La fiscal¨ªa pide inhabilitar 10 a?os por prevaricaci¨®n a Joan Barios, ex subdelegado de Lleida con el PP

La Fiscal¨ªa de Lleida pide 10 a?os de inhabilitaci¨®n para el ejercicio de cargos p¨²blicos para Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, por un presunto delito de prevaricaci¨®n. Esta acusaci¨®n est¨¢ relacionada con varias irregularidades descubiertas hace tres a?os en la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa en la tramitaci¨®n de expedientes para la regularizaci¨®n de inmigrantes.

El fiscal solicita id¨¦ntica pena para los miembros del PP Salvador Puy, ex asesor de Barios, y Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo en esa ¨¦poca, y para el ex jefe de la oficina de Extranjer¨ªa, el polic¨ªa nacional Jos¨¦ Mar¨ªa Vieites, para quien se pide otra pena de cuatro a?os de prisi¨®n y 1.200 euros de multa por falsedad en documento oficial.

El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a estas cuatro personas por su participaci¨®n en una trama de corrupci¨®n descubierta en la Oficina de Extranjer¨ªa de Lleida, donde seg¨²n los investigadores se tramitaron de forma irregular entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 m¨¢s de 300 expedientes de inmigrantes, dando trato de favor a determinadas solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy.

La Oficina de Extranjer¨ªa de Lleida estuvo bajo sospecha durante todo el mandato del PP, especialmente a partir de febrero de 2003, cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M., fue detenido por un presunto delito de prevaricaci¨®n y falsificaci¨®n de documento p¨²blico. La Guardia Civil descubri¨® que una veintena de permisos de residencia se tramitaron de forma irregular; algunos correspond¨ªan a mujeres que ejerc¨ªan la prostituci¨®n en locales de alterne de la provincia. Sin embargo, el juez archiv¨® el caso por falta de pruebas.

Algunos expedientes analizados por los Mossos se resolvieron en un tiempo r¨¦cord -entre un d¨ªa y un mes-, cuando el proceso legal no pod¨ªa ser inferior a tres meses. En esa ¨¦poca, la Oficina de Extranjer¨ªa de Lleida ten¨ªa s¨®lo 13 funcionarios para resolver 37.000 expedientes. Los investigadores comprobaron que en ese periodo se aprobaron hasta 8.214 solicitudes, un n¨²mero muy elevado para una provincia de las dimensiones de Lleida, con unas necesidades de mano de obra muy espec¨ªficas.

De 1.772 expedientes revisados, 1.522 hab¨ªan sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron pr¨¢cticas irregulares por parte de los responsables de la Administraci¨®n. Este trato de favor, seg¨²n se desprende de las pesquisas, se conced¨ªa a particulares pero, principalmente, a empresas de trabajo temporal -una de ellas vinculada a un militante del PP- y a cooperativas.