Agentes forestales denunciar¨¢n a Aguirre por impedirles llevar delitos a la justicia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre (PP) calc¨® a finales de 2006 la iniciativa adoptada tres a?os antes por el Gobierno balear: prohibir a sus agentes forestales presentar directamente sus denuncias por delitos urban¨ªsticos ante la justicia (fiscales o jueces). UGT y CC OO denunciaron ayer que esta prohibici¨®n supone "intentar ocultar intereses espurios y posiblemente de connivencia con actuaciones urban¨ªsticas, tal como ocurri¨® con el Gobierno balear en Andratx". La Fiscal¨ªa General del Estado estudia una respuesta com¨²n a estos vetos.

El director general de Medio Natural de Madrid, Miguel Allu¨¦-Andrade, el 29 de noviembre de 2006, orden¨® que "hasta la entrada en vigor del protocolo de tramitaci¨®n de denuncias pendiente de elaborar, cualquier presunto il¨ªcito penal no podr¨¢ remitirse directamente por los agentes forestales, en nombre o como miembro del cuerpo de agentes forestales, a los juzgados o a la fiscal¨ªa, debiendo poner la denuncia en conocimiento de la jefatura del cuerpo, la cual actuar¨¢ conforme a la normativa y cauces vigentes establecidos al efecto".

Un portavoz de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente -cuyo director general de Urbanismo, Enrique Porto, dimiti¨® por favorecer presuntamente sus intereses, asunto que investiga Anticorrupci¨®n- justifica la orden. "Tal instrucci¨®n vino dada a sugerencia del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, que entend¨ªa que si denunciaban directamente los forestales se produc¨ªan dos efectos negativos: la consejer¨ªa no le enviaba toda la documentaci¨®n posible, porque desconoc¨ªa la denuncia, y se perd¨ªa la posibilidad de que la consejer¨ªa tramitara un expediente sancionador si el hecho no era delito, lo que daba impunidad al infractor. Por eso, hemos implantado que sea la direcci¨®n general de Disciplina Ambiental la que estime si la denuncia reviste indicios de delito o no y la tramite como corresponda, falta o delito. Los agentes, en general, est¨¢n de acuerdo, salvo CC OO".

Valerio matiza su postura: "Se est¨¢ pendiente de un protocolo de actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa y la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, con relaci¨®n a la emisi¨®n y admisi¨®n de denuncias. El borrador de protocolo se est¨¢ haciendo por consenso. Hay que llegar a un procedimiento de formalizaci¨®n de estas cuestiones. Es obvio que las denuncias no pueden depender de una direcci¨®n pol¨ªtica, pero s¨ª es cierto que hay que profesionalizar y dar contexto jur¨ªdico a la emisi¨®n de esas denuncias. Los forestales realizan el 90% de las denuncias de viviendas ilegales. Pero hay que optimizarlo y hay que reglamentarlo".

La Fiscal¨ªa General del Estado, seg¨²n fuentes de dicha instituci¨®n, ante la proliferaci¨®n de estos vetos a los forestales estudia una respuesta global para este fen¨®meno, que, al menos, se da ya en Baleares y Madrid.

El problema subyacente es si con estos filtros implantados por dichos Gobiernos regionales del PP las denuncias urban¨ªsticas de los forestales ganan en rigor o, por el contrario, se entierran o atascan por intereses pol¨ªticos durante meses y s¨®lo afloran por la presi¨®n de sindicatos o fiscales, como en el caso Andratx, donde han reflotado con tal vigor que integran el sumario en curso.

Los sindicatos de forestales madrile?os (CC OO, UGT y SAFTAM) destacan el hecho de que desde que rige dicha orden no se les ha pedido ratificar ninguna de sus denuncias urban¨ªsticas, de lo que se deducen que no se ha tramitado ninguna a la justicia. Todos ven ilegal este veto, y anuncian medidas jur¨ªdicas."A pesar de las trabas que la Administraci¨®n auton¨®mica [de Madrid] pone al trabajo de los agentes forestales, ¨¦stos no han dejado por un momento de ejercer sus funciones policiales, siendo en la actualidad los autores del 70% de las denuncias que se hacen. ?ste es un dato m¨¢s para entender el malestar generado por las denuncias de los agentes forestales, pues del diligenciamiento judicial de estos delitos urban¨ªsticos salen a relucir con relativa frecuencia el nombre de alcaldes y secretarios municipales que son llamados a declarar en condici¨®n de imputados", reza un informe de CC OO.

Su escrito concluye con una grave acusaci¨®n para el Gobierno de Aguirre: "La implicaci¨®n de personalidades de la vida p¨²blica ha llevado a que dichos delitos fueran silenciados y no trasladados a la administraci¨®n judicial (...). Ante esta situaci¨®n, los agentes forestales decidieron hacer uso del derecho reconocido en las leyes a denunciar por s¨ª mismos los delitos ante los juzgados, con el resultado de que hechos silenciados por la Comunidad de Madrid (rara vez los transmit¨ªa a los juzgados) eran ahora duramente castigados por los jueces como delitos contra el medio ambiente".

El informe da cinco ejemplos de sentencias condenatorias por sus denuncias y otros tres de sentencias absolutorias.