Derechos civiles

Con la aprobaci¨®n de los proyectos de ley de Derechos y Deberes y de R¨¦gimen Disciplinario de la Guardia Civil, el Gobierno ha cumplido dos de sus compromisos electorales: la supresi¨®n de la sanci¨®n disciplinaria de arresto, salvo cuando los agentes cumplan misiones de car¨¢cter militar, y el reconocimiento del derecho de asociaci¨®n de los miembros del instituto armado. Con estas dos leyes se moderniza el r¨¦gimen interno del cuerpo, pero no pierde su car¨¢cter militar. Aunque la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil abogue por la desmilitarizaci¨®n y alg¨²n dirigente socialista la defendiera desde la oposici¨®n, ¨¦sta no ha figurado nunca en el programa electoral del PSOE, que es su contrato con los ciudadanos.

Varias razones aconsejan mantener el car¨¢cter militar de la Guardia Civil. La primera es que, si lo perdiera, probablemente acabara por desaparecer, pues ser¨ªa dif¨ªcil justificar la pervivencia de dos cuerpos policiales dependientes de la Administraci¨®n central del Estado con caracter¨ªsticas id¨¦nticas. En su origen, su naturaleza militar garantizaba la disciplina de un cuerpo disperso por toda la geograf¨ªa, con infinidad de puestos tan precarios como aislados. Con los medios de comunicaci¨®n actuales, esta necesidad ya no existe, pero han surgido otras, como la de contar con un instrumento, a mitad de camino entre Ej¨¦rcito y polic¨ªa, capaz de actuar en pa¨ªses que han superado conflictos armados pero a¨²n no han consolidado la paz. La ex Yugoslavia es el ejemplo. El nuevo r¨¦gimen disciplinario mantiene la vigencia del C¨®digo Penal Militar para las misiones castrenses, mientras que la suprime para las de car¨¢cter policial, que constituyen el 90% de las que desarrolla la Guardia Civil. La imposici¨®n de penas privativas de libertad por faltas de puntualidad o r¨¦plicas desatentas a los superiores no s¨®lo era anacr¨®nica, sino contraria a la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, seg¨²n una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

El ¨²nico reparo que se puede poner a esta reforma es que se apruebe menos de dos meses despu¨¦s de la manifestaci¨®n que 3.000 guardias civiles de uniforme protagonizaron el pasado 20 de enero en Madrid. El Gobierno estaba obligado a abrir expedientes disciplinarios a los organizadores de aquella protesta, pero no puede eludir su propia responsabilidad. La reforma de la Guardia Civil se ha dejado tan para ¨²ltima hora que ya s¨®lo quedan unos meses de actividad parlamentaria, hasta el punto de que cualquier demora en su tramitaci¨®n podr¨ªa frustrar la entrada en vigor de los dos textos que ayer echaron a andar.