La Generalitat lleva 9 meses sin resolver los sobrecostes en VPO

El presidente de la Uni¨®n de Consumidores y Usuarios de Castell¨®n, Juan Carlos Insa, desvel¨® ayer que la Generalitat lleva nueve meses sin resolver el cobro de sobrecostes en la compra de viviendas de protecci¨®n oficial denunciado en la capital de La Plana el pasado mayo. Tanto Insa como el secretario del colectivo, Enric Pallar¨¦s, advirtieron que la falta de resoluci¨®n puede demorarse de tal forma que la denuncia acabe prescribiendo, ya que la norma otorga un plazo de tres a?os.

Un ciudadano medio "hipoteca su vida laboral" para pagar una vivienda

Despu¨¦s de nueve meses, la UCE, que representa a algunos de los vecinos afectados por el cobro de sobrecostes, ha presentado un nuevo escrito ante la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda en el que hace constar la finalizaci¨®n de los plazos previstos por la ley para que la empresa denunciada presente alegaciones. "A pesar del tiempo transcurrido (...) todav¨ªa no ha reca¨ªdo ninguna resoluci¨®n al respecto", indica el escrito.

La UCE anunci¨® en diciembre la existencia de varios casos en los que hab¨ªa detectado el cobro de elevadas cantidades sobre el precio de viviendas de protecci¨®n oficial que, en algunos casos, hicieron que el precio de las VPO se elevara hasta en un 40%. Los conceptos por los que la promotora les exig¨ªa a los nuevos propietarios el sobrecoste se centran en supuestas "mejoras" que, incluso, figuraban inicialmente en la memoria de calidades de los pisos. En cualquier caso, la promoci¨®n de viviendas denunciadas en primer lugar no fue la ¨²nica ya que al poco tiempo otro afectado denunci¨® la exigencia del pago de una segunda plaza de garaje, un porcentaje de un local com¨²n y otras mejoras que ascend¨ªan a un total de 40.000 euros, que hubo de sumar a los 110.000 euros, que era el precio en el que se tas¨® su vivienda.

Los representantes del colectivo pusieron ayer como ejemplo comparativo un caso concreto registrado y denunciado en Galicia donde la Xunta abri¨® una investigaci¨®n y, en nueve meses, sancion¨® a la promotora y la oblig¨® a devolver las cantidades de m¨¢s aportadas por los vecinos, a quienes tambi¨¦n exigieron un sobrecoste por supuestas mejoras.

La UCE realiz¨® tambi¨¦n ayer un estudio sobre la evoluci¨®n del precio de la vivienda en Castell¨®n en el que valorar¨® los tipos medios de los pr¨¦stamos hipotecarios, la duraci¨®n de las amortizaciones y los incrementos salariales, tomando el convenio del azulejo como el m¨¢s representativo para los trabajadores de Castell¨®n. Tal como se?al¨® Pallar¨¦s, de la comparativa de los datos se desprende que un ciudadano medio "hipoteca su vida laboral" cuando se enfrenta al pago de un pr¨¦stamo para la adquisici¨®n de una vivienda. De las variables analizadas concluye que, en 2006, para adquirir una vivienda de renta libre "cualquier ciudadano deb¨ªa tener, como m¨ªnimo, unos 50.000 euros ahorrados" para el pago de la entrada, as¨ª como unos ingresos netos familiares de 2.200 euros mensuales. Los datos indican adem¨¢s que, con un pr¨¦stamo a 26 a?os, la cuota a pagar mensualmente "supera por primera vez la cantidad correspondiente a un salario medio de la cer¨¢mica".