El fiscal pide 20 meses de c¨¢rcel a Mu?oz por una licencia ilegal
La gestora de Marbella estudia el derribo de una nave industrial
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A Juli¨¢n Mu?oz se le acumulan las causas por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio. En los pr¨®ximos dos meses el ex alcalde de Marbella encarcelado por el caso Malaya tiene fijados al menos tres juicios, uno de ellos el pr¨®ximo 16 de abril, en el que se enfrenta a una petici¨®n fiscal de 20 meses de prisi¨®n por la concesi¨®n de una licencia de obras para una vivienda unifamiliar en una zona no urbanizable.
En la causa tambi¨¦n est¨¢n imputados cinco ex ediles marbell¨ªes y Pedro Rom¨¢n, considerado mano derecha del fallecido Jes¨²s Gil, y para el que el ministerio p¨²blico pide 18 meses de c¨¢rcel.
El fiscal considera que la licencia a la promotora Artola Inversiones se otorg¨® siguiendo "las instrucciones que les dio el alcalde de la localidad Gil y Gil" pese a que la catalogaci¨®n del suelo era "totalmente incompatible" con la autorizaci¨®n. El lugar estaba clasificado como r¨²stico y tras un plan parcial pas¨® a considerarse zona educativa y docente. El Ministerio P¨²blico mantiene que los acusados sab¨ªan que hab¨ªa incompatibilidad, aunque lo autorizaron porque creyeron que se adaptar¨ªa al Plan General de 1998, que nunca lleg¨® a aprobarse.
Artola Inversiones consigui¨® la licencia para edificar la vivienda unifamiliar, con un presupuesto de 105.799 euros, en una comisi¨®n de gobierno presidida por Pedro Rom¨¢n en febrero de 1998 y cinco meses despu¨¦s Juli¨¢n Mu?oz aprob¨® la licencia de ejecuci¨®n en otra comisi¨®n. En la causa tambi¨¦n est¨¢n imputados los ex concejales Mario Jim¨¦nez, Manuel Calle, Juan Antonio Yag¨¹e, Dolores Zurdo, Mar¨ªa Luisa Duarte Alcal¨¢, y Rafael Gonz¨¢lez, estos dos ¨²ltimos en prisi¨®n por el caso Proinsa.
Por otro lado, la gestora de Marbella trata de decidir sobre demolici¨®n de la nave de material de construcci¨®n La Juanita edificada en los tiempos de Gil en una parcela junto al cementerio y sobre la que pesa una sentencia firme. ?sta es una de las siete sentencias que la Junta pidi¨® que se ejecutaran al Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) el pasado noviembre. A comienzos de enero, el tribunal inst¨® a la gestora que se posicionara sobre el derribo de tres conjuntos residenciales habitados. En esta ocasi¨®n los t¨¦cnicos de Urbanismo pidieron al TSJA que aplazara la ejecuci¨®n hasta que se apruebe el nuevo Plan General.
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