La investigaci¨®n del caso de corrupci¨®n en Mog¨¢n alcanza al Gobierno canario

El juez que instruye el caso G¨®ndola sobre una trama de corrupci¨®n en el Ayuntamiento grancanario de Mog¨¢n (15.000 habitantes), gobernado por el PP, remiti¨® ayer por la ma?ana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada con escuchas telef¨®nicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ad¨¢n Mart¨ªn (CC), con el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y con el jefe del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias, seg¨²n inform¨® el diario Canarias 7.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirm¨® ayer que el juez que instruye el caso G¨®ndola, Jos¨¦ Alexis Reyes Negr¨ªn, remiti¨® a la presidencia del alto tribunal una pieza separada de la investigaci¨®n con diversas escuchas telef¨®nicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla y distintos responsables del Gobierno aut¨®nomo.

Seg¨²n inform¨® Canarias 7, las escuchas remitidas al Tribunal Superior de Justicia por el juez que instruye la causa de Mog¨¢n est¨¢n relacionadas con la declaraci¨®n de inter¨¦s general de la urbanizaci¨®n tur¨ªstica Anfi Tauro que el Gobierno deb¨ªa remitir, para su tramitaci¨®n y aprobaci¨®n, al Parlamento de Canarias.

EL PA?S pudo conocer que el contenido de las grabaciones apunta a distintos elementos relacionados con el proyecto urban¨ªstico, como el n¨²mero de camas que tendr¨ªa un hotel previsto en el plan. En las conversaciones con sus interlocutores del Ejecutivo canario, el empresario mostraba su inter¨¦s de que esto saliera adelante, para lo que necesitar¨ªa el apoyo de Coalici¨®n Canaria en el Parlamento auton¨®mico.

El magistrado que instruye el caso dict¨® ayer un auto de remisi¨®n de las actuaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, en el que justifica el hecho de que dos de las personas que aparecen en las conversaciones (el presidente canario y su consejero de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio) son aforados, y por tanto, corresponde a este tribunal decidir sobre la continuidad de las investigaciones. La Sala de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ser¨¢ la que deba decidir sobre la continuidad de las actuaciones y, en todo caso, si debe ser el juez natural el que prosiga con las mismas o el propio Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de corrupci¨®n del Ayuntamiento de Mog¨¢n est¨¢n imputados el alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal de Hacienda, que a la vez es el portavoz municipal del PP en la corporaci¨®n.

La investigaci¨®n judicial ha acreditado que hubo un supuesto trato de favor por parte del gobierno local, del PP, a un promotor urban¨ªstico, propietario de Anfi Tauro, en un convenio que establec¨ªa el pago de tres parcelas que nunca se entregaron realmente.

El promotor inmobiliario ofreci¨® como contraprestaci¨®n para poder desarrollar su proyecto urban¨ªstico tres parcelas que estaban en medio de una autov¨ªa, por lo que en realidad no serv¨ªan de nada.

Cuando los funcionarios del Ayuntamiento de Mog¨¢n advirtieron esta irregularidad, el promotor volvi¨® a ofrecer otros terrenos, pero en este caso estaban dentro de un campo de golf.

La permuta deber¨ªa permitir al Ayuntamiento conseguir un suelo valorado en 12 millones de euros, que son el beneficio supuestamente obtenido por el promotor inmobiliario por esta operaci¨®n irregular.

En la investigaci¨®n tambi¨¦n se pudo acreditar c¨®mo la primera teniente de alcalde de Mog¨¢n, Onalia Bueno, orden¨® espiar a la comisar¨ªa de polic¨ªa encargada de la investigaci¨®n por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Para ese espionaje, la dirigente del PP cont¨® con la ayuda de un empresario que tambi¨¦n est¨¢ imputado en esta causa.

El Partido Popular no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra sus tres cargos municipales imputados.

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se mostr¨® tranquilo en una visita que realiz¨® a Canarias porque de la investigaci¨®n no se deduc¨ªa que los concejales populares se hubieran quedado con dinero.