Agentes bajo sospecha

El gesto de su rostro se acalora defendi¨¦ndose. Jos¨¦ Luis L. A., piloto de l¨ªneas a¨¦reas, ha llorado bastante ¨²ltimamente. Hace unos d¨ªas, mientras paseaba por el patio de la prisi¨®n de Soto del Real, dos funcionarios se le acercaron: "Ha llegado tu libertad", le anunciaron. Para Jos¨¦ Luis, espa?ol de 70 a?os, aquella noticia no fue una sorpresa. La intu¨ªa, aunque al o¨ªrla apret¨® los dientes con rabia. "Present¨ªa que ser¨ªa el Tribunal Supremo el que pondr¨ªa las cosas en su sitio", cuenta.

Su historia m¨¢s reciente es la de un hombre vapuleado por la polic¨ªa y tambi¨¦n por los jueces. Y no es para menos: era inocente y a pesar de ello ha pasado los ¨²ltimos cuatro a?os de su vida entre rejas.

Jos¨¦ Luis L. A. pas¨® cuatro a?os en prisi¨®n como supuesto jefe de una banda criminal

La nueva sentencia considera que desde la Unidad Antidroga se cometi¨® fraude de ley

Durante este tiempo, lo ha perdido casi todo. Sus abogados, del bufete Quesada y Contreras, repet¨ªan una y otra vez a jueces y fiscales que su cliente estaba siendo arrollado injustamente por la maquinaria judicial. Pero, hasta que el asunto lleg¨® a las manos del Supremo, nadie les escuch¨®.

Antes, en abril de 2006, lleg¨® el mazazo definitivo de la mano de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional, que preside F¨¦lix Alfonso Guevara: fue condenado a 10 a?os de c¨¢rcel por un delito de tr¨¢fico de drogas. La sentencia ven¨ªa a decir que ¨¦l y su esposa tra¨ªan coca¨ªna a Espa?a merced a contactos que ten¨ªan en Brasil y Venezuela. Y que el 20 de febrero de 2003 fue detenido tras hallar la polic¨ªa en un coche que ¨¦l hab¨ªa conducido casi 33 kilos de coca¨ªna. "Seg¨²n la polic¨ªa, yo era el jefe de una organizaci¨®n criminal, que es lo que supuestamente habr¨ªa justificado que el asunto se viera en la Audiencia Nacional, pero resulta que en la sentencia nada de eso se dec¨ªa", explica Jos¨¦ Luis.

En el relato de hechos de aquella sentencia todo ten¨ªa un aparente encaje jur¨ªdico. Pero el encaje era aparente, como despu¨¦s puso de manifiesto el Supremo en una sentencia del magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, que le absuelve tras cuatro a?os de cautiverio.

Lo cierto es que todo lo que hab¨ªa realizado la polic¨ªa para llevarle a prisi¨®n estaba viciado. Era nulo, seg¨²n la sentencia del Supremo. Tan nulo que los jueces del Supremo dieron orden de que se liberase al preso antes incluso de redactar la sentencia.

En Derecho, cuando un juez investiga un caso y lo archiva, s¨®lo cabe reabrirlo si hay elementos incriminatorios nuevos y mediante un recurso del fiscal ante la Audiencia de Madrid, no ante la Nacional. A Jos¨¦ Luis, el Juzgado 6 de Majadahonda le tuvo el tel¨¦fono pinchado durante casi ocho meses. El juez, harto de prorrogar las escuchas sin hallar nada delictivo, decidi¨® archivar su caso el 18 de diciembre de 2002. A juzgar por lo ocurrido, a la polic¨ªa no le gust¨® la decisi¨®n del juez. Y, por la puerta de atr¨¢s, los agentes se inventaron nuevos hechos que supuestamente les hab¨ªan proporcionado "fuentes propias" y llevaron los mismos hechos, s¨®lo una semana despu¨¦s de ser archivados en Majadahonda, al Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional. A la juez Teresa Palacios la convencieron para volver a pincharle el tel¨¦fono.

