La Euroc¨¢mara frena que el intercambio P2P entre particulares sea un delito

El Parlamento Europeo aprob¨® la semana pasada en primera lectura una controvertida directiva que prev¨¦, por primera vez, sanciones penales para los delitos contra la propiedad intelectual. La propuesta, que ahora debe ser debatida en el Consejo de la Uni¨®n Europea (UE), pretende que todos los estados miembros castiguen con multas de hasta 300.000 euros y cuatro a?os de c¨¢rcel los delitos graves contra la propiedad intelectual, la pirater¨ªa y las falsificaciones, aunque excluye de estos supuestos las actividades "no lucrativas".

Seg¨²n el eurodiputado socialista Manuel Medina la directiva "castiga la actividad comercial. Las medidas penales se aplicar¨¢n contra el que se enriquece con los derechos de otros, como los que falsifican y comercializan relojes Cartier, pero no contra los particulares" por descargarse archivos de Internet, como canciones o pel¨ªculas a trav¨¦s de las redes de intercambio de archivos (P2P).

Otros eurodiputados no lo ven tan claro. El liberal dem¨®crata Ignasi Guardans lamenta que pese a las buenas intenciones "el resultado sea una chapuza jur¨ªdica. En teor¨ªa, la enmienda deja fuera al consumidor, pero su redactado es tan confuso que depender¨¢ de la adaptaci¨®n de la normativa de cada pa¨ªs, y tambi¨¦n de la interpretaci¨®n que hagan los tribunales. Y eso en derecho penal es un campo de minas". Guardans conf¨ªa en una correcci¨®n t¨¦cnica en el Consejo.

Criminalizar o no al consumidor

Jos¨¦ Manuel Tourn¨¦, director general de la Federaci¨®n Antipirater¨ªa (FAP), aplaude que la Uni¨®n Europea adopte medidas comunes contra la pirater¨ªa, ya que los pa¨ªses reci¨¦n incorporados son los que menos la persiguen; "y no todos los estados aplican todas las medidas a su alcance para evitarla". Sin embargo, rechaza que el P2P entre particulares no sea considerado pirater¨ªa. "Creemos que quienes se descargan canciones obtienen un beneficio, una ventaja en perjuicio de los creadores, que deber¨ªa ser sancionada penalmente". Pero, tal y como est¨¢ ahora redactada la directiva, dice Tourn¨¦, "el P2P seguir¨¢ siendo un il¨ªcito civil y en Espa?a ya se ha demostrado que por esta v¨ªa judicial no se resuelven los conflictos".

El art¨ªculo 270 del C¨®digo Penal espa?ol ya contempla la pirater¨ªa como un delito, siempre que haya ¨¢nimo de lucro, explica ?scar Morales, profesor de derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Sin embargo, como el texto no aclara qu¨¦ significaba "¨¢nimo de lucro", los jueces no se ponen de acuerdo en si "lucro" significa ganar dinero o ahorr¨¢rselo.

Adem¨¢s una circular de la Fiscal¨ªa General del Estado de mayo de 2006 establec¨ªa que la descarga de archivos no era un delito, salvo que se persiga ganar dinero. "El intercambio de archivos, sin perjuicio de poder constituir un il¨ªcito civil, frente al que los titulares podr¨¢n ejercitar las correspondientes acciones, no re¨²nen, en principio, los requisitos para su incriminaci¨®n penal si no concurre en ellas un ¨¢nimo de lucro", dec¨ªa la circular.

Tourn¨¦ considera "totalmente err¨®nea" la circular y asegura que la comisi¨®n antipirater¨ªa ha presentado un dictamen jur¨ªdico a la Fiscal¨ªa General del Estado en la que le recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, "que define lucro como obtenci¨®n de cualquier ventaja, incluso la meramente contemplativa", dice Tourn¨¦.

En el trasfondo del debate est¨¢ en si se deben criminalizar las actividades de los consumidores. Los creadores creen que s¨ª; las asociaciones de usuarios creen que no. Y los pol¨ªticos discrepan entre ellos. El pasado jueves la reuni¨®n del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones (CATSI) termin¨® con el abandono de las entidades de gesti¨®n que calificaron el encuentro de "burla".

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, pretend¨ªa abrir un nuevo debate sobre la aprobaci¨®n de una norma -basada en un procedimiento de notificaci¨®n y retirada que permitir¨ªa a las sociedades de derechos cerrar webs que distribuyan contenidos pirateados. Esta medida la recog¨ªa el art¨ªculo 17 bis retirado de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n (LISI).