El Gobierno vasco arremete contra los jueces en v¨ªsperas de la declaraci¨®n de Ibarretxe

El Gobierno vasco subi¨® ayer el nivel de confrontaci¨®n con la judicatura al expresar su "honda preocupaci¨®n" por el "impacto y la convulsi¨®n" que provocan algunas decisiones judiciales en la vida pol¨ªtica y social de Euskadi. En una declaraci¨®n institucional, que contin¨²a las llamadas a la movilizaci¨®n ante la comparecencia del lehendakari Ibarretxe como imputado, el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, por su reuni¨®n con Arnaldo Otegi en 2006, el Ejecutivo aut¨®nomo carga con dureza contra la Ley de Partidos, a la que culpa de que algunas resoluciones est¨¦n provocando el "desbordamiento de los l¨ªmites" de la justicia.

La declaraci¨®n, le¨ªda por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), y por la portavoz del Gobierno de Vitoria, Miren Azkarate (PNV), llega cuatro d¨ªas antes de que el lehendakari declare ante el juez instructor, imputado como "cooperador necesario" en un delito de desobediencia cometido por tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna, con los que Juan Jos¨¦ Ibarretxe se reuni¨® el 19 de abril de 2006, tras el alto el fuego de ETA.

En medio de este clima de crispaci¨®n, el PNV, EA, Ezker Batua (los tres socios del Gobierno vasco) y Aralar han convocado una manifestaci¨®n para ma?ana en Bilbao bajo el lema En defensa de nuestras instituciones. El objetivo es que Ibarretxe sienta el apoyo de la sociedad. Y el mismo mi¨¦rcoles, coincidiendo con la declaraci¨®n del lehendakari, el PNV ha llamado a sus militantes a concentrarse frente al Palacio de Justicia de Bilbao.

En su manifiesto, el Gobierno se refiere al encausamiento de Ibarretxe de pasada y lo incluye dentro de una reflexi¨®n m¨¢s amplia sobre las actuaciones de "algunos ¨®rganos" judiciales, entre las que se refiere a la situaci¨®n del preso etarra I?aki de Juana Chaos y a la ilegalizaci¨®n de Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale.

El Gobierno vasco se queja de la convulsi¨®n que est¨¢n produciendo en la sociedad "una minor¨ªa de asuntos muy significativos" como consecuencia de determinadas decisiones judiciales que afectan a pilares b¨¢sicos de la divisi¨®n de poderes o "limitan de forma dr¨¢stica espacios leg¨ªtimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democr¨¢tica".

"Socavar derechos"

Para el Ejecutivo tripartito, el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, no implica "silencio y cobertura incondicional" de su contenido. Por ello, cree que es su obligaci¨®n "la sana cr¨ªtica" en defensa de las libertades, ante decisiones formalmente legales que son susceptibles de "vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales".

La principal critica se dirige a la Ley de Partidos, ya que ve en su aprobaci¨®n el punto de arranque de una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes. "La Ley de Partidos supuso la consolidaci¨®n oficial de una nueva forma de entender el juego pol¨ªtico", al condenar "a una parte muy significativa de la ciudadan¨ªa vasca a la invisibilidad pol¨ªtica" (en alusi¨®n a la ilegalizaci¨®n de Batasuna). "La mancha de aceite de dicha legislaci¨®n de excepci¨®n est¨¢ ampliando su cerco", advierte el Ejecutivo de Ibarretxe. Una vez abierta la espita, "el desbordamiento de l¨ªmites est¨¢ servido y se precipita en cascada". Adem¨¢s de las organizaciones de la izquierda abertzale, el Parlamento vasco y el lehendakari han tenido que enfrentarse "a la duda de su connivencia con el terrorismo", a?ade la declaraci¨®n.

Sobre la legislaci¨®n penal antiterrorista ordinaria, asegura que "nadie sabe ya hasta d¨®nde se extienden las prohibiciones penales". Los delitos de amenazas -"como muestra el dramatismo del caso De Juana"-, la apolog¨ªa del terrorismo y los delitos de colaboraci¨®n y pertenencia a banda armada "se van haciendo m¨¢s y m¨¢s extensos". Todo ello, utilizando medidas cautelares que producen el efecto de "cosa juzgada antes de haber sentencia".