Todos por la vivienda protegida
Administraciones, partidos, empresas y sindicatos buscan un pacto para hacer 160.000 pisos sociales en Catalu?a
El Gobierno catal¨¢n lanz¨® el guante y casi todos lo han recogido. El Pacto Nacional para la Vivienda ha pegado un tir¨®n esta semana, despu¨¦s de que los partidos de la oposici¨®n y las patronales del sector inmobiliario y de la construcci¨®n hayan anunciado, ya de forma oficial, que se involucrar¨¢n en el acuerdo que persigue crear 400.000 viviendas hasta 2016, de las cuales 160.000 ser¨¢n protegidas. Sindicatos, cajas de ahorros, agentes de la propiedad inmobiliaria y organizaciones sociales tambi¨¦n deber¨¢n estampar su firma en un pacto hasta ahora in¨¦dito en Espa?a que, seg¨²n fuentes cercanas a la negociaci¨®n, podr¨ªa estar cerrado antes de verano.
Apenas hab¨ªan pasado cuatro meses desde que el presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, propuso a la oposici¨®n un pacto sobre vivienda cuando el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, present¨® el borrador de un texto para ser consensuado no s¨®lo con los partidos pol¨ªticos catalanes, sino con todos los agentes implicados en el mercado de la vivienda en Catalu?a.
CiU y PP piden que se aparque la ley, pero los promotores lo rechazan
El pacto compromete a todos a atender a 380.000 familias en 10 a?os
?Por qu¨¦ un consenso tan amplio? Las fuentes del Ejecutivo catal¨¢n son rotundas: el plan es ambicioso. Cada a?o, explican, se deber¨¢n ir atendiendo las necesidades de las familias que se vayan creando y que no puedan acceder a una vivienda, a las que se sumar¨¢n las que ya requieren ahora de alg¨²n tipo de ayuda p¨²blica. Traducido a n¨²meros. Hay 200.000 hogares con problemas para acceder a una casa, y a ¨¦stos se sumar¨¢n otros 240.000 en los pr¨®ximos a?os. Todas estas necesidades se ir¨¢n atendiendo de forma progresiva hasta alcanzar las 380.000 en 2016. Es decir, quedar¨¢n 60.000 demandas sin atender. El compromiso es crear 160.000 pisos sociales y otorgar al resto varios tipos de ayuda en funci¨®n de las necesidades.
Para alcanzar el objetivo, todos deber¨¢n involucrarse. Los primeros, el Gobierno catal¨¢n y los ayuntamientos, que deber¨¢n asumir la movilizaci¨®n de los terrenos para los pisos programados. Para una primera tanda, en la que se iniciar¨¢n 50.000 viviendas sociales, el Instituto Catal¨¢n del Suelo, dependiente de la Generalitat, aportar¨¢ suelo procedente de sus adquisiciones y las reservas urban¨ªsticas para pisos p¨²blicos fijadas por ley. A partir de aqu¨ª, adem¨¢s de seguir comprando terrenos, la Generalitat y los consistorios deber¨¢n acelerar los tr¨¢mites para poder levantar viviendas en zonas que se clasificar¨¢n como "preferentes", con la contrapartida de que el 50% de las viviendas sean p¨²blicas.
Los ayuntamientos de m¨¢s de 20.000 habitantes tendr¨¢n opci¨®n de compra preferente de los pisos que salgan al mercado para convertirlos en p¨²blicos. La medida no es balad¨ª. Dentro de 20 a?os, el 15% del parque de viviendas de estas localidades deber¨¢ ser social, puesto que en caso contrario podr¨ªan ser penalizados. A algunos alcaldes consultados la idea les atrae, pero se preguntan si recibir¨¢n alguna aportaci¨®n para poder comprar pisos usados que est¨¦n a la venta.
La patronal del sector inmobiliario catal¨¢n, APCE, afirma que se implicar¨¢ "al m¨¢ximo" en el acuerdo, seg¨²n fuentes de la entidad. Sin embargo, duda que tales cifras puedan alcanzarse en 10 a?os y proponen que el pacto sea a 20 ¨® 25 a?os vista. Entre sus obligaciones estar¨¢n las de promover un volumen de vivienda protegida, cuya cantidad deber¨¢ negociar con el Gobierno catal¨¢n, y ayudar a levantar y gestionar el parque de 64.000 viviendas p¨²blicas en r¨¦gimen de alquiler que contempla la propuesta. Adem¨¢s, la inmobiliaria que posea suelo para vivienda p¨²blica tendr¨¢ que edificar en ¨¦l o bien cederlo a otras promotoras que quieran construir de inmediato.
Tambi¨¦n las cajas de ahorros deber¨¢n realizar su aportaci¨®n. Adem¨¢s de promover pisos p¨²blicos, el pacto las comprometer¨¢ a lanzar productos financieros para familias con ingresos bajos -cr¨¦ditos para vivienda a tipo fijo, por ejemplo- e hipotecas inversas para mayores. Ninguna de las entidades consultadas ha querido aclarar si han empezado a negociar ni valorar el documento, aunque algunas apuntan que antes de lanzar pr¨¦stamos vitalicios prefieren esperar la regulaci¨®n del Gobierno central.
Los sindicatos aguardan reunirse con el consejero Baltasar para conocer con exactitud su papel en la negociaci¨®n. El responsable del ¨¢rea de vivienda de Comisiones Obreras, Xavier Becerra, opina que el diagn¨®stico y las proyecciones de futuro son coherentes. La secretaria de pol¨ªtica institucional de UGT, Eva Granados, asegura que el sindicato tambi¨¦n negociar¨¢, aunque no dejar¨¢ de lado su oposici¨®n a la ley de vivienda, en tr¨¢mite parlamentario. UGT no est¨¢ de acuerdo que la protecci¨®n de los pisos dure hasta 90 a?os, lo cual para la Generalitat es una forma de disponer de un parque estable de vivienda p¨²blica.
Tanto CiU como PP, que el Ejecutivo quiere que se involucren para que las pol¨ªticas de vivienda tengan continuidad, ya han dejado claro que exigir¨¢n que se aparque la tramitaci¨®n de la norma mientras duren las negociaciones. Algo que la patronal del sector afirma que no va a pedir a pesar de su oposici¨®n con buena parte de las medidas que contempla, como el alquiler forzoso.
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