El Congreso sanciona la ley que reforma el Constitucional y el PP anuncia recurso
La norma da entrada a las autonom¨ªas en el alto tribunal y restringe los recursos de amparo
Sin consenso entre los dos partidos mayoritarios fue aprobada ayer en el Congreso la reforma de una de las leyes "troncales" del ordenamiento jur¨ªdico, como la definieron varios diputados: la del Tribunal Constitucional. Todos los grupos, salvo PP, PNV y Mixto, apoyaron una norma que pretende paliar el "colapso" del tribunal -limitando los recursos de amparo- y que, por primera vez, da entrada a las autonom¨ªas en su composici¨®n. El popular Ignacio Astarloa anunci¨® que recurrir¨¢ por inconstitucional este art¨ªculo de la ley, y Ram¨®n J¨¢uregui (PSOE) acus¨® al PP de no querer entenderse con nadie.
"Esta ley ha sido una batalla librada entre los dos grandes partidos". La descripci¨®n la hizo Aitor Esteban, diputado del PNV, y, a juzgar por la sesi¨®n plenaria celebrada ayer en el Congreso, la batalla es campal y la paz queda lejos. El texto -que ahora pasar¨¢ al Senado- recibi¨® los votos favorables de PSOE, IU-ICV, ERC, CiU y Coalici¨®n Canaria; en contra votaron el PP, el PNV y el Grupo Mixto, aunque por razones bien distintas. Los populares la consideran desmembradora y oportunista; el Grupo Vasco y el Mixto pidieron en vano el blindaje de las leyes forales o auton¨®micas, que ahora "pueden ser suspendidas cautelarmente cada vez que el Gobierno las recurre".
El Constitucional acumula 12.000 recursos de amparo -los que presentan quienes creen que una resoluci¨®n judicial o administrativa ha vulnerado sus derechos fundamentales- pendientes de resoluci¨®n. Y en ese "colapso" -en el diagn¨®stico est¨¢n de acuerdo todos los grupos- est¨¢ el origen de la reforma. C¨®mo ponerle remedio es otra cuesti¨®n.
El texto aprobado ayer establece que el alto tribunal s¨®lo admitir¨¢ los recursos que tengan "especial trascendencia constitucional"; el resto ser¨¢ resuelto por el poder judicial "ordinario", que culmina en el Tribunal Supremo. Y, adem¨¢s, los que vea el Constitucional podr¨¢n estudiarlos las secciones, no s¨®lo las salas.
"Eso abre la posibilidad de que se creen 17 sistemas distintos de protecci¨®n de derechos fundamentales. Es un retroceso en el sistema de garant¨ªas", argument¨® el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, que reclam¨® una normativa paralela para fijar c¨®mo resolver¨¢n los recursos los juzgados ordinarios. Su exposici¨®n fue tildada de "melodram¨¢tica" por el socialista Ram¨®n J¨¢uregui, que a rengl¨®n seguido explic¨®: "Hab¨ªa una petici¨®n angustiosa por parte del tribunal, hab¨ªa que hacer frente a la situaci¨®n [de colapso]".
Reivindicaci¨®n nacionalista
Pero el art¨ªculo m¨¢s novedoso es otro, el 16, que por primera vez da entrada a las comunidades en la composici¨®n del Constitucional. De los 12 magistrados que integran el tribunal, cuatro son designados por el Senado, y la nueva ley establece que ser¨¢n elegidos entre los que propongan las 17 comunidades aut¨®nomas. "Eso es inconstitucional", dijo Astarloa sin explicar por qu¨¦, "y lo vamos a recurrir". "Se cede a una vieja reivindicaci¨®n nacionalista. D¨ªganme, ?qu¨¦ comunidades primar¨¢n sobre las dem¨¢s [para pasar de 17 propuestas a cuatro magistrados]? Porque Catalu?a ya est¨¢ reclamando su cuota", advirti¨® el popular.
La novedad, en efecto, fue aplaudida por los grupos nacionalistas catalanes. Jordi Jan¨¦, de CiU, la calific¨® de "muy positiva aunque insuficiente", y Agust¨ª Cerd¨¤, portavoz de ERC, subray¨® que la composici¨®n del Constitucional es "clave" para su grupo porque se trata del tribunal que dirime "los conflictos territoriales y de interpretaci¨®n de la Constituci¨®n". J¨¢uregui, no obstante, se neg¨® a calificar el art¨ªculo de victoria nacionalista: "Se aplica a todas las autonom¨ªas", subray¨®. Para Gaspar Llamazares (IU-ICV), la ley "avanza en el equilibrio entre Administraciones".
Las 40 enmiendas presentadas por el PP fueron rechazadas, incluida la principal, que ped¨ªa la recuperaci¨®n del "recurso previo" para poder suspender cautelarmente las leyes que se encuentren recurridas ante el Constitucional. "La experiencia de esta legislatura, lo ocurrido con los Estatutos, demuestra que ese recurso previo es necesario", dijo Astarloa. "Ese mecanismo se suprimi¨® en 1985 porque judicializaba la pol¨ªtica: las minor¨ªas lo usaban para bloquear la acci¨®n de Gobierno", le respondi¨® Ram¨®n J¨¢uregui.
"Cacicada legislativa"
Debate aparte mereci¨® ayer la enmienda pactada por todos los grupos -salvo PP y PNV- hace diez d¨ªas e introducida in extremis en la nueva Ley del Tribunal Constitucional, para indignaci¨®n de los populares. Se trata de la modificaci¨®n del art¨ªculo 16, que a partir de ahora establece lo siguiente: cuando el fin del mandato de la presidenta no coincida con la renovaci¨®n parcial del tribunal -que se hace cada tres a?os-, el mandato quedar¨¢ autom¨¢ticamente prorrogado.
Una "cacicada legislativa", un "esc¨¢ndalo", una "manipulaci¨®n oportunista" y la prueba palpable de que el nuevo ministro, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, pretende "instrumentalizar la justicia" y abortar los consensos entre PP y PSOE, afirm¨® con enfado el popular Ignacio Astarloa. "Una sorpresa de ¨²ltima hora con la que pretenden blindar sine d¨ªe a la actual presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas, aliada segura para evitar que prosperen los diversos recursos interpuestos en esta legislatura", denunci¨® el diputado, que ha rebautizado la norma como Ley Casas.
"Eso es una injuria. La pr¨®rroga del mandato es algo que se ha hecho siempre en la pr¨¢ctica, s¨®lo lo elevamos a rango de ley", se defendi¨® el socialista Ram¨®n J¨¢uregui, que a?adi¨®: "?Consensos? Cuando dos quieren, se entienden. El PP no quiere entenderse".
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