Interior estudia sancionar a los convocantes de la manifestaci¨®n de guardias civiles

La manifestaci¨®n de 3.000 guardias civiles el s¨¢bado en Madrid ha puesto al Ministerio del Interior en un atolladero. El director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha encargado un informe jur¨ªdico para determinar si los agentes cometieron alguna ilegalidad o falta disciplinaria por concentrarse de uniforme, actuar como un sindicato o insultar al presidente del Gobierno. Los letrados se inclinan por abrir expediente por falta grave a los dirigentes de la Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles que convocaron la protesta o a la treintena de agentes que estuvieron en el escenario, pero no al resto.

La protesta de la AUGC para reclamar al PSOE que cumpla sus promesas electorales amenaza con romper las relaciones privilegiadas de dicha asociaci¨®n con la Direcci¨®n General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. La v¨ªspera del acto, diputados del PSOE intentaron disuadir a los convocantes para que anularan la manifestaci¨®n por las consecuencias que pod¨ªa acarrear. La AUGC, que asegura tener 25.000 asociados, contest¨® que lo ¨²nico que ped¨ªan es que los socialistas cumpliesen sus promesas electorales de aprobar un nuevo r¨¦gimen disciplinario que anulase las penas de arresto y un nuevo cat¨¢logo de derechos y deberes de los guardias, que incluyese el derecho de asociaci¨®n reivindicativa.

Los convocantes sab¨ªan que no pod¨ªan manifestarse de uniforme, pero lo hicieron a sabiendas de que as¨ª se aseguraban la m¨¢xima atenci¨®n y generaban pol¨¦mica. Tambi¨¦n sab¨ªan que la protesta de uniforme iba a causar un fuerte malestar en sectores del instituto armado, especialmente entre los mandos. De hecho, oficiales del cuerpo consultados por este diario, desde capitanes a generales, han calificado de "grav¨ªsimo" e "inconcebible" la protesta. Del mismo modo, sospechaban que la protesta daba una herramienta a la oposici¨®n para atacar al Gobierno.

Con todos estos mimbres, la protesta se celebr¨® el s¨¢bado, sin incidentes, con un gran servicio de orden y con un cord¨®n de seguridad del propio instituto armado. El lunes pasado, Mesquida encarg¨® a los servicios jur¨ªdicos del instituto armado un informe jur¨ªdico para determinar si los manifestantes hab¨ªan cometido una ilegalidad al manifestarse, pese a que contaban con el permiso administrativo de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid. Dicho informe no es vinculante, pero en caso de determinar que hubo alg¨²n tipo de falta disciplinaria, o incluso delito, obligar¨ªa a Mesquida a abrir expediente. "Si no lo hiciera as¨ª, cometer¨ªa prevaricaci¨®n", aseguran mandos del instituto armado.

Los jur¨ªdicos, seg¨²n las mismas fuentes, hicieron ayer una primera valoraci¨®n sobre lo ocurrido el s¨¢bado. A su entender, la manifestaci¨®n podr¨ªa constituir una falta grave, tipificada en los art¨ªculos 8.3 y 8.17 del vigente r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil. El primer precepto considera grave el que los guardias, que han jurado defender y respetar las instituciones, se salten "su deber de neutralidad pol¨ªtica, realizando actos irrespetuosos o emitiendo p¨²blicamente expresiones contrarias al ordenamiento constitucional, a los s¨ªmbolos, instituciones o autoridades del Estado, de las comunidades aut¨®nomas o de las corporaciones locales, a los parlamentarios o a los representantes de otros Estados".

En este tipo se podr¨ªa incluir la sanci¨®n por haber insultado al presidente del Gobierno -se core¨® el grito de "Zapatero embustero"-, aunque los uniformados que subieron al escenario montado en la Plaza Mayor se cuidaron de no entonar ese verso. El 8.17 persigue el "hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con car¨¢cter colectivo". En ambos casos, la sanci¨®n podr¨ªa ser de p¨¦rdida de cinco a veinte d¨ªas de haberes (suspensi¨®n de sueldo), arresto de un mes y un d¨ªa a dos meses en establecimiento disciplinario militar y p¨¦rdida de destino.

La potestad sancionadora es del director general pero, al ser una falta grave, tendr¨¢ que darse parte a la fiscal¨ªa militar. Fuentes consultadas de los ministerios de Defensa e Interior indican que todo apunta a que se abrir¨¢ expediente a la treintena de agentes que subi¨® de uniforme al escenario, pero no a los guardias que estaban abajo, en la Plaza Mayor. Adem¨¢s, posiblemente se decida sancionarles con una p¨¦rdida de haberes de cinco d¨ªas. "Lo que est¨¢ claro es que no tenemos m¨¢s remedio que actuar, porque puede ocurrir que actos como estos contrarios al ordenamiento y la disciplina se multipliquen", asegura un conocido general del instituto armado.

La instrucci¨®n de los expedientes podr¨ªa demorarse hasta tres meses y, adem¨¢s, las fuentes consultadas de ambas partes, no descartan que se llegue a alg¨²n tipo de pacto entre los posibles sancionados y la Direcci¨®n General. Dichos medios, no obstante, temen que una posible actuaci¨®n de la fiscal¨ªa militar, que podr¨ªa apreciar un delito de sedici¨®n (pese a que no concurre tumulto), lo que podr¨ªa llevar a los agentes ante un tribunal militar.