La prohibici¨®n de construir en la costa entrar¨¢ en vigor antes de las municipales

El Consello de la Xunta aprobar¨¢ hoy el proyecto de ley de medidas urgentes de protecci¨®n de litoral, que proh¨ªbe desarrollar suelos urbanizables a menos de 500 metros de la cosa. El proyecto se tramitar¨¢ en el Parlamento por la v¨ªa de urgencia, con el objetivo de que entre en vigor entre abril o mayo, antes por lo tanto de las elecciones municipales del pr¨®ximo 27 de mayo. El Gobierno gallego introducir¨¢ modificaciones de ¨²ltima hora en el anteproyecto de ley, que ser¨¢n anunciadas tras el Consello por el presidente de la Xunta, Emilio P¨¦rez Touri?o.

La prohibici¨®n de construir a menos de 500 metros del mar irrumpir¨¢ en plena v¨ªspera electoral, de acuerdo con el calendario que maneja la Xunta, y que hoy se pondr¨¢ en marcha con la aprobaci¨®n del proyecto de ley por el Consello de la Xunta. La Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial est¨¢ interesada en que las limitaciones entren en vigor cuanto antes, debido a la evidencia de que algunos ayuntamientos, entre ellos el de Sanxenxo, est¨¢n impulsando la urbanizaci¨®n de la costa para conceder las licencias antes de que la ley entre en vigor.

La principal medida contemplada en el proyecto es la prohibici¨®n de desarrollar suelos urbanizables a menos de 500 metros de la costa. La limitaci¨®n tiene car¨¢cter transitorio, en tanto los ayuntamientos adaptan sus planes generales o la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial promueve el Plan de Ordenaci¨®n del Litoral, para lo que contar¨¢ con un plazo de dos a?os desde la entrada en vigor de la ley que el Consello de la Xunta aprobar¨¢ hoy.

El presidente del Gobierno gallego, Emilio P¨¦rez Touri?o, ha anunciado su intenci¨®n de que la ley entre en vigor cuanto antes, para poner coto a la proliferaci¨®n de urbanizaciones en la costa. El proyecto tendr¨¢ consecuencias en todos los municipios del litoral, 87 en total, de los que 9 son de la provincia de Lugo, 48 de A Coru?a y 30 de Pontevedra, ya que ninguno de ellos cuenta con un Plan General de Ordenaci¨®n Municipal adaptado a la Ley del Suelo de 2002.

La ley afecta al 13% del suelo urbanizable de los municipios de la costa. La superficie total incluida en la franja de medio kil¨®metro asciende a 60.000 hect¨¢reas. El suelo clasificado urbanizable total en los ayuntamientos costeros es de 22.000 hect¨¢reas, de las que 3.000 se encuentran en esos primeros 500 metros. La suspensi¨®n afectar¨¢ a la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de todo tipo de planes urban¨ªsticos, en terrenos de la franja afectados clasificados como suelo urbanizable, apto para urbanizar o r¨²stico apto para el desarrollo urban¨ªstico.

Objeciones del CES

El anteproyecto recibi¨® un informe del Consello Econ¨®mico e Social (CES) en el que se aboga por un texto menos restrictivo. El ¨®rgano consultivo considera que la tipolog¨ªa de suelos incluida en la ley "afectar¨¢ a la actividad econ¨®mica y social del conjunto del litoral", por lo que demanda una norma transitoria que respete el planeamiento secundario que se encuentre en tramitaci¨®n. A juicio del organismo consultivo, deber¨ªa excluirse el suelo urbano consolidado en municipios con planeamiento adaptado a la Ley del Suelo de 1997.

A petici¨®n de los ayuntamientos, Pol¨ªtica Territorial decidi¨® acortar la efectividad de la ley a un a?o prorrogable a otro, frente a los dos a?os prorrogables a un tercero que figuraba en el primer borrador del proyecto.

La aprobaci¨®n de la ley supondr¨¢ la puesta en marcha del Instituto de Estudios do Territorio, un organismo aut¨®nomo que tendr¨¢ por objeto el an¨¢lisis, estudio y asesoramiento en materia urban¨ªstica y de ordenaci¨®n territorial. El instituto prestar¨¢ asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos gallegos para elaborar el planeamiento urban¨ªstico, y realizar¨¢ trabajos de investigaci¨®n y difusi¨®n para la Xunta.

Otra de las medidas incluidas en el proyecto que hoy pasa el tr¨¢mite en el Consello de la Xunta es la modificaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio, por la que el Gobierno gallego podr¨¢ destinar suelo a viviendas protegidas, con independencia del uso que se le asigne en el plan de ordenaci¨®n y del criterio de los ayuntamientos, mediante su declaraci¨®n de incidencia supramunicipal, como ya ocurre con determinadas infraestructuras, dotaciones e instalaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico o utilidad social.