El alcalde de Pego dice que el pueblo no podr¨¢ asumir la indemnizaci¨®n

El Ayuntamiento de Pego no puede hacer frente al pago de la indemnizaci¨®n de 1,2 millones de euros que la Audiencia de Alicante ha fijado por los da?os causados en el marjal de Pego-Oliva durante los a?os 1996 y 1998, bajo el gobierno del ex alcalde Carlos Pascual y el ex concejal de Agricultura y presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, Jos¨¦ Orihuel. La sala tercera de la Audiencia Provincial de Alicante dict¨® el mi¨¦rcoles una providencia en la que pide que se ejecute la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, que condena a Pascual y Orihuel a 6 y 3 a?os de prisi¨®n respectivamente por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del humedal, declarado parque natural. El tribunal requiere tambi¨¦n a los condenados que abonen a la Generalitat valenciana la indemnizaci¨®n que en su d¨ªa estableci¨® por las transformaciones que ocasionaron en el marjal. Si demuestran su insolvencia econ¨®mica, ser¨¢n el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes los responsables civiles subsidiarios del pago de la multa millonaria.

El alcalde de Pego, el popular Carmelo Ortol¨¤, advirti¨® ayer de que el municipio "no puede hacer frente" al pago de la indemnizaci¨®n, ya que "supondr¨ªa entre el 12% y el 13% del presupuesto municipal". El pleno municipal aprob¨® precisamente ayer los presupuestos para el ejercicio de 2007, que ascienden a 10.148.000 euros. En el caso, todav¨ªa hipot¨¦tico hasta que la sentencia sea firme, de que el ayuntamiento sea condenado a pagar la multa millonaria "no podr¨ªamos asumir un pago ¨²nico", dijo Ortol¨¤. El municipio plantear¨ªa entonces a la Generalitat la posibilidad de "pagos fraccionados" o "inversiones en el marjal".

La providencia dictada el mi¨¦rcoles por la Audiencia de Alicante no supondr¨¢ el ingreso inmediato de los dos condenados en prisi¨®n, aunque Pascual y Orihuel ya figuran en el Registro Central de Penados y Rebeldes. El tribunal ha trasladado a la Fiscal¨ªa y a la acusaci¨®n los recursos presentados por los abogados de los condenados en los que piden la suspensi¨®n de las penas por motivos humanitarios y de salud, y alegan que est¨¢n pendientes de resoluci¨®n de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petici¨®n de indulto.