Caos en la vivienda

La coincidencia de una intensa oleada de ocupaci¨®n ilegal de pisos vac¨ªos -incluso de alguno ocupado- en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, con el anuncio de que algunas comunidades aut¨®nomas -Catalu?a y Euskadi- consideran la posibilidad de imponer una tasa o canon a las casas desocupadas, ha devuelto al escaparate p¨²blico el intrincado problema de la vivienda, enfocado esta vez en forma de paradoja: hay m¨¢s de tres millones de pisos vac¨ªos, a pesar de lo cual el mercado de alquiler languidece y la demanda crece en progresi¨®n casi geom¨¦trica. El resultado es que se disparan los delitos contra la propiedad inmobiliaria, crece la tensi¨®n ciudadana por la falta de recursos policiales y legales para acabar con la ocupaci¨®n ilegal y aumenta el descontento entre una parte de la poblaci¨®n asalariada cuyas rentas procedentes de trabajos precarios no pueden pagar los precios de un mercado que no deja de encarecerse.

Una situaci¨®n tan potencialmente peligrosa merece un par de reflexiones. La primera es que el recargo sobre las propiedades vac¨ªas no resuelve el problema del alquiler, porque no est¨¢ legalmente tipificado qu¨¦ es un piso vac¨ªo. Si tal naturaleza no est¨¢ definida despu¨¦s de m¨¢s de tres a?os de esfuerzos legales perdidos en el intento, mal se podr¨¢n buscar y gravar tales pisos.

M¨¢s eficaz es la recomendaci¨®n de que se modifique la legislaci¨®n que regula los contratos de alquiler. Cuando los propietarios no se sientan indefensos ante inquilinos que no pagan, destrozos que no se reconocen y contratos que se eternizan, estar¨¢n m¨¢s inclinados a poner sus propiedades en el mercado.

La segunda reflexi¨®n tiene que ver con la lamentable descoordinaci¨®n entre la Administraci¨®n central y las auton¨®micas. La cautela que reclama el vicepresidente Solbes, fundada en que el canon plantea "problemas jur¨ªdicos y su rentabilidad es reducida", se da de bruces con la avidez normativa de las comunidades aut¨®nomas. El caso de las ocupaciones ilegales merece un tratamiento claro y directo. Dado que la propiedad es un bien b¨¢sico que debe protegerse y que la entrada ilegal en las viviendas amenaza con convertirse en un conflicto grave, deber¨ªa ponerse en marcha un sistema r¨¢pido por el cual los tribunales pudiesen identificar la propiedad de los pisos asaltados y ocupados; y otro igual de r¨¢pido para expulsar a los invasores. Es un esc¨¢ndalo que, en una sociedad tan burocratizada e informatizada como la espa?ola, los jueces no puedan conocer en unas pocas horas qui¨¦n es el propietario leg¨ªtimo de un piso.