Decisi¨®n arriesgada, antecedente desastroso

El Partido Popular ha conseguido, al segundo intento, recusar al magistrado del Tribunal Constitucional Pablo P¨¦rez Tremps, designado por el Gobierno para dicho cargo en junio de 2004, apart¨¢ndolo de la resoluci¨®n del recurso de inconstitucionalidad que este partido interpuso contra el nuevo Estatuto de Catalu?a. Meses antes de su nombramiento, P¨¦rez Tremps, entonces catedr¨¢tico en ejercicio de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, realiz¨®, a solicitud del Instituto de Estudios Auton¨®micos de la Generalitat, un informe sobre la doctrina del Constitucional respecto a las posibles competencias de las comunidades aut¨®nomas en materia internacional -se trata de una de sus especialidades acad¨¦micas-, que ser¨ªa luego utilizado como material de trabajo por los redactores del proyecto de reforma estatutaria.

El asunto es trascendente porque la ausencia del magistrado recusado romper¨ªa el virtual empate a seis (que zanjar¨ªa el voto de calidad de la presidenta) que se dar¨ªa en el Tribunal si, como lamentablemente viene siendo norma, todos votasen de acuerdo con el alineamiento ideol¨®gico previo. Esa frontera ya se ha manifestado en relaci¨®n con la recusaci¨®n y anticipa lo que puede ocurrir en las votaciones futuras. La f¨¦rrea delimitaci¨®n afecta tanto a los seis que han admitido la recusaci¨®n como a los cinco que la han rechazado. Con la diferencia, sin embargo, de que estos ¨²ltimos han sido coherentes con su postura de rechazo a la primera recusaci¨®n de P¨¦rez Tremps, planteada por el PP en su intento de que el Tribunal Constitucional impidiera de entrada el debate parlamentario del proyecto de Estatuto acordado por la Mesa del Congreso.

Quienes deben explicar su cambio de criterio son los tres magistrados que hace un a?o se posicionaron contra la recusaci¨®n y hoy integran la mayor¨ªa que est¨¢ a su favor. ?Qu¨¦ ha sucedido en este tiempo para que lo que una mayor¨ªa de ocho magistrados frente a tres consider¨® "un trabajo acad¨¦mico", que "no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad", se convierta ahora en mayor¨ªa que sostiene lo contrario?

A falta de conocer los argumentos del fallo, parece ser que la nueva decisi¨®n mayoritaria se justifica por la aparici¨®n de hechos nuevos: que el informe fue elaborado mediante contrato y retribuido con 6.000 euros. Sin embargo, es dudoso que ello cambie la naturaleza acad¨¦mica del encargo, transform¨¢ndolo en un dictamen jur¨ªdico en toda regla, parte de los estudios preliminares sobre el futuro Estatuto o elemento relacionado con alg¨²n anteproyecto m¨¢s o menos regulado del mismo. No es normal que ese dato puramente administrativo se considere tan relevante como para pasar por encima del principio de cosa juzgada y se someta dos veces a juicio por el mismo hecho al magistrado recusado, transformando y cambiando radicalmente su resoluci¨®n inicial.

El Partido Popular y sus altavoces medi¨¢ticos se han apresurado en ensalzar hip¨®critamente la val¨ªa profesional, tanto acad¨¦mica como judicial, del jurista al que previamente hab¨ªan descalificado, con el indisimulado prop¨®sito de quitarle a continuaci¨®n de la cabeza cualquier idea de renunciar al cargo, lo que posibilitar¨ªa el nombramiento de otro magistrado antes de que el Constitucional resuelva los recursos sobre el Estatuto catal¨¢n. P¨¦rez Tremps es un jurista de reconocido prestigio desde mucho antes que lo descubriera el PP. ?sa es la raz¨®n por la que fue nombrado magistrado del Constitucional. Era acreedor, por tanto, a un juicio m¨¢s sereno y templado que el que le han dispensado quienes han votado su recusaci¨®n, sucumbiendo en el segundo asalto a las pretensiones del PP de conseguir en el Tribunal Constitucional lo que no pudo en el Parlamento.

Es posible que la propia ausencia de P¨¦rez Tremps provoque alineamientos nuevos dentro del Tribunal, en la b¨²squeda de una posici¨®n mayoritaria compartida por ambos sectores. Pero lo que de momento ha quedado claro es que el PP ha puesto todo su empe?o en neutralizar a un magistrado del que no se fiaba y que pod¨ªa inclinar el precario equilibrio del Tribunal en contra de sus pretensiones. Corresponde, sin duda, a P¨¦rez Tremps valorar esta situaci¨®n y adoptar las decisiones pertinentes, pues nadie est¨¢ legitimado a presionarle para hacer algo que vaya contra su dignidad y libertad, como provocar una renuncia al cargo que s¨®lo ser¨ªa ajustada a la ley si fuera una decisi¨®n lib¨¦rrima y personal.

Ello no impide considerar deseable que sea el Tribunal Constitucional al completo, y no amputado de uno de sus miembros, el que se pronuncie sobre una cuesti¨®n tan cargada de significaci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica como la constitucionalidad de una reforma del Estatuto que, tras su aprobaci¨®n en el Parlamento catal¨¢n, ya ha sido convalidada por las Cortes y refrendada por los ciudadanos de Catalu?a. El riesgo de un choque de legitimidades (si se produjera una resoluci¨®n extremada) es una posibilidad que ser¨ªa irresponsable ignorar. Pero de momento ya se ha creado un antecedente que condena al Constitucional a prescindir de las personas m¨¢s capacitadas por sus conocimientos especializados.