Una acusaci¨®n pide la responsabilidad directa del Estado en el 11-M por graves fallos de prevenci¨®n

El abogado Gonzalo Boy¨¦, que representa a dos v¨ªctimas del 11-M, ha planteado ante el tribunal que juzga los atentados que el Estado sea condenado como responsable civil de la matanza por "su falta de vigilancia o culpa in vigilando", al haber sido "negligente, de diversas formas, en su funci¨®n de protecci¨®n de la ciudadan¨ªa". El letrado considera que el Estado fall¨® por "una err¨®nea direcci¨®n pol¨ªtica" en la "investigaci¨®n y prevenci¨®n de actos terroristas" y que, "tal vez, de haberse actuado correctamente, se hubiesen podido evitar" los atentados. Una eventual condena por esta v¨ªa supondr¨ªa un varapalo pol¨ªtico al Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ya que era el encargado antes y durante los atentados de esa prevenci¨®n. "La responsabilidad civil es clara; la pol¨ªtica o penal de los entonces responsables habr¨¢, en alg¨²n momento, de reclamarse", argumenta Gonzalo Boy¨¦.

La pretensi¨®n es que la condena se argumente en "la falta de vigilancia" del Estado por actuaci¨®n "negligente"

El letrado cree que, si logra su objetivo, deber¨ªa actuarse penal y pol¨ªticamente contra los gobernantes del PP

La asociaci¨®n de Pilar Manj¨®n se plantea la misma v¨ªa, mientras otras mantienen que la responsabilidad sea subsidiaria

Los letrados que representan a Pilar Manj¨®n y a la Asociaci¨®n 11-M Afectados de Terrorismo (la que m¨¢s damnificados representa en el juicio), entre otras acusaciones, se est¨¢n pensando si plantean la misma posibilidad. Mientras, la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo y la Asociaci¨®n de Ayuda a las V¨ªctimas del Terrorismo, a d¨ªa de hoy, mantienen la solicitud de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero no la directa, seg¨²n explicaron el mi¨¦rcoles pasado representantes de todas las acusaciones citadas.

Boy¨¦ plante¨® en su escrito de acusaci¨®n la responsabilidad directa del Estado. La culpa, a su juicio, se ha visto reforzada en las 24 sesiones de juicio. Cinco elementos apuntalar¨ªan la petici¨®n: la existencia de grupos extremistas islamistas en Espa?a que estaban siendo investigados antes de la matanza, algunos de cuyos elementos supuestamente acabaron participando en ella; la existencia de la trama de los explosivos, agujerada por dos confidentes e investigada sin resultados; el descontrol en la custodia de los explosivos en las minas; y la desatenci¨®n de los informes sobre el aumento de la amenaza islamista sobre Espa?a y la escasez de medios policiales.

"Interior fall¨®"

El letrado est¨¢ convencido, y as¨ª lo ha puesto por escrito, de que "el Ministerio del Interior fall¨® en sus funciones b¨¢sicas de coordinaci¨®n, direcci¨®n y gesti¨®n de los medios e informaciones de las que dispon¨ªa (...) s¨®lo despu¨¦s de los atentados es cuando se procede a coordinar toda esta informaci¨®n y es justamente por eso que se consiguen resultados positivos con tanta rapidez".

Las detenciones de Jamal Zougam, Emilio Su¨¢rez Trashorras y Raf¨¢ Zohuier en los siete d¨ªas posteriores a los atentados se vieron facilitadas, precisamente, porque se ten¨ªa informaci¨®n muy precisa sobre ella, aunque dispersa y descoordinada. La detenci¨®n de Zougam, identificado por cuatro pesonas en los trenes de la muerte y due?o del locutorio que vendi¨® las tarjetas telef¨®nicas de las bombas, centr¨® las pesquisas en el terrorismo islamista, precisamente porque hab¨ªa sido investigado con anterioridad por las autoridades francesas, marroqu¨ªes y espa?olas y se le ten¨ªa localizado por su supuesta relaci¨®n con el extremismo. Trashorras era confidente del polic¨ªa de Avil¨¦s Manuel Garc¨ªa, Manol¨®n, y estaba pendiente de juicio por tr¨¢fico de explosivos (por lo que ha sido recientemente condenado). Del asturiano se lleg¨® a Raf¨¢ Zohuier, que le hab¨ªa contado a su confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el ex minero y su ya ex cu?ado ofrec¨ªan, un a?o antes de la matanza, 150 kilos de explosivos al mejor postor. Jamal Ahmidan, El Chino, estaba siendo investigado, entre otros asuntos, por narcotr¨¢fico y, adem¨¢s, era uno de los suministradores de droga de Trashorras.

Es decir, que eran lo que suele llamarse "sospechosos habituales", conocidos por funcionarios del Estado. Adem¨¢s, la autoridad judicial tampoco actu¨® contra ellos cuando le toc¨® y la lentitud de la maquinaria judicial hizo que Trashorras y Toro s¨®lo fueran condenados por un caso de tr¨¢fico de explosivos hace apenas unos meses. En este terreno, uno de los terroristas que se suicid¨® en Legan¨¦s, el argelino Allekema Lamari, estaba en libertad y pudo participar en los atentados porque estaba libre como consecuencia de un error judicial.

Durante el juicio ya han saltado a la vista elementos que permiten inferir otros fallos. Como el v¨ªdeo rodado en Mina Conchita -de la que supuestamente surgieron los explosivos del 11-M- meses despu¨¦s de los atentados, donde qued¨® en evidencia que cualquiera pod¨ªa ir a robar Goma 2, ya que ¨¦sta se dejaba de cualquier manera en la bocamina. "El Estado incumple su funci¨®n de vigilancia y protecci¨®n desde el momento en que, negligentemente, desatienda a las necesidades de protecci¨®n que en cada momento se presentan como necesarias", alega Boy¨¦, para quien en este caso el Estado "actu¨® muy por debajo de los m¨ªnimos esperados y exigibles".

"Un fallo del sistema"

El ex subdirector general de la Polic¨ªa Pedro D¨ªaz-Pintado, cuando testific¨® el mi¨¦rcoles pasado, admiti¨® que en ¨¦ste o cualquier atentado lo que se produjo fue "un fallo del sistema en general porque unos terroristas indocumentados pueden causar tanto terror". Y a?adi¨®: "Naturalmente que se pudo hacer m¨¢s para evitarlo, pero que se estaba trabajando para evitarlo, tambi¨¦n".

Sus declaraciones motivaron preguntas del abogado del Estado, cuya misi¨®n principal en la vista es, precisamente, evitar una condena del Estado como responsable civil, directo o subsidiario. En asuntos que no son de terrorismo, una condena en este sentido es buscada por los perjudicados para obtener el resarcimiento econ¨®mico y patrimonial en caso de que los que sean declarados responsables criminales no puedan hacer frente al pago de indemnizaciones. Sin embargo, desde la promulgaci¨®n de la Ley de Solidaridad con las V¨ªctimas del Terrorismo, el Estado indemniza a los afectados que sean declaradas v¨ªctimas, independientemente de que la condena.