Pesca propone ampliar la piscifactor¨ªa que Pol¨ªtica Territorial orden¨® demoler

La Conseller¨ªa de Pesca elabora actualmente un plan en el que se establecen los emplazamientos que cree id¨®neos para construir piscifactor¨ªas en los pr¨®ximos a?os. Entre esas ubicaciones, el borrador del documento incluye la ampliaci¨®n de la planta de Moug¨¢s, en el municipio de Oia, que la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial considera ilegal. Sobre esta instalaci¨®n gestionada por Pescanova pesa una orden de demolici¨®n desde 2005 y una juez ha imputado por su construcci¨®n a un directivo de la multinacional y a miembros del anterior gobierno de Oia.

La orden de derribo dictada por la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial y la investigaci¨®n del juzgado de Tui por presunta prevaricaci¨®n y delito urban¨ªstico no han conseguido parar la actividad y desarrollo de la piscifactor¨ªa que la empresa Insu¨ª?a, filial de Pescanova, tiene en Moug¨¢s. La ampliaci¨®n de esta planta en 88.000 metros cuadrados est¨¢ incluida en el borrador del plan acu¨ªcola que la Conseller¨ªa de Pesca ha presentado ya al sector. El departamento de Carmen Gallego alega que la granja forma parte de su proyecto porque no afecta a espacios naturales protegidos y que ser¨¢n las dem¨¢s conseller¨ªas las que le tendr¨¢n que poner posibles reparos cuando se tramite el documento.

La Direcci¨®n Xeral de Urbanismo del anterior Gobierno gallego declar¨® el 10 de febrero de 2005 - cuando Alberto N¨²?ez Feij¨®o era conselleiro de Pol¨ªtica Territorial - que la construcci¨®n de la piscifactor¨ªa de Moug¨¢s era "ilegalizable". Las obras, seg¨²n la orden dictada por el departamento de la Xunta, se ejecutaron "sin la preceptiva autorizaci¨®n auton¨®mica" y no se ajustaron a la licencia municipal de septiembre de 1999, ya que Pescanova triplic¨® la ocupaci¨®n m¨¢xima de la superficie y la edificabilidad permitida.

La orden de derribo de febrero de 2005 no se ha cumplido y en este tiempo el Juzgado n¨²mero 1 de Tui ha abierto una investigaci¨®n sobre el caso, tras una denuncia presentada por la Guardia Civil. La jueza ha imputado a concejales del anterior gobierno popular de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial acu¨ªcola de Pescanova. Pese a todas estas incidencias, el anterior Gobierno de la Xunta empez¨® a tramitar la ampliaci¨®n de la planta solicitada por Pescanova incluyendo el proyecto en su plan acu¨ªcola, aprobado en julio de 2005 cuando ya hab¨ªa perdido las elecciones.

Terrenos privados

El PP impuls¨® la ampliaci¨®n de la planta ilegal de Oia y el bipartito de PSOE y BNG ha continuado con el proyecto. Al tomar posesi¨®n, la Xunta presidida por Emilio P¨¦rez Touri?o anunci¨® que revisar¨ªa el plan acu¨ªcola del anterior gobierno porque algunas de las piscifactor¨ªas previstas invad¨ªan terrenos protegidos dentro de la Red Natura por su alto valor ecol¨®gico. Esta raz¨®n provoc¨® la pol¨¦mica paralizaci¨®n de la granja que Pescanova pretend¨ªa levantar en cabo Touri?¨¢n.

El bipartito par¨® todos los proyectos del plan de acuicultura del PP que invad¨ªan en gran medida zonas protegidas por la Red Natura y busc¨® localizaciones alternativas. El resto de actuaciones las dej¨® intactas, entre ellas la ampliaci¨®n de la granja marina de Moug¨¢s que la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial orden¨® demoler por ilegal. En el nuevo listado de 27 posibles ubicaciones que ha elaborado la Conseller¨ªa de Pesca se especifica que las nuevas instalaciones de Oia no invadir¨ªan terrenos de Red Natura ni h¨¢bitats prioritarios, pero se no hace referencia a la situaci¨®n de ilegalidad urban¨ªstica en la que est¨¢ el recinto ya construido.

"Los terrenos son privados y en una entrevista mantenida con el representante del concello han manifestado la buena disposici¨®n para la instalaci¨®n y esp¨ªritu de colaboraci¨®n", se puede leer en el documento de Pesca. Las fincas, prosigue el borrador del plan, est¨¢n calificadas como "suelo r¨²stico de proteccion de costas" y se precisa un permiso de la Pol¨ªtica Territorial para construir, una autorizaci¨®n que no se otorg¨® a las instalaciones ya edificadas en la zona. La portavoz de Pesca explica que ser¨¢n otras conseller¨ªas las que decidir¨¢n si este proyecto es medioambientalmente viable y si cumple la legalidad.