Estupefactos, los abogados de Jos¨¦ Luis reiteraron una y otra vez a la juez que esos hechos ya estaban archivados. Pero la juez hizo o¨ªdos sordos y prosigui¨® la investigaci¨®n. Meses despu¨¦s, en un coche que hab¨ªa llevado Jos¨¦ Luis, la polic¨ªa dijo haber hallado 33 kilos de coca¨ªna. "Eso es falso, es falso... En ese coche no hab¨ªa droga, o yo ignoraba que hubiese droga". Le detuvieron a ¨¦l y a su esposa, que tambi¨¦n acab¨® en prisi¨®n.

A ella la dejaron salir a los cuatro meses para que atendiese a su hijo. A Jos¨¦ Luis le embargaron y bloquearon todas las cuentas y casas. "Compr¨¦ en 2002 un local por 120.000 euros cerca del puerto de Valencia. Pagu¨¦ 80.000 y me faltaba por pagar, cuando ingres¨¦ en prisi¨®n, otros 40.000 en una hipoteca", se?ala. "Ped¨ª que me permitieran sacar dinero bloqueado para pagar la hipoteca; la juez no quiso y terminaron subastando el local", se lamenta Jos¨¦ Luis, que calcula que ha perdido "unos cuatro millones de euros" desde que cay¨® "injustamente" preso.

Luego, la sentencia condenatoria le dio la raz¨®n en el sentido de que sus cuentas no ten¨ªan que ver con asuntos de droga: "(...) No consta que constituyan fruto alguno de las ganancias procedentes del tr¨¢fico de sustancias estupefacientes". "Tambi¨¦n he perdido la reserva sobre un avi¨®n que compr¨¦ para venderlo a una persona interesada", se queja. "Habr¨ªa ganado dos millones en comisiones", cuenta, enfadado.

Lleg¨® al juicio esposado. Nada m¨¢s empezar la vista, su abogado plante¨® como "cuesti¨®n previa" que se trataba de un asunto ya visto en Majadahonda y que deb¨ªa anularse todo el procedimiento porque, explic¨®, estaba contaminado por un vicio inicial. "Aqu¨ª nadie se contamina si no es por el aire", le espet¨® el magistrado Alfonso Guevara, que le conden¨® a 10 a?os de c¨¢rcel.

El Supremo ha puesto en su sitio las cosas esta semana, cuando ya llevaba preso cuatro a?os. Reabrir el tema archivado sin haber nuevos elementos incriminatorios, se?ala el Supremo, es contrario a la Constituci¨®n y vulnera el derecho "al juez natural predeterminado por ley". Cuando los agentes acudieron a la juez Teresa Palacios tras el archivo de la causa en Majadahonda, cometieron "un palmario fraude de ley", se?ala el magistrado Mart¨ªn Pall¨ªn, que anula todo el procedimiento y absuelve a Jos¨¦ Luis. Por este motivo, el Supremo ha ordenado que se abran diligencias contra varios "agentes de la Unidad Especial Antidroga de la Brigada de Estupefacientes de la Polic¨ªa".

El abogado C¨¦sar Quesada estudia ahora adherirse a las acciones judiciales que inicie el fiscal contra los polic¨ªas. Y tampoco descarta emprender otras contra los juristas y contra el Estado por el da?o moral y econ¨®mico causado a Jos¨¦ Luis.

Entre los cometidos de la polic¨ªa no est¨¢ "elegir a su capricho al juez competente", dictamina el alto tribunal, que, sin embargo, no ve negligencia en la actuaci¨®n de los jueces de la Audiencia Nacional. "Yo sab¨ªa que s¨®lo el Supremo pondr¨ªa las cosas en su sitio, porque he le¨ªdo que revoca el 38% de las sentencias de la Audiencia Nacional y s¨®lo un 3% de las que dictan otros ¨®rganos", asevera Jos¨¦ Luis. Y a?ade: "Es curioso: si los ciudadanos cometemos un error, es un delito; pero si lo cometen los jueces, es un error".