La hora de Prodi
El presidente de Italia promete "medidas radicales" contra los violentos
Dos semanas sin f¨²tbol, unas cuantas jornadas con partidos a puerta cerrada y estadio vac¨ªo, prohibici¨®n de los desplazamientos de tifosi a terrenos contrarios. Esa combinaci¨®n de medidas era la hip¨®tesis que contemplaba ayer la federaci¨®n italiana a la espera de lo que pueda decidir hoy el Gobierno. Dos d¨ªas despu¨¦s de la muerte del polic¨ªa Filippo Raciti -asesinado el viernes probablemente por el impacto de una gran piedra lanzada por presuntos seguidores del Catania en las cercan¨ªas del estadio-, la indignaci¨®n generalizada por la violencia de los ultras empezaba a quedar desplazada, como en otras ocasiones, por consideraciones pol¨ªticas y econ¨®micas.
Segu¨ªa invoc¨¢ndose, en la Federcalcio, en la pol¨ªtica y en la prensa, el ejemplo ingl¨¦s y la firmeza con que Margaret Thatcher afront¨® el problema de los hooligans. Se tend¨ªa a olvidar, sin embargo, que la primera medida en aquel caso fue la exclusi¨®n de los equipos ingleses de las competiciones europeas. La tragedia de Heysel fue provocada por los hooligans del Liverpool, pero la UEFA hizo que pagaran todos los clubes. El Gobierno brit¨¢nico lo acept¨® e integr¨® la sanci¨®n dentro de sus planes de saneamiento. En Italia, por el contrario, la idea de cancelar el presente campeonato se descart¨® r¨¢pidamente. Se descart¨® incluso la posibilidad de suspender el torneo por m¨¢s de dos jornadas. El f¨²tbol ten¨ªa que seguir.
Las soluciones reales, en cualquier caso, ten¨ªan que llegar del Gobierno y del Parlamento. S¨®lo el poder pol¨ªtico pod¨ªa obligar a las sociedades futbol¨ªsticas a cumplir una ley que ya existe y que no se aplica porque, una vez aprobada, se concedi¨® a los clubes una "pr¨®rroga de aplicaci¨®n". Desde que, en 2001, el entonces ministro del Interior, Giuseppe Pisanu, empez¨® a endurecer las medidas de seguridad, los clubes apelaron sistem¨¢ticamente a la falta de recursos econ¨®micos. Pod¨ªan pagar fortunas a los jugadores, pero no numerar las entradas ni poner tornos en las puertas o mucho menos colocar asientos en la general de a pie. Alegaban adem¨¢s que los estadios no eran suyos, sino municipales. Curiosamente, a los clubes, y a los ayuntamientos, les ha funcionado siempre el argumento de la "pobreza". S¨®lo cinco de los 20 estadios de la Serie A cinco cumplen las normas vigentes. Y todas las semanas se registran disturbios como los de Catania. En B¨¦rgamo sucedi¨® la pasada jornada: una violencia horrorosa, pero sin polic¨ªa muerto. En N¨¢poles no hay partido que no concluya con un asalto a la comisar¨ªa cercana al estadio.
El ex ministro Pisanu fue claro ayer, al comentar las razones por las que su decreto no hab¨ªa podido aplicarse: "Hay pol¨ªticos que protegen a los violentos". La pol¨ªtica italiana es compleja. En otros pa¨ªses habr¨ªa sido inconcebible lo que ocurri¨® en Roma en junio de 2005, cuando un grupo de ultras a los que la polic¨ªa hab¨ªa prohibido la entrada en los estadios fue invitado a la C¨¢mara de Diputados para que expusieran sus problemas. Tras la detenci¨®n ayer de siete personas, el n¨²mero de detenidos por su posible relaci¨®n con la muerte de Raciti asciende a 29.
Siempre ocurre lo mismo. En cuanto se aprueban medidas concretas contra la violencia, surgen voces como la de Paolo Cento, diputado de los Verdes y subsecretario de Econom¨ªa, o Andrea Ronchi, diputado posfascista, para denunciar "los decretos represivos", la "falta de di¨¢logo con los aficionados" y las "discriminaciones inaceptables". El mismo s¨¢bado, cuando las im¨¢genes de Catania segu¨ªan emiti¨¦ndose continuamente por televisi¨®n, Paolo Cento, presidente de la pe?a del Roma en la C¨¢mara de Diputados, opin¨® que lo ocurrido constitu¨ªa "una revuelta juvenil contra las fuerzas del orden, fruto del malestar social", y que no estaba relacionado con el f¨²tbol. Ahora, sin embargo, el presidente del Gobierno no es Silvio Berlusconi, propietario del Milan, sino Romano Prodi, un hombre no especialmente aficionado al f¨²tbol. Quiz¨¢ eso ayude. Prodi promete "medidas radicales" y su ministro del Interior, Giuliano Amato, reconoce que para acabar con la violencia hacen falta "intervenciones sociales y reeducaci¨®n", pero tambi¨¦n "represi¨®n y castigos".
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