La nueva clase

La democracia ha dado lugar a la formaci¨®n de una nueva clase ol¨ªtica municipal.

COHECHO, prevaricaci¨®n, fraude; recalificaciones, convenios urban¨ªsticos, pelotazos; falsedad en documento, sobornos, especulaci¨®n: todo esto y mucho m¨¢s de la misma especie es parte de un nuevo lenguaje pol¨ªtico que desde el pionero experimento marbell¨ª se ha extendido por la Pen¨ªnsula y las islas hasta formar una especie de estado dentro del Estado, con sus reglas y su moral. Un lenguaje, como ahora se dice, transversal, o sea, que afecta en mayor o menor medida a toda la clase pol¨ªtica, algunos de cuyos representantes emergen de vez en cuando a la superficie y a la notoriedad p¨²blica, entre polic¨ªas camino del juzgado gritando contra el Gobierno.

?Cu¨¢ntos son? ?Hasta d¨®nde afecta esta marea de corrupci¨®n municipal al conjunto de nuestra clase pol¨ªtica? No lo sabemos; pero lo que s¨ª vamos sabiendo es que la democracia ha dado lugar a la formaci¨®n de una nueva clase pol¨ªtica municipal: los alcaldes se perpet¨²an al frente de sus consistorios, rodeados de concejales que han anudado v¨ªnculos de amistad y de clientelismo con todo tipo de promotores y suministradores de servicios. La corrupci¨®n es planta de f¨¢cil arraigo, pero necesita alg¨²n tiempo para crecer y robustecerse: son precisos contactos, saber con qui¨¦n te la est¨¢s jugando, mirar m¨¢s de una vez a los ojos del otro para convencerte de que est¨¢s ante un tipo digno de fiar.

?Qu¨¦ v¨ªnculos son ¨¦sos? ?Cu¨¢ntos alcaldes y responsables de urbanismo son clientes o patronos, familiares o amigos de constructores, promotores y dem¨¢s poceros? Es dif¨ªcil saberlo. A diferencia de la c¨¦lebre nomenclatura sovi¨¦tica, se trata de una nueva clase poco estudiada, mal conocida. Pero si un alcalde entre polic¨ªas dice a su gente que se lo llevan al juzgado por orden del Gobierno es porque cree que todos hacen lo mismo que ¨¦l. ?Es as¨ª? Si fuera cierto que -como este mismo peri¨®dico revelaba hace un a?o en una de aquellas estupendas p¨¢ginas de Investigaci¨®n y an¨¢lisis- son 130.000 millones los euros que circulan por Espa?a en dinero negro, y que la mayor parte de ese dinero tiene que ver con la construcci¨®n, entonces es seguro que todo lo que en este a?o ha salido a la superficie es s¨®lo la puntita de un iceberg inmune al calentamiento global.

Punta de un iceberg: se podr¨ªa partir de esa hip¨®tesis, tal vez exagerada, pero ¨²til si lo que se pretende es poner remedio. Y aqu¨ª es donde surge la cuesti¨®n: ?alguien quiere o est¨¢ dispuesto a poner remedio? Dicho de otra forma: ?es posible que se haya llegado a una situaci¨®n de estas caracter¨ªsticas sin que la clase pol¨ªtica en sus diferentes niveles auton¨®mico y estatal se haya dado cuenta? Otra cosa m¨¢s que no sabemos. No sabemos, en efecto, si por impotencia o por hacer la vista gorda; por exigencias de financiaci¨®n de los partidos o por considerarlo el mejor lubrificante de un boom econ¨®mico que en tres a?os m¨¢s nos situar¨¢ en cabeza de Europa -?por encima de Alemania, oiga!-, o simplemente porque los ayuntamientos pueden hacer de su capa un sayo y de su territorio una gallina de huevos de oro, lo cierto es que nadie pone coto a tanto desm¨¢n.

?Y por qu¨¦ lo habr¨ªan de poner -dicen, cuando los pescan con las manos en la masa- si s¨®lo con una decisi¨®n administrativa el valor de la mercanc¨ªa suelo se puede multiplicar por 10, por 100, por 1.000? Basta modificar un plan urban¨ªstico, recalificar un terreno o, para los m¨¢s audaces, empezar a construir en los bordes de la legalidad. Para cuando un poder del Estado en forma de inspecci¨®n fiscal o de juzgado de instrucci¨®n se entera y, lo que es m¨¢s inveros¨ªmil, recoge datos suficientes y decide intervenir, el negocio est¨¢ hecho, la urbanizaci¨®n construida e incluso el agua canalizada.

No tiene una explicaci¨®n racional que tantos alcaldes se hayan sentido tan inmunes a la mirada de poderes externos al propio municipio como para cometer actos de prevaricaci¨®n o cohecho si no se sent¨ªan a la vez protegidos por su propio partido en el nivel que fuese. No suele ocurrir -en realidad, nunca ocurre- que un partido obligue a un alcalde a renunciar a su puesto antes de que un juez le haya llamado a declarar. Parad¨®jicamente, lo que se conoce es lo contrario: el Partido Popular acaba de expulsar a dos concejales por denunciar irregularidades urban¨ªsticas ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Sin necesidad de repetir, con el demagogo, "todos son lo mismo", es inevitable preguntar, a la vista de tanto facineroso como anda metido en la pol¨ªtica municipal: ?es ¨¦sta la nueva clase pol¨ªtica que ha creado la democracia?