Las grandes ciudades retrasan la creaci¨®n de los consejos ciudadanos

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, acaba de abrir a los ciudadanos la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, un foro para recibir sus aportaciones. La medida, positiva en su planteamiento, llega con retraso. En diciembre de 2003 el Gobierno aprob¨® una ley para modernizar el Gobierno local que prev¨¦ nuevos ¨®rganos de participaci¨®n vecinal, como el Consejo Social de la Ciudad. Ninguna de las tres capitales valencianas lo ha creado, mientras que Elche se adelant¨® a las previsiones de la ley. Las asociaciones vecinales piden mayor presencia en la gesti¨®n municipal.

"La relaci¨®n se mantiene en el d¨ªa a d¨ªa. La norma ahora es que el tel¨¦fono suena y se habla", afirma el concejal Ram¨®n Sanchis

"En Alicante hay ahora m¨¢s movimiento vecinal del que ha habido nunca, pero no tiene su reflejo en la participaci¨®n en el gobierno de la ciudad". La concejal socialista Pilar P¨¦rez Cuenca lamenta la "mala aplicaci¨®n" de la ley aprobada en 2003 y cuya entrada en vigor deber¨ªa haberse concretado en los seis meses siguientes. La ley recoge la creaci¨®n del Consejo Social de la Ciudad, un foro "integrado por representantes de las organizaciones econ¨®micas, sociales, profesionales y de vecinos m¨¢s representativas" que no se ha creado. Ni en Alicante, ni en Valencia, ni en Castell¨®n. Otros foros abiertos a la opini¨®n de los ciudadanos han corrido otra suerte. Las juntas de distrito, ya existentes, modificaron su composici¨®n dando entrada a concejales de los distintos partidos y ampliaron te¨®ricamente sus competencias con la idea de descentralizar un poco los ayuntamientos.

Las juntas existen, aunque no faltan voces cr¨ªticas. "En estos momentos, la junta de distrito no funciona", asegura Pilar P¨¦rez, presidenta de la Asociaci¨®n Franciscanos-Oliveretes, que forma parte de la Junta de distrito 1 de Alicante en la que est¨¢n presentes 11 asociaciones. P¨¦rez explica que las juntas deber¨ªan ser miniayuntamientos, pero "no hay participaci¨®n real de los ciudadanos". Juan Jos¨¦ Bernabeu, presidente del Movimiento por Benal¨²a, asegura que las juntas de distrito "funcionan p¨¦simamente" y que los presupuestos participativos "se reparten como les da la gana". "La ciudadan¨ªa no es una palabra, es un ejercicio de deberes y derechos y para que los ciudadanos se vean implicados debe abr¨ªrseles cauces. Eso es obligaci¨®n de la Administraci¨®n", resalta P¨¦rez Cuenca.

El Ayuntamiento de Valencia tampoco ha creado el Consejo Social de la Ciudad previsto en la ley, ni la comisi¨®n especial de sugerencias y reclamaciones, en la que deben estar integrados todos los grupos. El desarrollo de la ley s¨®lo ha alcanzado a la Junta de Gobierno y el reglamento org¨¢nico del pleno, aprobado el pasado diciembre. La reforma avanza que existir¨¢n el consejo de participaci¨®n y la comisi¨®n de quejas, pero se da un plazo de un a?o para redactar un reglamento. El asunto ha quedado as¨ª aparcado para despu¨¦s de las elecciones. Seg¨²n explica el concejal de Descentralizaci¨®n y Participaci¨®n Ciudadana, Ram¨®n Isidro Sanchis, el Consejo Social de la Ciudad no se ha implantado "porque la relaci¨®n con el movimiento vecinal es permanente". "La relaci¨®n se mantiene en el d¨ªa a d¨ªa. La norma ahora es que el tel¨¦fono suena y se habla. Un consejo tal vez restar¨ªa fluidez a esa relaci¨®n", opina Sanchis. No obstante, el concejal no ve inconvenientes en crearlo, sobre todo si lo quieren los vecinos. Y as¨ª es. La presidenta de la federaci¨®n, Mar¨ªa Jos¨¦ Broseta, defiende el desarrollo de la ley, que permite regular la participaci¨®n m¨¢s all¨¢ de la voluntad de di¨¢logo de cada concejal¨ªa. Broseta reconoce la labor de intermediaci¨®n que ejerce Sanchis, pero aboga por que el contacto entre Ayuntamiento y vecinos tambi¨¦n est¨¦ reglado. "Ahora dependemos un poco de la buena voluntad de los concejales y necesitamos una participaci¨®n que tenga incidencia, por ejemplo, en los presupuestos participativos", afirma. Para el de este a?o ha habido reuniones con el gobierno local, pero no hay norma o reglamento que fije sus sugerencias.

