El segundo problema m¨¢s preocupante

El acceso a la vivienda se ha asentado en las ¨²ltimas encuestas como el problema que m¨¢s preocupa a los andaluces, tan s¨®lo superado por el paro. Una estad¨ªstica que responde a la imposibilidad de decenas de miles de j¨®venes, parados y personas con rentas medias y bajas para alquilar o comprar una vivienda que responda a sus necesidades o incluso, en ocasiones, que re¨²na condiciones b¨¢sicas de dignidad. Ante este escenario, las administraciones p¨²blicas se han sumergido en un debate sobre las medidas que habr¨ªa que aplicar para sacar al mercado el m¨¢s de medio mill¨®n de viviendas vac¨ªas que hay en Andaluc¨ªa, sobre todo despu¨¦s de la propuesta que estudian aplicar los Gobiernos del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a de gravar con nueve euros diarios estas viviendas.

La Junta se apresur¨® en rechazar esta iniciativa. La consejera de Obras P¨²blicas y Transportes, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, abog¨® por "promover incentivos fiscales" antes que "medidas sancionadoras". Sin embargo, los responsables de urbanismo y vivienda de los ayuntamientos de Sevilla (PSOE), C¨¢diz (PP) y C¨®rdoba (IU) lamentan no disponer de mecanismos impositivos ni potestad sancionadora para que esta bolsa de viviendas salga al mercado inmobiliario.

El m¨¢s vehemente es el delegado de Urbanismo hispalense, Emilio Carrillo, quien lamenta que los consistorios no puedan expropiar ni obligar a la venta forzosa. "Deber¨ªamos tener instrumentos jur¨ªdicos para poder expropiar pisos desocupados que se pueda comprobar que est¨¢n vac¨ªos por razones especulativas. Estamos hablando de promociones enteras que est¨¢n siendo adquiridas por grupos financieros y empresariales muy potentes con el objetivo simplemente especulativo", afirma.

En t¨¦rminos igualmente cr¨ªticos se pronuncia Juan Jos¨¦ Ortiz, concejal de Vivienda de C¨¢diz, quien espera que el Gobierno central desarrolle el reglamento que determine "el concepto" de vivienda vac¨ªa para que los municipios puedan gravar un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus propietarios -posibilidad que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales-. As¨ª las cosas, a?ade: "Con el nulo margen jur¨ªdico de maniobra que tenemos para actuar, lo que si hemos hecho es inspeccionar viviendas para ver su situaci¨®n de ocupaci¨®n y dar traslado a la Junta, competente en dicha materia, para que se act¨²e en consecuencia".

Para Andr¨¦s Oca?a, teniente de alcalde de Urbanismo de C¨®rdoba, la mejor medida que pueden aplicar los municipios es subvencionar a los propietarios con rebajas en el IBI: "Ser¨ªa una buena f¨®rmula para que los due?os de pisos los alquilen con rentas al alcance del conjunto de la poblaci¨®n porque se trata de un bien necesario".

Desahucios e inquilinos

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de C¨¢diz, ?ngel N¨²?ez, prefiere tambi¨¦n los incentivos fiscales ante la indefinici¨®n existente sobre las viviendas vac¨ªas. "?C¨®mo se definen las casas desocupadas? ?Qui¨¦n establece la funci¨®n que cumplen estos pisos? Las respuestas son jur¨ªdicamente muy complicadas por lo que soy muy esc¨¦ptico sobre el resultado de gravar los pisos", afirma N¨²?ez, quien hace autocr¨ªtica con el sistema judicial y propone como soluci¨®n "agilizar" las medidas y procesos judiciales ante desahucios y contra inquilinos que no pagan los alquileres.

De la misma opini¨®n participa Manolo Sillero, gerente de la Asociaci¨®n Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras Gaesco. "Necesitamos un marco jur¨ªdico suficientemente garante para los propietarios que no tienen capacidad de echar a inquilinos que dan problemas. Es imprescindible que en dos o tres meses puedan resolverse estos litigios y los inquilinos que no pagan o no cumplan los contratos tengan que abandonar los pisos", afirma el gerente de la Asociaci¨®n Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras Gaesco.