobiernos locales.
El objetivo de la Administraci¨®n central ser¨ªa terminar con la desigualdad de medios entre las grandes oficinas t¨¦cnicas de constructoras e inmobiliarias y la escasez de recursos de los concejales.
Al menos tres ministerios hab¨ªan trabajado en ese plan, que deb¨ªa estar cerrado a principios de 2007, pero que fue retrasado para contar con el consenso de los populares.
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