La fiscal¨ªa de Madrid recurre el archivo de la Operaci¨®n Puerto

La fiscal¨ªa de Madrid present¨® ayer recurso de apelaci¨®n contra el archivo de la Operaci¨®n Puerto decidido por el juez Antonio Serrano el pasado jueves. Sostiene el fiscal que, en contra de lo que mantiene el juez, se ha dado "infracci¨®n criminal por parte de los imputados", ya que "la sangre extra¨ªda, almacenada y objeto de futuras transfusiones es medicamento". Asimismo recuerda el fiscal que el juez ha archivado pese a darse una "insuficiencia de diligencias practicadas para su esclarecimiento". Por ello solicita que se dicte otro auto "ordenando seguir las diligencias previas".

El fiscal recuerda que no ha habido cotejo de ADN y que no se han analizado los ordenadores

Dado que, a su juicio, los hechos imputados a los implicados no constitu¨ªan delito contra la salud p¨²blica, y que en todo caso constitu¨ªan actuaciones de dopaje, no penalizado en el momento de las detenciones y la desarticulaci¨®n de la trama, el juez del 31 de la plaza de Castilla decidi¨® el pasado jueves, 8 de marzo, casi diez meses despu¨¦s de desencadenarse la operaci¨®n, archivar el procedimiento.

Esta resoluci¨®n caus¨® sorpresa, estupor y malestar en numerosos ¨¢mbitos espa?oles y mundiales, como el Consejo Superior de Deportes (CSD), los investigadores que destaparon la trama, la Uni¨®n Ciclista Internacional (UCI), el ministerio franc¨¦s de Deportes y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), algunos de ellos constituidos como parte civil en el caso.

Todos estos organismos esperaban que la fiscal¨ªa recurriera el auto de archivo, recurso que se present¨® ayer, ¨²ltimo d¨ªa de plazo, ante el propio juzgado 31. En su recurso, el fiscal da la vuelta a algunos de los argumentos del juez, a la vez que le recuerda que en cierta manera se ha cerrado un caso en mitad de una investigaci¨®n, ya que algunas diligencias autorizadas por el juez no se hab¨ªan terminado de practicar, como las declaraciones de los ciclistas presuntamente implicados y el posible cotejo de su ADN con el de las bolsas para determinar su pertenencia.

El punto principal del recurso fiscal, que insiste en que los "hechos revisten car¨¢cter de infracci¨®n criminal", se centra en que a su entender la sangre y el plasma hallados en las bolsas -cerca de 200, la mayor¨ªa consistentes en concentrado de gl¨®bulos rojos congelados- deben ser considerados medicamento, y que su manipulaci¨®n por parte de los imputados incumple las exigencias t¨¦cnicas relativas a su conservaci¨®n. Cita en su apoyo el fiscal una sentencia de 1991 del Tribunal Supremo relativa al despacho de sangre no depurada y en la que se?ala que "medicamento es todo producto que se aplique para la medicina en su sentido m¨¢s amplio".

El destino de la sangre de la Operaci¨®n Puerto era su posterior transfusi¨®n a los mismos deportistas que la hab¨ªan donado para aumentar su n¨²mero de gl¨®bulos rojos en competici¨®n, con lo que mejorar¨ªan el aporte de ox¨ªgeno a los m¨²sculos y su resistencia.

El segundo motivo del recurso es la falta de "diligencias esenciales" seg¨²n el fiscal. As¨ª, mientras el juez despacha contundentemente en su auto la necesidad de que declaren como testigos todos los ciclistas citados -no es necesario: si alguno hubiera tenido alg¨²n problema de salud ya lo habr¨ªa denunciado, piensa el juez-, el fiscal considera que la toma de muestras para su cotejo con las halladas y determinar su pertenencia es una "diligencia esencial" que no se ha practicado.

Tambi¨¦n reprocha el fiscal la estrechez de los an¨¢lisis de la sangre encomendados a diferentes laboratorios, "pericia que hay que ampliar", as¨ª como explicar la "nocividad" para la salud de los deportistas de las altas tasas de hematocrito que induce la autotransfusi¨®n en organismos sanos. Y, adem¨¢s, explica, a¨²n no se cuenta con el informe pericial solicitado al Centro de Transfusiones de Madrid para que determinara las condiciones en que deben practicarse las transfusiones sangu¨ªneas. Y por ¨²ltimo recuerda que ya en junio se practic¨® el volcado inform¨¢tico de los ordenadores intervenidos en los registros, pero que, pese a su insistencia, a¨²n no hab¨ªa autorizado el juez "el an¨¢lisis y el estudio de su contenido".