La decisi¨®n de Inmaculada

La muerte digna como uno de los derechos humanos, es decir, la idea de que el hombre teme sobre todo al dolor, m¨¢s que a la muerte. Es el caso de Inmaculada Echevarr¨ªa. Con distrofia muscular progresiva y conectada desde hace nueve a?os a un respirador, solicit¨® el pasado noviembre la retirada de dicho soporte vital. Ser¨¢ su muerte segura. El Comit¨¦ de ?tica de Andaluc¨ªa ha aceptado su petici¨®n, de acuerdo con la Ley de Autonom¨ªa del Paciente y con los criterios bio¨¦ticos sobre limitaci¨®n del esfuerzo terap¨¦utico.

El equipo m¨¦dico habitual del hospital granadino de San Rafael, su casa en los ¨²ltimos diez a?os, atender¨¢ los deseos de Inmaculada Echevarr¨ªa cuando decida el momento de ser desconectada. Todo se realizar¨¢ con la confidencialidad debida y el respeto a los derechos de la paciente, "tanto en sus aspectos t¨¦cnicos como humanos". Y tambi¨¦n ¨¦ticos, con atenci¨®n a exigencias de la moral. El hospital San Rafael es propiedad de la orden de San Juan de Dios. Uno de los 25 miembros del Comit¨¦ de ?tica que dio el visto bueno a la petici¨®n de la enferma es jesuita.

No opinan lo mismo los cardenales Antonio Ca?izares (Toledo) y Carlos Amigo (Sevilla), ni el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino. El primado de Toledo expres¨® su oposici¨®n relacionando el caso con la pr¨¢ctica de la eutanasia, ilegal en Espa?a. Dijo: "La eutanasia es siempre ileg¨ªtima y un atentado contra la dignidad y la vida humana. Desconectar a una persona de un aparato que entra dentro de las medidas normales es sencillamente que el hombre puede quitarse la vida".

Una "pena de muerte"

El cardenal Amigo lleg¨® incluso a hablar de la pena capital, al declararse "abiertamente en contra de todo tipo de pena de muerte, tanto la legal como la autoadministrada". Y el portavoz de los obispos, el jesuita Mart¨ªnez Camino, sostuvo que la vida humana "nunca puede ser eliminada ni por acci¨®n ni por omisi¨®n".

No todos los eclesi¨¢sticos comparten esas opiniones, muchos incluso las rebaten con energ¨ªa. Es el caso del te¨®logo jesuita Juan Mas¨ªa, uno de los m¨¢s prestigiosos especialistas en Bio¨¦tica, em¨¦rito profesor de ?tica en la Universidad Sophia (Tokio) y ex director de la C¨¢tedra de Bio¨¦tica de la Pontificia Comillas (Madrid). Ayer sostuvo que la petici¨®n de Inmaculada Echevarr¨ªa de que se le retire el respirador que la mantiene con vida, y la decisi¨®n de hacerlo, est¨¢n "totalmente de acuerdo con la m¨¢s tradicional moral cat¨®lica y con la ley de Autonom¨ªa del Paciente".

A?adi¨®: "Cuando un cardenal como Ca?izares confunde este tema con la eutanasia, un cardenal como Amigo lo confunde con la pena de muerte, y el portavoz de los obispos lo confunde con el homicidio por omisi¨®n, hay que decirles a los tres, con el respeto debido, que repasen su teolog¨ªa moral, quiz¨¢s un poco olvidada. Lo que mata es la enfermedad, no la retirada del soporte que prolonga artificialmente la agon¨ªa. Como escrib¨ªa Juan Pablo II, 'la vida del cuerpo en su condici¨®n terrena no es un valor absoluto' (enc¨ªclica Evangelium vitae, n. 47)".

La contundente opini¨®n de los prelados Ca?izares, Amigo y Mart¨ªnez Camino, miembros los tres del Comit¨¦ Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, contrasta incluso con documentos de ese organismo, redactados por sus antecesores a finales del siglo pasado. En ellos la Conferencia Episcopal acepta abiertamente "mecanismos" para evitar el llamado ensa?amiento terap¨¦utico en enfermos "irrecuperables".

La CEE lleg¨® a ofrecer en su p¨¢gina web una propuesta de testamento vital en la que los obispos facilitan el trabajo a las personas que quieran anticipar por escrito que, llegado el caso, no se les mantenga con vida por medio de "tratamientos desproporcionados"; que no se les aplique la eutanasia activa, ni que se les prolongue "irracionalmente el proceso de muerte", y que se les administren "tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos".

El primer documento episcopal sobre este tema data de septiembre de 1989, y el definitivo lleva fecha de enero de 2001, cuando la Conferencia Episcopal coloc¨® en lugar preferente de su p¨¢gina web un documento con el t¨ªtulo de Testamento vital, que desde 1993 manejaban fundamentalmente los capellanes cat¨®licos de hospitales.

Debidamente confeccionado, de forma que, si se fotocopiaba, pareciese un testamento de un folio, con firma, fecha y lugar en blanco para colocar el nombre de quien obtuviese de Internet el documento, el testamento vital de los obispos, tras el encabezamiento de: "A mi familia, a mi m¨¦dico, a mi sacerdote, a mi notario", dice en su primer p¨¢rrafo: "Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos m¨¦dicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaraci¨®n sea considerada como expresi¨®n formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento".

Despu¨¦s de unas consideraciones sobre la vida "en este mundo" -"un don y una bendici¨®n de Dios, pero no el valor supremo absoluto"-, y sobre el car¨¢cter "inevitable" de la muerte, el documento episcopal entra en materia con estas peticiones, como aut¨¦nticas voluntades anticipadas: "Pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situaci¨®n cr¨ªtica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos".

El documento vital propuesto por los obispos concluye: "Suscribo esta declaraci¨®n despu¨¦s de una madura reflexi¨®n. Y pido que los que teng¨¢is que cuidarme respet¨¦is mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y dif¨ªcil responsabilidad". Y fecha y firma.

Los obispos segu¨ªan la senda de la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente (DMD), que en 1987 impuls¨® el primer testamento vital con gran revuelo porque, entre sus propuestas, inclu¨ªa la de que se pudiera actuar penalmente, por un delito de coacciones, contra los m¨¦dicos que se empe?aran en prolongar la vida de un enfermo contra su voluntad, previamente manifestada.