Un a?o de la operaci¨®n Karlos

Hace un a?o se puso al descubierto el caso karlos. La Guardia Civil desarticul¨® una organizaci¨®n que vend¨ªa informes m¨¦dicos falsos a beneficiarios que obten¨ªan pensiones de invalidez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros. Este fraude a la Seguridad Social, a¨²n sin cuantificar, se sald¨® con la imputaci¨®n de 39 personas. Actualmente la causa judicial sigue en fase de instrucci¨®n y no se espera que el juicio se celebre en 2007. Un a?o despu¨¦s de las primeras detenciones, los cabecillas de la trama est¨¢n en libertad provisional, se han anulado siete bajas de las investigadas en la operaci¨®n y, en cuesti¨®n de d¨ªas, el caso puede quedar sentenciado sin llegar a enjuiciarse. Un magistrado debe decidir si anula la totalidad de las escuchas telef¨®nicas que permitieron destapar la trama despu¨¦s de que se advirtiera que los pinchazos telef¨®nicos no fueron notificados al fiscal.

Tras 14 meses de instrucci¨®n, el fraude a la Seguridad Social sigue sin cuantificarse

A finales de febrero, el titular del juzgado de Instrucci¨®n 1 de C¨¢diz, Jorge Bartolom¨¦ Moreno, tras revisar las diligencias previas, dict¨® una providencia en la que hac¨ªa constar que la primera mitad del sumario -557 folios en los que se autorizaban las intervenciones de los tel¨¦fonos de los principales sospechosos- no se llegaron a notificar a todas las partes.

Alfredo Belloso, abogado del supuesto cabecilla del fraude, Carlos Carretero, ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique (C¨¢diz), espera ahora que el magistrado se pronuncie sobre el recurso que ya ha presentado. Su objetivo es conseguir la anulaci¨®n del total de las escuchas y, como consecuencia, el archivo de la causa.

?ste es el eje de trabajo de la defensa, que ya ha conseguido que se anulen las grabaciones telef¨®nicas de un total de seis jornadas, que adem¨¢s permitieron la excarcelaci¨®n el pasado verano del mencionado Carretero y de su mano derecha en la trama, Francisco Casto, un inspector m¨¦dico de la Unidad de Valoraci¨®n de Incapacidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS), encargado de supervisar las bajas que conced¨ªan m¨¦dicos de atenci¨®n primaria y especialistas.

A la espera de la decisi¨®n judicial, en poder del magistrado obran meses de grabaciones que recogen las principales pruebas inculpatorias contra los presuntos autores de la estafa.

Fue el seis de abril de 2006, cuando Vigilancia Aduanera detuvo a Carretero en el marco de la Operaci¨®n Halc¨®n, que destap¨® un fraude fiscal de 60 millones de euros basado en la venta de facturas falsas que compraban empresarios de la marroquiner¨ªa de la sierra de C¨¢diz para desgravar de manera irregular en sus declaraciones de IVA y de Impuesto de Sociedades. En el transcurso de estas investigaciones, los agentes se percataron de que algunos de los implicados disfrutaban de pensiones por invalidez que no les correspond¨ªan. Un d¨ªa m¨¢s tarde, el siete de abril, fue arrestado el doctor Casto y comenz¨® as¨ª un rosario de detenciones que llegaron a salpicar a la mujer del torero Jesul¨ªn de Ubrique, Mar¨ªa Jos¨¦ Campanario.

La esposa del diestro, tras doce horas de interrogatorios, evit¨® ingresar en prisi¨®n tras el pago de una fianza de 12.000 euros. Se le acusa de haber pagado a Carretero 24.000 euros con el fin de conseguir una baja fraudulenta para su madre, quien, a su vez, fue suplantada en la revisi¨®n m¨¦dica previa a la concesi¨®n de la pensi¨®n por la progenitora de la secretaria del cabecilla de la trama. As¨ª se recoge en el extenso sumario judicial en el que se mencionan hasta los pagos que iba haciendo Mar¨ªa Jos¨¦ Campanario a la organizaci¨®n.

Esta fue la detenci¨®n m¨¢s sonada y, seg¨²n la Guardia Civil, el caso "m¨¢s grave" de los que se han investigado.

Adem¨¢s de los presuntos cerebros del fraude y de la esposa de Jesul¨ªn de Ubrique, la operaci¨®n sirvi¨® para imputar tambi¨¦n a cinco facultativos, 17 beneficiarios de las pensiones y 13 colaboradores de los receptores de las bajas expedidas de manera ilegal.