La imputaci¨®n de cinco altos cargos pone contra las cuerdas al Gobierno de Murcia
Los implicados por recalificar La Zerrichera desobedecen a Valc¨¢rcel y se niegan a dimitir
La decisi¨®n del magistrado del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Murcia, Antonio Alc¨¢zar, de imputar a cinco altos cargos del Gobierno de la Regi¨®n de Murcia (PP) por la reclasificaci¨®n del paraje protegido de La Zerrichera (?guilas) ha puesto contra las cuerdas al presidente, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel. Los implicados se han negado a dimitir a pesar de que Valc¨¢rcel, que lleva 12 a?os en el poder, asegur¨® hace unos meses que cualquier cargo del PP o candidato imputado deber¨ªa abandonar el Ejecutivo o las listas para las pr¨®ximas municipales y auton¨®micas.
Despu¨¦s de que fuentes del Gobierno regional anunciaran a la prensa regional un ultim¨¢tum e incluso la dimisi¨®n del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, el consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, asegur¨® ayer que no ten¨ªa constancia de ninguna dimisi¨®n en el Ejecutivo auton¨®mico. Tampoco ha renunciado el alcalde de ?guilas y candidato del PP para las municipales, Juan Ram¨ªrez, pese a las cr¨ªticas internas recibidas.
La investigaci¨®n por la reclasificaci¨®n del paraje de La Zerrichera -en la que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel L¨®pez Bernal, apunta a la posibilidad de ampliar la querella a dos consejeros- se inici¨® tras la petici¨®n del empresario Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras P¨²blicas, Joaqu¨ªn Bascu?ana, de quien depend¨ªa la reclasificaci¨®n definitiva del paraje, de los permisos para construir unas 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una finca r¨²stica denominada La Zerrichera, en el municipio de ?guilas, al sur de la comunidad.
Pero esta iniciativa, que estaba enclavada en una zona protegida por la Uni¨®n Europea (UE) como Lugar de Inter¨¦s Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protecci¨®n de Aves (ZEPA) cont¨® con la oposici¨®n del director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, ahora retirado, quien asegur¨® en un informe: "La finca debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeta a un r¨¦gimen espec¨ªfico de protecci¨®n incompatible con su transformaci¨®n urban¨ªstica".
Pero esta negativa cambi¨® meses despu¨¦s. Sobre todo con la presencia de su sucesora, Encarna Mu?oz, esposa de otro de los considerados padres de la reclasificaci¨®n de los terrenos, Antonio Alvarado, ambos imputados por el juez.
Seg¨²n la investigaci¨®n del fiscal Manuel L¨®pez Bernal, durante la tramitaci¨®n del expediente se lleg¨® a realizar la declaraci¨®n de impacto ambiental en 24 horas, apareciendo publicado en el Bolet¨ªn Oficial de la Regi¨®n de Murcia con una fecha diferente. Para el responsable de la Fiscal¨ªa murciana, los ahora imputados ten¨ªan "un inter¨¦s incomprensible en reclasificar el terreno".
Este inter¨¦s lleg¨® hasta el punto de que la directora general Encarna Mu?oz solicit¨® a la UE la modificaci¨®n del per¨ªmetro protegido, coincidiendo con los intereses del promotor Trinitario Casanova, quien adquiri¨® los terrenos r¨²sticos en 2004 a una cooperativa agr¨ªcola por 30 millones de euros, y los vendi¨® dos a?os despu¨¦s a la Caja de Ahorros de Guip¨²zcoa y San Sebasti¨¢n (Kutxa) por 105 millones de euros. 75 millones de euros de beneficio sin poner un ladrillo.
Tras un viaje a China, el entonces consejero de Industria y Medio Ambiente Francisco Marqu¨¦s anunci¨® su fichaje por una empresa privada, negando que su salida tuviera ninguna relaci¨®n con las cr¨ªticas de la Comisi¨®n Europea que pidi¨® la paralizaci¨®n del expediente de urbanizaci¨®n.
Unos meses despu¨¦s, el nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, paraliz¨® la urbanizaci¨®n alegando la falta de un plan de ordenaci¨®n de los recursos natural del parque en el que est¨¢ enclavada La Zerrichera.
Tras la denuncia de los grupos ecologistas y del PSOE de Murcia, el fiscal L¨®pez Bernal abri¨® unas diligencias informativas que finalizaron con una querella contra siete miembros del PP. Adem¨¢s, pidi¨® a un tribunal de Murcia que investigara un posible delito de cohecho por un presunto soborno del promotor de La Zerrichera, Trinitario Casanova, que supuestamente habr¨ªa intentado pagar dos millones de euros a dos dirigentes municipales del PSOE para que votaran a favor de la reclasificaci¨®n de los terrenos. Seg¨²n la propia Fiscal¨ªa, el actual secretario municipal del partido, Ram¨®n Rom¨¢n, denunci¨® el intento de soborno, habiendo actuado como intermediario su ahora ex compa?ero Pedro Gil, que fue expulsado, pese a asegurar que falt¨® al pleno para cuidar a su madre.
Ante esta denuncia Casanova anunci¨® una querella contra Ram¨®n Rom¨¢n y relat¨® en un comunicado de prensa su intenci¨®n de denunciar al Gobierno regional por paralizar la urbanizaci¨®n, llegando incluso a llamar "cobarde" al presidente Valc¨¢rcel, quien no respondi¨® a los insultos. Adem¨¢s de ser investigado por La Zerrichera, Casanova est¨¢ imputado por un delito fiscal por presentar facturas falsas. Por el momento no ha adoptado ninguna iniciativa legal contra el Ejecutivo del PP.
V¨ªnculos con un diputado
Entre las empresas que iban a construir la urbanizaci¨®n en el antiguo paraje protegido de La Zerrichera est¨¢ la sociedad C-15, que financia una fundaci¨®n del presidente del PP de Torrelodones (Madrid) y diputado, Mario Mingo. Este parlamentario, que adem¨¢s de presidente del PP en el municipio madrile?o es portavoz del PP en la comisi¨®n de Sanidad en el Congreso de los Diputados, fue alcalde de Torrelodones.
La fundaci¨®n se llama Escuela Superior de Arte Dram¨¢tico de Torrelodones (www.eadst.com) y mantiene un convenio con el ayuntamiento, gobernado por el PP, por el cual ¨¦ste le cede la Casa de la Cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro represente obras de teatro. Son vocales de esta fundaci¨®n periodistas, empresarios y pol¨ªticos ligados al PP, como por ejemplo el diputado regional en la Asamblea de Madrid Juan Van Halen, Miguel Hinojar de Inza, y el propio consejero delegado de C-15, Eduardo Morales.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- Murcia
- Recalificaci¨®n urban¨ªstica
- Caso Zerrichera
- Provincia Murcia
- Ordenaci¨®n suelo
- Regi¨®n de Murcia
- Corrupci¨®n pol¨ªtica
- PP
- Gobierno auton¨®mico
- Partidos pol¨ªticos
- Vivienda
- Ayuntamientos
- Desarrollo urbano
- Casos judiciales
- Corrupci¨®n
- Pol¨ªtica auton¨®mica
- Comunidades aut¨®nomas
- Administraci¨®n auton¨®mica
- Gobierno
- Urbanismo
- Administraci¨®n Estado
- Delitos
- Administraci¨®n local
- Justicia
- Pol¨ªtica