30.000 casas ilegales marbell¨ªes
Las demoliciones de casas ilegales recorren Marbella como un fantasma. En el coraz¨®n del debate social y con las elecciones municipales como tel¨®n de fondo, para unos vecinos supone una amenaza real de desalojo, y para otros la restituci¨®n de la legalidad urban¨ªstica ignorada en la ciudad los ¨²ltimos 15 a?os.
Durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. La Junta va a pedir la demolici¨®n de aquellas que se hayan alzado sobre suelos que el planeamiento destinaba a sistema general de equipamientos y zonas verdes, unas 5.000 aproximadamente, pues considera muy grave la p¨¦rdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad en estos a?os.
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha dictado al menos 33 sentencias en las que anula licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento y que afectan a m¨¢s de 2.800 viviendas. 17 resoluciones ya son firmes, y declaran ilegales 785 viviendas. La Junta, que impugn¨® las licencias, ha pedido al tribunal que ordene la demolici¨®n de 334 construidas en suelos que estaban reservados para equipamientos p¨²blicos. "Los equipamientos p¨²blicos son los atributos m¨¢s sagrados de una ciudad y bajo ning¨²n concepto puede construirse en ellos", explica Jos¨¦ Mar¨ªa Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de Marbella que gestiona la Junta.
Ante la controversia generada, la sociedad marbell¨ª se ha polarizado. La plataforma vecinal 29 de marzo, formada por una decena de comunidades de propietarios de edificaciones aleda?as a los inmuebles ilegales, junto a los ecologistas, solicitan el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes. Mientras, los propietarios de estas viviendas ilegales crearon una plataforma independiente para lograr que los grupos pol¨ªticos locales rechacen los derribos al un¨ªsono. Estos vecinos podr¨¢n personarse como afectados y ser o¨ªdos por el TSJA antes de que ¨¦ste decida sobre la demolici¨®n solicitada por la Junta. Ser¨¢ un proceso lento, de varios meses.
En la cruda batalla pol¨ªtica, el PP ha tomado las posibles demoliciones como bandera para cuestionar la actuaci¨®n de la Junta en Marbella y tildar de "inmoral" los derribos. El presidente andaluz del PP, Javier Arenas, opina que las familias "no pueden ser v¨ªctimas de lo que ha pasado". Mientras que la Junta mantiene firme su postura, el candidato a la alcald¨ªa y consejero de Turismo, Paulino Plata, ha restado contundencia a la petici¨®n de ejecuciones de sentencias al TSJA por parte del Gobierno regional. "Es muy importante ver el lado humano del problema", dice.
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