El Gobierno avalar¨¢ alquileres para evitar abusos de los propietarios

El miedo de los propietarios al impago del alquiler de sus viviendas les ha llevado a imponer condiciones excesivas a los inquilinos. La m¨¢s dura: exigir avales bancarios equivalentes al coste de seis meses de arrendamiento.

En el caso de un piso cuyo alquiler mensual sea de 800 euros -el precio medio en Barcelona se sit¨²a en 876,3 euros, seg¨²n el informe de 2006 sobre el mercado inmobiliario en Catalu?a elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda-, el posible arrendatario deber¨¢ tener depositados 4.800 euros inmovilizados en una entidad financiera. Adem¨¢s de los 1.600 euros que el inquilino necesitar¨¢ para cubrir el equivalente a dos meses de fianza. La severidad de estas exigencias impide que personas con una baja capacidad adquisitiva puedan acceder a una vivienda.

Como record¨® ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, la soluci¨®n a este problema est¨¢ en el art¨ªculo 70 del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda (que el pr¨®ximo mi¨¦rcoles se someter¨¢ al debate parlamentario de admisi¨®n a tr¨¢mite): el Gobierno catal¨¢n intervedr¨¢ como avalista. En una charla organizada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos T¨¦cnicos de Barcelona, Baltasar asegur¨® que la medida entrar¨¢ en funcionamiento de forma "inminente". De hecho, hace unos a?os que ya existen las llamadas bolsas de mediaci¨®n entre propietarios y arrendatarios, que garantizan el pago del alquiler a los primeros -adem¨¢s del coste de los destrozos que puedan haber ocasionado los inquilinos- y un precio asequible a los segundos. Estas bolsas pueden pueden ser p¨²blicas o concertadas.

"P¨¢nico injustificado"

El p¨¢nico de los propietarios a dejar de cobrar sus rentas es "injustificado", en boca del propio consejero, pues seg¨²n los empresarios la tasa de impagos se mantiene entre el 1% y el 2% de los contratos tanto en Catalu?a como en el resto de Espa?a. Baltasar tild¨® de "muy preocupante" la exigencia de este tipo de avales, que todav¨ªa agravan m¨¢s el problema de acceso a la vivienda, cuando en otros Estados de la Uni¨®n Europea, como en Gran Breta?a, los propietarios tan s¨®lo piden un mes de fianza sin calibrar los ahorros del inquilino.

Baltasar aclar¨® que, en caso de que la vivienda arrendada sufriera alg¨²n da?o o la renta dejara de pagarse, el Ejecutivo de la Generalitat "se pondr¨ªa del lado del propietario".

Precisamente uno de los puntos m¨¢s novedosos que incorporaba el programa electoral de ICV-EUiA propon¨ªa destinar dos millones de euros a la creaci¨®n de un fondo de aval p¨²blico para estos casos.