El ojo que casi todo lo ve

La plaza que George Orwell tiene dedicada en el Barri G¨°tic de Barcelona se ha convertido en paradigma de lo que el propio escritor y periodista brit¨¢nico denunci¨® en su archiconocida novela 1984: el riesgo de convertir el mundo en un lugar bajo la permanente mirada del Gran Hermano. Una c¨¢mara de videovigilancia peque?a, negra y abombada registra lo que ocurre en la plaza -paseos, besos y juegos, pero tambi¨¦n peleas y tirones de bolso- durante las 24 horas del d¨ªa.

Las im¨¢genes grabadas llegan hasta la sala de mando que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana comparten en Montju?c. All¨ª, varios agentes se encargan de observar las pantallas y, en caso necesario, env¨ªan una patrulla a la zona. La videoc¨¢mara de la plaza de George Orwell funciona desde 2001 y, en su d¨ªa, provoc¨® un gran revuelo. Hoy casi se ha fundido con el paisaje urbano. El Ayuntamiento de Barcelona obtuvo el permiso necesario para instalar la c¨¢mara tras demostrar que se trataba de una zona conflictiva, en la que se comet¨ªan numerosos delitos.

De hecho, el proceso es siempre el mismo en el caso de las videoc¨¢maras que las autoridades tienen en la calle por motivos de seguridad: la polic¨ªa local de un municipio -o la polic¨ªa auton¨®mica- tiene que solicitar una autorizaci¨®n al Departamento de Interior. Para ello debe redactar un escrito motivado; es decir, tiene que demostrar que existe un "riesgo razonable" para la seguridad p¨²blica, seg¨²n fija la Ley Org¨¢nica 4 / 1997, que regula la utilizaci¨®n de videoc¨¢maras.

Estudio "caso por caso"

Aun as¨ª, la Generalitat no decide. Es la Comisi¨®n de Control de los Dispositivos de Videovigilancia -¨®rgano independiente creado en 1999- la que emite informes preceptivos (o sea, de obligado cumplimiento) sobre todas las peticiones que llegan a Interior. "Estudiamos caso por caso para determinar qu¨¦ prevalece: si el derecho a la seguridad o el derecho a la intimidad y a la propia imagen", explica la presidenta de la Comisi¨®n, que lo es tambi¨¦n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Maria Eug¨¨nia Alegret.

En su ¨²ltima sesi¨®n, la Comisi¨®n dio el visto bueno, por vez primera, a la instalaci¨®n de c¨¢maras fijas en diversas urbanizaciones aisladas de Sitges (Garraf). El Ayuntamiento de esta localidad tur¨ªstica lo hab¨ªa solicitado como medida preventiva ante la alarma social creada por la ola de robos en casas de la zona. "Eso no quiere decir que ahora pueda haber c¨¢maras en todas las urbanizaciones. La videovigilancia es un recurso aislado, que no se puede generalizar", matiza Alegret.

En una l¨ªnea similar -buscar el equilibrio entre derechos que chocan irremediablemente- se expresa el secretario de Seguridad P¨²blica de la Generalitat, Joan Delort. "Hay que preservar los derechos fundamentales. Por eso, las c¨¢maras se instalan s¨®lo cuando hay una inseguridad real, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad". Delort dice que existen alrededor de 20 c¨¢maras de videovigilancia en toda Catalu?a destinadas a velar por la seguridad en las calles. Esta cantidad la considera moderada en contraste con el furor que despierta este sistema en otros pa¨ªses, como Reino Unido. Cuatro de esas c¨¢maras est¨¢n en el casco viejo de Barcelona, en la confluencia de la calle de Escudellers con La Rambla, la de Via Laietana con la calle de Princesa, la de la calle de Montcada con la de Princesa y la ya citada plaza de George Orwell.

El n¨²mero es en efecto reducido si se tiene en cuenta que las c¨¢maras destinadas al control del tr¨¢fico -que no requieren del benepl¨¢cito de la comisi¨®n- suman alrededor de medio millar. De ellas, 108 est¨¢n en Barcelona. Por otra parte, nadie sabe con precisi¨®n (aunque se intuye que son muchas) cu¨¢ntas c¨¢maras existen de uso estrictamente privado. M¨¢s a¨²n: los ciudadanos se han acostumbrado a la presencia de los ojos digitales gracias, en parte, a las c¨¢maras privadas que pueblan centros comerciales, estaciones del metro y hasta puestos de trabajo. As¨ª lo cree al menos la empresa del ramo ADT. El Puls¨®metro ADT de Seguridad se?ala que el 81,5% de los barceloneses cree que la instalaci¨®n de c¨¢maras aumenta la sensaci¨®n de seguridad, si bien es verdad que el 16,5% de los 200 encuestados considera que este sistema viola su intimidad, mientras que otro 5% opina que podr¨ªa ser utilizado con otros fines ajenos a la seguridad.

Dispositivos ilegales

"La imagen captada en el espacio p¨²blico no es indiscriminada, sino que se utiliza para un fin de seguridad concreto; de ah¨ª que prevalga el derecho a la seguridad", juzga Enric Enrich, presidente de la secci¨®n de propiedad intelectual y derechos de imagen del Colegio de Abogados de Barcelona.

Pese a las garant¨ªas que ofrece la normativa, en ocasiones se producen irregularidades. Antes de 1999, algunos municipios ya hab¨ªan instalado c¨¢maras para combatir alg¨²n problema reiterado de delincuencia. Sin embargo, se olvidaron de someter la instalaci¨®n al visto bueno de la Comisi¨®n de Videovigilancia, por lo que algunos de esos aparatos no est¨¢n declarados a¨²n hoy y funcionan sin autorizaci¨®n. En otros casos se produce un uso indebido. El Departamento de Interior est¨¢ investigando si el municipio de Matadepera utiliza c¨¢maras de tr¨¢fico con fines de seguridad ciudadana.