Argentina prepara una ley de pesca que perjudica a las empresas espa?olas presentes en las Malvinas
La norma obligar¨¢ a elegir entre trabajar en el archipi¨¦lago brit¨¢nico o en las aguas argentinas
En la bah¨ªa de Stanley (Puerto Argentino en la denominaci¨®n argentina) cuatro grandes buques destinados a la pesca del calamar permanecen anclados, agitados por un tremendo viento. Desde una sala situada en un muelle flotante, John Burton, director de Pesca del Gobierno de las islas Malvinas, observa los barcos mientras calcula las consecuencias de una ley que est¨¢ preparando el Gobierno argentino. Esta norma puede suponer un incremento en la serie de desencuentros que desde hace dos a?os se producen entre la Administraci¨®n del presidente N¨¦stor Kirchner y los brit¨¢nicos respecto a las islas situadas en el Atl¨¢ntico Sur, reclamadas por Argentina.
Los derechos de pesca son desde 1987 la principal fuente de ingresos de las Malvinas y los directos responsables de su bienestar econ¨®mico. En sus aguas faenan sobre todo empresas espa?olas y asi¨¢ticas, pero las primeras son las m¨¢s numerosas, ya sea en solitario o formando empresas asociadas con habitantes de las Malvinas, tal y como fomenta la administraci¨®n local. Entre las compa?¨ªas espa?olas presentes en aguas del Atl¨¢ntico Sur figuran Pescanova, Pescapuerta, Pereira, Freiremar, H¨ªo Pesca, Manuel Nores y Chymar.
A falta de un tr¨¢mite en el Congreso argentino, que se producir¨¢ presumiblemente en abril -coincidiendo con el 25 aniversario de la entrada de las tropas argentinas en las islas ordenada por la antigua Junta Militar-, una nueva ley dispondr¨¢ que los barcos que faenen en aguas argentinas no podr¨¢n hacerlo en aguas de las Malvinas con licencias concedidas por gobiernos diferentes del argentino. El texto prev¨¦ importantes multas a quienes incumplan la disposici¨®n.
En la pr¨¢ctica, esto obligar¨¢ a varias compa?¨ªas presentes a la vez en Argentina y en las Malvinas a elegir entre los caladeros argentinos o los que se encuentran actualmente bajo administraci¨®n brit¨¢nica.
"Algunas empresas van a tener que tomar una decisi¨®n", reconoce el director de pesca del Gobierno de las Malvinas. "Pero creo que se trata de una ley que va a causar m¨¢s da?o en Argentina que aqu¨ª, porque al final de lo que se trata es que una ley argentina va a penalizar a empresas argentinas y adem¨¢s no va a ayudar a crear un buen ambiente para invertir all¨ª", a?ade.
Las empresas espa?olas han optado por el hermetismo, aunque durante estas semanas algunas han enviado representantes tanto a Buenos Aires como a Stanley/Puerto Argentino. En Buenos Aires, funcionarios del Gobierno Kirchner aseguran que "muchas compa?¨ªas" ya han anunciado p¨²blicamente su intenci¨®n de quedarse en Argentina.
M¨¢s all¨¢ de las declaraciones de los pol¨ªticos, la decisi¨®n que adopte la mayor¨ªa de las empresas espa?olas depender¨¢ directamente del volumen de negocio que posean en una u otra costa. Por ejemplo, Pescanova tiene mucha mayor presencia en Argentina que en las Malvinas, una situaci¨®n similar a la de la gallega Armadora Pereira.
La media de producci¨®n anual de las aguas que rodean las Malvinas es de unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% es calamar. En la zona tambi¨¦n faenan flotas procedentes de Corea del Sur, Taiwan y China. "La presencia m¨¢s constante es la espa?ola, que tiene una gran importancia en la industria pesquera de las Falklands" (denominaci¨®n br¨ªt¨¢nica de las Malvinas), apunta Burton. Hasta 2005 se produjo una paulatina aproximaci¨®n entre Argentina y Reino Unido sobre cuestiones t¨¦cnicas y de conservaci¨®n de los caladeros. Desde entonces se han suspendido las conversaciones que llevaba a cabo una comisi¨®n bilateral. El proyecto argentino tambi¨¦n es la respuesta a una ley aprobada por el Gobierno local de las Malvinas en 2005 -y denunciada ante Naciones Unidas por Buenos Aires- que permite la extensi¨®n de los derechos de pesca hasta 25 a?os, siempre que sean empresas en las que participen ciudadanos de las Malvinas. Hasta entonces los permisos se renovaban anualmente, pero la extensi¨®n de dicho periodo por parte del Gobierno de Malvinas es inaceptable a ojos argentinos que reclaman las islas y sus aguas desde que en 1833 fueran ocupadas por Reino Unido.
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