Representantes de cuatro inmobiliarias declaran ante el juez por las casas ilegales de Catral

Representantes de cuatro empresas del sector inmobiliario declarar¨¢n hoy en calidad de imputados en relaci¨®n con la supuesta construcci¨®n ilegal de numerosas viviendas en el municipio alicantino de Catral, cuyo alcalde, Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez Leal, tambi¨¦n figura como imputado por varios presuntos delitos. Los imputados declarar¨¢n ante la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Orihuela, que pretende conocer el posible grado de implicaci¨®n de cuatro empresas -Promociones Leraiz, SL; Contry-House Vega 2000, SL; Megomas, SL, y Proinco Grupo RG 55, SL- en la construcci¨®n de viviendas ilegales en Catral.

En concreto, la instrucci¨®n judicial se centra en los parajes municipales de El Palomar, Lo Perp¨¦n, La Madriguera, El Fond¨®, Arroba de los Hornos, La Portaleda, Lo Vera y Lo Jerminao, seg¨²n consta en la providencia de diligencias emitida por el Juzgado. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusaci¨®n particular (la Asociaci¨®n Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo, AECU) estiman que "existen indicios suficientes de delito contra la ordenaci¨®n del territorio, as¨ª como de prevaricaci¨®n", a?ade el escrito. La Fiscal¨ªa entiende que "m¨¢s de mil viviendas construidas en el periodo comprendido entre los a?os 2000 y 2005 se ubican en suelo no urbanizable, sin disponer de las preceptivas licencias o incluso con licencias de obras menores". A ra¨ªz de los atestados elaborados por el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona), el fiscal sostiene que las citadas mercantiles son "constructoras" de esas viviendas. El alcalde de Catral, Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Leal (PSPV-PSOE), declar¨® el pasado 2 de febrero por estos hechos y, seg¨²n el abogado de AECU, reconoci¨® la ilegalidad de numerosas viviendas construidas en la localidad.

El inicio de esta investigaci¨®n judicial tuvo lugar en 2004, cuando unos particulares y AECU presentaron en el juzgado sendas denuncias contra el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno por la supuesta comisi¨®n de los citados delitos. Adem¨¢s, las denuncias se extend¨ªan a dos funcionarios municipales y a una treintena de promotores por la construcci¨®n "de unas 1.300 viviendas ilegales". Aunque en octubre de 2006 la magistrada decidi¨® sobreseer la causa abierta por la denuncia de AECU por entender que "no resultaba debidamente justificada la perpetraci¨®n del delito".