El jurista que se opuso a la retirada del respirador de Echevarr¨ªa cree que es delito

"El rechazo de un tratamiento, que no es ni curativo ni paliativo, sino que constituye el soporte t¨¦cnico absolutamente necesario para mantener la vida, puede considerarse como una forma de suicidio". ?ste es uno de los principales argumentos del voto particular presentado por un miembro del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa contra el dictamen a favor de la desconexi¨®n del respirador de Inmaculada Echevarr¨ªa.

El Consejo Consultivo, el ¨®rgano de asesor¨ªa legal del Gobierno andaluz, aprob¨® la pasada semana un informe en el que se considera que la petici¨®n de Echevarr¨ªa, que sufre distrofia muscular progresiva, "es ajustada a derecho". El dictamen recibi¨® el voto a favor de todos los miembros del Consultivo excepto uno, Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez Galiana, uno de los consejeros propuestos por el PP. En su voto particular, este jurista considera que Echevarr¨ªa no tiene derecho a que le retiren la ventilaci¨®n mec¨¢nica.

El jurista basa su dictamen en las mismas leyes que el resto de consejeros, pero la interpretaci¨®n que hace de ellas es la opuesta. En su opini¨®n, "no se podr¨ªa llegar a forzar el tenor [la literalidad] de la Ley de Autonom¨ªa del Paciente hasta el punto de justificar la ayuda m¨¦dica a una negativa a un tratamiento que va a conducir inexorablemente a la muerte". La autonom¨ªa del paciente "no es", seg¨²n S¨¢nchez Galiana, "una autonom¨ªa ilimitada".

"En el derecho fundamental de la vida no se puede incluir el derecho a prescindir de la misma", a?ade el jurista, quien entiende que la desconexi¨®n del respirador supone "un comportamiento activo" y los m¨¦dicos que lo hicieran podr¨ªan estar incurriendo "en una conducta delictiva", "un homicidio consentido del art¨ªculo 143.4 del C¨®digo Penal". S¨¢nchez Galiana considera incluso que de este delito podr¨ªa acusarse tambi¨¦n a "la Autoridad sanitaria" que "obligase o consintiese" la desconexi¨®n. Desde el momento en que la vida constituye "el derecho fundamental esencial", seg¨²n S¨¢nchez Galiana, "el Estado tiene la obligaci¨®n de protegerla".