El Gobierno aprueba el proyecto que regula el derecho de asociaci¨®n en la Guardia Civil

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy los proyectos de Ley de Derechos y Deberes y de R¨¦gimen Disciplinario de la Guardia Civil. El primero regula por vez primera el derecho de asociaci¨®n en este instituto armado de naturaleza militar, mientras que el segundo suprime los arrestos y la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal Militar a los agentes cuando cumplan funciones de car¨¢cter policial. Con estas medidas, el PSOE da por cumplidas las reformas de la Guardia Civil prometidas en su programa electoral y pretende sellar la paz con las asociaciones de guardias civiles.

El programa electoral del PSOE no inclu¨ªa la desmilitarizaci¨®n de la Guardia Civil, que fue defendida por algunos de sus miembros cuando estaba en la oposici¨®n, pero s¨ª dos medidas encaminadas a civilizar su funcionamiento: la reforma del r¨¦gimen disciplinario, para suprimir las sanciones de arresto, y la regulaci¨®n del derecho de asociaci¨®n de sus miembros.

A ambas promesas intentar¨¢ responder hoy el Gobierno cuando queda apenas un a?o de legislatura y tras varios meses de tensi¨®n entre los dirigentes socialistas y la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC), arrapada por los sindicatos policiales y de clase.

El Estatuto de Derechos y Deberes regula el derecho de asociaci¨®n de los miembros del instituto armado y su participaci¨®n en los asuntos profesionales a trav¨¦s del denominado Consejo de la Guardia Civil.

Este organismo colegiado de nuevo cu?o, en el que se sentar¨¢n representantes de los ministerios implicados y de las asociaciones, vendr¨¢ a sustituir al Consejo Asesor del director de la Guardia Civil, que cay¨® en la inoperancia tras el boicoteo de la AUGC y la m¨ªnima participaci¨®n de los agentes en sus elecciones internas.

Hace a?os que la AUGC -a la que pertenecen 25.000 de los alrededor de 75.000 guardias- y las asociaciones minoritarias de la Guardia Civil son legales, pues as¨ª lo ordenaron los tribunales, con la oposici¨®n muchas veces de los gobiernos de turno, pero la falta de un marco legislativo en el que desarrollar sus actividades y de un cauce de participaci¨®n las situaban en un limbo legal.

Con esta situaci¨®n pretende acabar el Estatuto de Derechos y Deberes de los agentes, partiendo de la base de que la Guardia Civil seguir¨¢ siendo un instituto armado de naturaleza militar y de que, por tanto, los agentes seguir¨¢n privados de los derechos de huelga o sindicaci¨®n, seg¨²n el mandato constitucional.

Por su parte, el nuevo r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil elimina las sanciones de privaci¨®n de libertad y la sujeci¨®n de los agentes al C¨®digo Penal Militar, excepto cuando cumplan misiones de car¨¢cter militar. En adelante, las faltas cometidas por los agentes en el desempe?o de sus funciones habituales ser¨¢n castigadas con sanciones tales como p¨¦rdida de emolumentos o suspensi¨®n de empleo, igual que en el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa.

El retraso en estas dos reformas estuvo en el origen de la manifestaci¨®n que 3.000 guardias de uniforme protagonizaron en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero y que dio lugar a la apertura de una veintena de expedientes disciplinarios a los principales dirigentes de la AUGC, empezando por su secretario general Joan Miquel Perpiny¨¢.

Parad¨®jicamente, la apertura de los expedientes disciplinarios sirvi¨® de acicate para las negociaciones entre la AUGC y el Grupo Parlamentario Socialista que, tras varios meses de estancamiento, se reanudaron el pasado 9 de marzo.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron que ¨¦stas concluyeron con un acuerdo, que deber¨¢ plasmarse en los dos textos que hoy apruebe el Consejo de Ministros. La AUGC no quiso realizar ayer ninguna valoraci¨®n, a la espera de conocer los proyectos de ley aprobados por el Gobierno y comprobar si reflejan los acuerdos alcanzados con el PSOE.

A diferencia de la ley disciplinaria, que se remiti¨® para informe previo al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal, el Estatuto de Derechos y Deberes se remitir¨¢ directamente al Congreso, por lo que su contenido no ha trascendido. Fuentes pr¨®ximas a la AUGC conocedoras del primer borrador lo calificaron de "inaceptable" y expresaron su confianza en que haya sido profundamente revisado, La tramitaci¨®n parlamentaria permitir¨¢, en todo caso, nuevas modificaciones.

Por su parte, la ley disciplinaria tuvo que sortear la oposici¨®n del Consejo General del Poder Judicial, cuyo sector conservador cuestion¨® la constitucionalidad de sustraer del ¨¢mbito de aplicaci¨®n del C¨®digo Penal Militar a un instituto de naturaleza militar. El Consejo Fiscal, por el contrario, pidi¨® que la revisi¨®n de las sanciones correspondiera a la justicia ordinaria y no a la militar.