El presidente del CGPJ no aclara qui¨¦n alter¨® la sala de Batasuna

El presidente del Poder Judicial, el conservador Francisco Hernando, neg¨® ayer que hubiera ordenado retrasar la notificaci¨®n al Gobierno de dos nombramientos, lo que provoc¨® la alteraci¨®n de la composici¨®n de la sala del Supremo que juzga a Batasuna, dando entrada a un magistrado conservador en lugar de a una progresista. Hernando, que no aclar¨® el incidente, descarg¨® las culpas en los t¨¦cnicos del Consejo y pidi¨® informe a su jefe.

Los vocales de la minor¨ªa progresista pidieron explicaciones a Hernando ayer sobre el retraso en el env¨ªo al Ejecutivo para su publicaci¨®n en el BOE de las designaciones de dos de los cuatro magistrados del Supremo nombrados por el CGPJ el 20 de abril de 2005, que provoc¨® que un magistrado propuesto por los conservadores, Antonio Salas, pasara a integrar la Sala Especial que ilegaliz¨® a Batasuna. Si las cuatro designaciones se hubieran mandado al mismo tiempo, ese puesto en la Sala del 61 lo hubiera ocupado la magistrada Encarnaci¨®n Roca, propuesta por los progresistas.

Hernando envi¨® ayer un informe al pleno en el que explica que, como criterio general, los nombramientos de magistrados del Supremo se debaten en el ¨®rgano de gobierno de los jueces conforme se producen las vacantes y que su toma de posesi¨®n se produce seg¨²n el orden de los reales decretos con los que el Gobierno oficializa sus designaciones. Lo que no aclar¨® el presidente en ese documento es por qu¨¦ el Consejo retras¨® el env¨ªo de dos de las designaciones del 20 de abril de 2005, como le ped¨ªa la minor¨ªa progresista.

Y no lo hizo porque, seg¨²n redacta en ese mismo escrito, eso es responsabilidad de los servicios administrativos del Consejo. "El presidente (...) carece de competencia alguna en la materia, teniendo su llevanza, por tanto, car¨¢cter administrativo o, si se quiere, burocr¨¢tico", afirma Hernando. "Las atribuciones para dicha llevanza corresponden, pues, con car¨¢cter exclusivo, a los ¨®rganos administrativos y t¨¦cnicos del Consejo", contin¨²a.

De acuerdo con ese criterio de que son los t¨¦cnicos y el personal administrativo del ¨®rgano y no el presidente quienes se encargan de notificar al Gobierno los nombramientos, Hernando concluye su documento solicitando un informe escrito a su m¨¢ximo responsable, el magistrado Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n, secretario general del Consejo, para que "d¨¦ cumplida satisfacci¨®n a cuantas explicaciones se exigen a esta presidencia", es decir, los criterios para determinar la antig¨¹edad de los magistrados que inciden en la composici¨®n de la sala que juzga a Batasuna.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas (propuesto por el PSOE), y los vocales progresistas F¨¦lix Pantoja, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo, Montserrat Comas, Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro y Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, formularon un escrito discrepante con el de Hernando en el que aseguraban que el del presidente no explicaba "qui¨¦n orden¨® que se remitieran en fechas separadas en el tiempo al BOE" los nombramientos acordados el mismo d¨ªa.

El pleno rechaz¨®, gracias al voto de los vocales propuestos por el PP, la petici¨®n de los progresistas de pedir al Gobierno la suspensi¨®n de la publicaci¨®n de los dos ¨²ltimos nombramientos de magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal, el magistrado progresista Luciano Varela y el fiscal conservador Manuel Marchena. El sector minoritario consideraba conveniente que esas designaciones se paralizaran en tanto no se les dieran las explicaciones que reclamaban.