Garant¨ªas m¨¢s que sanciones

En las ¨²ltimas semanas se ha abierto un debate sobre las posibilidades de incorporar al mercado de alquiler los tres millones de pisos vac¨ªos que, seg¨²n diversos estudios, existen en Espa?a.

Hemos escuchado opiniones desde todos los ¨¢mbitos de la vida p¨²blica y privada: cargos p¨²blicos de todas las administraciones, portavoces de grupos pol¨ªticos y sociales, analistas econ¨®micos, juristas... Todos, menos el Ministerio de la Vivienda, que hasta la fecha en que se redacta este art¨ªculo -y de forma sorprendente- es el ¨²nico que no ha expresado su opini¨®n. Ni una sola propuesta, como por otra parte nos tiene acostumbrados. Es como si, al igual que esos famosos tres millones de pisos, el Ministerio de la Vivienda estuviera tambi¨¦n "vac¨ªo".

Habr¨ªa que flexibilizar un mercado que es demasiado r¨ªgido y jur¨ªdicamente inseguro

Y esa falta de opini¨®n, as¨ª como de propuestas, se hace todav¨ªa m¨¢s patente cuando la pol¨ªtica de alquiler, junto con el 36,7% de incremento del precio de la vivienda desde marzo de 2004, constituye el gran fracaso del Ministerio de Vivienda y del Gobierno de Zapatero.

Ha fracasado la Sociedad P¨²blica de Alquiler: 7 millones de p¨¦rdidas acumuladas a 31 de diciembre pasado; y algo m¨¢s de 2.000 contratos en toda Espa?a en casi dos a?os desde su constituci¨®n. El Senado ha instado al Gobierno a su disoluci¨®n a la vista de sus desastrosos resultados.

Y tambi¨¦n han fracasado los dos ¨²nicos programas del Ministerio para incentivar el mercado de alquiler. Me refiero a los programas de subvenciones a los inquilinos y de subvenciones a los propietarios de viviendas para su rehabilitaci¨®n y posterior cesi¨®n en arrendamiento.

A 30 de septiembre, ¨²ltimos datos que conocemos, durante 2006 s¨®lo se hab¨ªan reconocido 1.278 ayudas a inquilinos (24,5 por provincia) y 68 ayudas a propietarios para su cesi¨®n en arrendamiento (algo m¨¢s de una ayuda por provincia). Absolutamente rid¨ªculo.

Y esta vez no puede quejarse la ministra de falta de colaboraci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas gobernadas por el PP, pues a esa fecha -30 de septiembre- ni Andaluc¨ªa, ni Catalu?a, ni Extremadura, ni Galicia, ni Arag¨®n, hab¨ªan tramitado ni siquiera una ayuda en alguno de esos dos programas.

?Y qu¨¦ hacer para favorecer la, m¨¢s que necesaria, incorporaci¨®n al mercado de esos tres millones de pisos vac¨ªos? Las opiniones han sido de lo m¨¢s variado. Desde la disparatada propuesta de la Sra. Mayoll, responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona (PSOE-ERC-IU-ICV), de "comprender" al movimiento okupa y despenalizar la ocupaci¨®n de viviendas; ponerle a los okupas un alquiler "simb¨®lico", por cierto sin respuesta por parte del Gobierno central, lo que nos hace pensar que tambi¨¦n la comparten, o la idea de un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas desocupadas, hemos escuchado de todo.

He de decir que el recargo en el IBI para viviendas vac¨ªas no es una propuesta nueva. Esta medida se contempl¨® en la reforma de la Ley de Haciendas Locales, aprobada en el a?o 2002 por el Gobierno del Partido Popular, posponiendo para su desarrollo reglamentario, fijar la definici¨®n de "vivienda vac¨ªa" o de "vivienda permanentemente desocupada".

Y es ah¨ª donde est¨¢ precisamente la complejidad del tema que nos ocupa. ?C¨®mo se define "vivienda vac¨ªa" o "vivienda permanentemente desocupada" sin gravar situaciones o conductas que ser¨ªa tremendamente injusto penalizar? Esta es la principal raz¨®n por la que ning¨²n Ayuntamiento ha aplicado el citado recargo.

?Por qu¨¦ penalizar a quien haya heredado la vivienda de sus padres en su pueblo natal y en ese momento no tiene posibilidades econ¨®micas para rehabilitarla?; ?por qu¨¦ gravar a quien habiendo sido destinado por motivos laborales a otra provincia, no desea alquilar la vivienda que constituye su hogar familiar?; ?o al padre que ha comprado una vivienda para que su hijo la habite en un par de a?os, y la Ley de Arrendamientos Urbanos le impide alquilarla por menos de cinco? As¨ª podr¨ªamos citar decenas y decenas de supuestos.

Por ello, desde el Partido Popular hemos decidido apostar, antes que por la penalizaci¨®n, por remover todos los obst¨¢culos que hacen que un propietario, incluso aquellos que han comprado una vivienda para venderla a los cuatro o cinco a?os, prefiera mantenerla vac¨ªa y renuncie voluntariamente a una renta.

Esos obst¨¢culos provienen de la rigidez e inseguridad jur¨ªdica de las normas y procedimientos judiciales que hoy regulan la relaci¨®n contractual entre propietario e inquilino. Normas que impiden que a un propietario, que sabe que va a necesitar la vivienda en dos o tres a?os, no se le permita alquilarlo por menos de cinco. Procedimientos judiciales que permiten que ante un incumplimiento contractual -los m¨¢s claros son el impago del alquiler y los da?os en la vivienda- se alargue a m¨¢s de un a?o la resoluci¨®n del juicio y la ejecuci¨®n de la sentencia y, adem¨¢s, sin ninguna garant¨ªa en el resarcimiento de los da?os y perjuicios causados.

Es por ello, por lo que desde el Partido Popular se modific¨® en diciembre de 2003 la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial posibilitando la aplicaci¨®n de los denominados juicios r¨¢pidos civiles a los procedimientos en materia de arrendamiento, particularmente en materia de desahucio por falta de pago. Procedimientos que a¨²n no han sido desarrollados por el Gobierno socialista.

Ante esta inactividad, el Partido Popular en la presente Legislatura ha pedido en el Congreso de los Diputados la aplicaci¨®n inmediata de los juicios r¨¢pidos civiles, hemos defendido la creaci¨®n de los Juzgados de Vivienda en los que se resuelvan, en un plazo no superior a treinta d¨ªas, los conflictos derivados del incumplimiento de sus obligaciones contractuales no s¨®lo por parte del inquilino, sino tambi¨¦n por parte del propietario. Hemos propuesto la modificaci¨®n de la Ley de Arrendamientos Urbanos, flexibiliz¨¢ndola y dando m¨¢s libertad de pacto a las partes y acortando la duraci¨®n del contrato.

Ni que decir tiene que a todas estas propuestas se les ha aplicado la t¨¦cnica del rodillo y han sido rechazadas por el Partido Socialista y sus socios.

El Partido Popular considera que para fomentar el mercado de alquiler de viviendas vac¨ªas o desocupadas habr¨ªa que flexibilizarlo puesto que en la actualidad es demasiado r¨ªgido y jur¨ªdicamente inseguro. La soluci¨®n no est¨¢ en penalizar al propietario. Por ello nos oponemos a cualquier medida sancionadora y abogamos y defendemos que se dote de la suficiente flexibilidad, seguridad y garant¨ªas al propietario y al contrato de arrendamiento.

Pablo Matos es diputado del PP, portavoz de Vivienda en el Congreso.