Cada vez son m¨¢s las plataformas vecinales espec¨ªficas que acaban enfrentadas al Consistorio por problemas como la ubicaci¨®n de la cl¨ªnica Virgen del Consuelo, la subestaci¨®n de Patraix o la doble operaci¨®n urban¨ªstica de Barber¨¢ con el Valencia CF. Estas plataformas han hecho uso frecuente del derecho a expresar sus cr¨ªticas en el pleno, a raz¨®n de tres minutos por intervenci¨®n.

Es un derecho de la Carta de Participaci¨®n Ciudadana, de efectos limitados. Para lograr la convocatoria de un refer¨¦ndum sobre un asunto local, por ejemplo, se exige el acuerdo de la mayor¨ªa absoluta de las entidades de inter¨¦s ciudadano o el 5% del censo electoral. Adem¨¢s, hay un Consejo de Acci¨®n Social, que re¨²ne a entidades sociales, vecinos y sindicatos unas dos veces al a?o. Es un ¨®rgano consultivo en el que el PP marca la agenda, y a juicio de los socialistas, no facilita con tiempo la documentaci¨®n para que se elaboren enmiendas. Lo mismo ocurre en el Consejo Escolar. Y sobre el papel existe el consejo de Medio Ambiente, creado 1998, pero en este mandato no se ha reunido, denuncia el PSPV-PSOE.

En Castell¨®n, tampoco se ha aprobado el reglamento de participaci¨®n ciudadana. De momento, la Corporaci¨®n cuenta con borradores de otros ayuntamientos. Seg¨²n las previsiones, el pr¨®ximo pleno s¨ª aprobar¨¢ la creaci¨®n del Consejo Econ¨®mico y Social, al igual que hizo con los reglamentos de funcionamiento del pleno y de los patronatos de deporte y turismo, que ya est¨¢n adaptados a la ley de grandes ciudades. Pese a que Castell¨®n no cuenta con el preceptivo reglamento de participaci¨®n ciudadana, s¨ª ha puesto en marcha un h¨ªbrido para la elaboraci¨®n de los presupuestos. As¨ª, el equipo de gobierno del PP dej¨® una peque?a cantidad de las previsiones de inversiones para que fueran los vecinos los que determinaran su destino. Pero al carecer de reglamento, desembocaron en pol¨¦mica en la elecci¨®n de los representantes vecinales y el porcentaje de inversi¨®n que deb¨ªa decidir cada barrio.

En Elche, por el contrario, el Ayuntamiento no ha tenido que hacer grandes cambios con motivo de la ley de 2003. Es el caso del Consejo Social de la Ciudad. Adem¨¢s, ha creado la Comisi¨®n de Sugerencias y Reclamaciones prevista en la ley. Alejandro Soler, candidato socialista a la alcald¨ªa y concejal de Fomento, explica que en las partidas rurales (33) ya se han creado las juntas de participaci¨®n ciudadana y se compromete a desarrollar la ley en los barrios.

Informaci¨®n elaborada por Rosa Biot, Sara Velert, Mar¨ªa Fabra y Cristina Medina.