Toda la oposici¨®n reprocha al PP la judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica de Vitoria

Todos los grupos de la oposici¨®n de Vitoria presentaron ayer ante la Fiscal¨ªa de la Audiencia de ?lava los varios miles de folios que completan los trabajos de la comisi¨®n de investigaci¨®n local sobre supuestas irregularidades de la concejal¨ªa de Urbanismo. Los portavoces del PNV, PSE, EB y EA reprocharon al PP su inter¨¦s por judicializar la vida pol¨ªtica de la ciudad al negarse a asumir las responsabilidades que se desprenden del estudio de los expedientes de dos urbanizaciones de chal¨¦s en Ibaiondo y Ali. El alcalde, el popular Alfonso Alonso, despreci¨® la iniciativa de la oposici¨®n, que calific¨® de "insulto" y "sencillamente ruido" y adelant¨® su impresi¨®n de que ser¨¢ archivada.

La comisi¨®n ha trabajado para aclarar las supuestas irregularidades en una licencia concedida por el Ayuntamiento para edificar siete chal¨¦s en el barrio de Ali en una parcela inferior a los 2.000 metros cuadrados en la que, seg¨²n la normativa municipal, s¨®lo se pod¨ªan construir seis. Tambi¨¦n se analiz¨® el sobreprecio de 24 chal¨¦s bioclim¨¢ticos en Ibaiondo, unas viviendas de precio tasado que costaron a los adjudicatarios 304.000 euros en lugar de los 250.000 fijados por el pleno de la corporaci¨®n.

En ambas actuaciones, seg¨²n concluy¨® la comisi¨®n, la concejal¨ªa actu¨® de forma irregular. La oposici¨®n ha acusado por ello a su responsable, Jorge Ibarrondo, de dos supuestos delitos de prevaricaci¨®n.

Los representantes de la oposici¨®n incidieron ayer a las puertas del Palacio de Justicia de Vitoria en las trabas que ha sufrido toda la investigaci¨®n. El peneuvista Unai Grajales, quien presidi¨® la comisi¨®n, insisit¨® en que la oposici¨®n se ha visto en "la obligaci¨®n de judicializar la vida pol¨ªtica". En su opini¨®n, acudir al fiscal es la ¨²nica v¨ªa que les quedaba para devolver la transparencia al Ayuntamiento de Vitoria. "Y si se ha retrasado tanto este momento ha sido por las trabas que ha puesto el equipo de gobierno", concluy¨®.

Juan Carlos Alonso, del PSE, insisti¨® en que la documentaci¨®n cuenta con la legitimidad de los informes del Ararteko, el S¨ªndico de Vitoria, el decano del Colegio de Abogados de ?lava y diferentes t¨¦cnicos de Urbanismo. "Sin olvidar, el respaldo de 18 de los 27 concejales del pleno [los que suman los cuatro partidos], que env¨ªan el mensaje a la ciudadan¨ªa de que en Vitoria no vale todo", afirm¨®. "Ahora, una vez aclaradas las irregularidades, a ver si nos ponemos a hablar de las cosas que le interesan a la ciudadan¨ªa", concluy¨®.

Jos¨¦ Navas, de EB, consider¨® el acto de entrega de la documentaci¨®n al fiscal jefe de la Audiencia de ?lava, Josu Izaguirre, como "el ¨²ltimo paso" en su defensa de la verdad, "aunque no sea agradable". El portavoz de Ezker Batua incidi¨® en la nula capacidad de autocr¨ªtica del equipo de gobierno por la actitud de "un concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, y un alcalde, Alfonso Alonso, que han escurrido el bulto de reconocer las evidencias que mostraba la comisi¨®n en cada sesi¨®n".

"Venimos a pedir auxilio a los juzgados", apunt¨® Antxon Belakortu, de EA, para quien la jornada de ayer se convirti¨® en un "d¨ªa triste para la ciudad". Sin embargo, consider¨® que la medida que han adoptado "era necesaria; no se puede permitir que se favorezca a unas empresas cometiendo irregularidades".

La oposici¨®n insisti¨® en que seguir¨¢ yendo a los tribunales mientras el equipo de gobierno no asuma su responsabilidad. "Ahora tenemos el caso de unos contratos otorgados a familiares, que la secretaria del pleno ha considerado nulos, pero que el alcalde se niega a cancelar; pues tendremos que volver a la fiscal¨ªa", anunci¨® Alonso.