Tampoco en la justicia

Hac¨ªa tiempo que el inter¨¦s de los ciudadanos no asomaba la cabeza en el debate sobre la justicia, enredados como est¨¢n el PP y el PSOE en una dura pugna por mantener o ampliar su control sobre las instituciones -el Consejo General del Poder Judicial en primera l¨ªnea-, as¨ª como en un enfrentamiento total sobre la pol¨ªtica antiterrorista que no deja de influir en la actuaci¨®n de los tribunales. Un episodio nada inocente en esta pugna es la maniobra atribuida al ya cesado y en funciones presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Judicial, Francisco Jos¨¦ Hernando, para alterar en un sentido conservador la composici¨®n de la Sala Especial del Supremo encargada de aplicar la Ley de Partidos Pol¨ªticos. Al ministro de Justicia el hecho le ha causado "hond¨ªsima preocupaci¨®n", pero habr¨ªa que investigar lo sucedido y exigir explicaciones, si no responsabilidades.

En su primera comparecencia ayer ante la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, Fern¨¢ndez Bermejo no ocult¨® al menos que su objetivo pol¨ªtico ser¨¢ agilizar los mecanismos para que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial r¨¢pida y adecuada a sus demandas y contribuir al sosiego de los tribunales para que desaparezca la imagen politizada que se tiene de ellos. Vistos los antecedentes sobre la forma en que el PP acogi¨® su nombramiento, nada de lo que dijo el ministro satisfizo al portavoz popular en la Comisi¨®n. Y no s¨®lo respecto de las ¨®rdenes cursadas a la Abogac¨ªa del Estado para extremar la vigilancia sobre la posible presentaci¨®n de suced¨¢neos de Batasuna en las elecciones municipales.

Por m¨¢s rotos que est¨¦n los puentes entre el Gobierno y el PP, tambi¨¦n en el ¨¢mbito de la justicia, los ciudadanos no pueden ser los paganos de la situaci¨®n. El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, tiene derecho a no considerar a Bermejo "la persona adecuada para ser ministro de Justicia", pero no a amenazar con una pol¨ªtica de tierra quemada en el terreno legislativo -anular todas las leyes aprobadas en el Parlamento sin el apoyo del PP- desde "el minuto siguiente" de que su partido volviera al Gobierno.

El desencuentro entre el PSOE y el PP no puede estar por encima de su compromiso legal e institucional por el buen funcionamiento de la justicia. Y en ese compromiso ocupa un primer¨ªsimo lugar la urgente renovaci¨®n del actual Consejo del Poder Judicial. Puesto que la situaci¨®n favorece objetivamente al PP, este partido podr¨ªa tener la tentaci¨®n de no hacer nada para cambiarla incluso hasta las pr¨®ximas elecciones. Y ello con la esperanza, en caso de ganarlas, de pasar sin soluci¨®n de continuidad de un Consejo elegido en 2001 con mayor¨ªa conservadora a otro de igual signo. Claro que eso tendr¨ªa un nombre: fraude institucional.