Lo que se sabe de ETA

El comando Donosti ten¨ªa ¨®rdenes de evitar atentados contra miembros del PSOE "en general" -lo que parece excluir a miembros en particular, o sea disidentes- y contra los de los partidos nacionalistas y de IU. Queda fuera del indulto el PP. As¨ª lo declar¨® Akaitz Agote, detenido a fines de marzo y cuyo auto de procesamiento acaba de hacerse p¨²blico. En el auto tambi¨¦n se recoge que la banda hab¨ªa ordenado hacer seguimientos de funcionarios de prisiones, con la excepci¨®n de los que fueran miembros del sindicato ELA.

Entre los documentos intervenidos al detenido hay un informe en el que la direcci¨®n de la banda alardea de que "gracias a la presi¨®n" ejercida ha conseguido que el PSOE y el PNV acepten entrar en una "negociaci¨®n pol¨ªtica"sobre el marco institucional de Euskal Herria; sin embargo, el principio de acuerdo alcanzado no era "satisfactorio", dec¨ªa ETA en noviembre, y en diciembre pon¨ªa la bomba de Barajas. En poder del etarra se hallaron igualmente documentos sobre la estrategia a seguir para lograr la participaci¨®n de Batasuna en las elecciones. En la entrevista del mes pasado en Gara, los encapuchados amenazaban con acciones terroristas si a la izquierda abertzale se le imped¨ªa estar presente en los comicios.

Eso es lo ¨²ltimo que se sabe de ETA: que sigue consider¨¢ndose con derecho a condicionar mediante la violencia la vida pol¨ªtica (y sindical), y que se felicita por haberlo conseguido en parte; y que contin¨²a buscando pretextos (ahora, parad¨®jicamente, las elecciones) para no dejar las armas.

La amenaza selectiva contra ciertos partidos (antes PP y PSOE, ahora PP y algunos miembros del PSOE) es un argumento poderoso en favor del mantenimiento y aplicaci¨®n de la Ley de Partidos. No puede participar en la competici¨®n electoral el brazo pol¨ªtico de una banda protegido a la vez por el paraguas de la legalidad y el de esa banda, la cual se atribuye el derecho a eliminar a sus rivales. La Ley de Partidos fue necesaria no tanto para ilegalizar a Batasuna -cosa que ya era posible por la v¨ªa penal- como para establecer mecanismos capaces de contrarrestar las artima?as ideadas para burlar la prohibici¨®n.

No es dif¨ªcil encontrar objeciones jur¨ªdicas contra esa ley, pero quien las plantee no puede desconocer las razones que la hicieron necesaria; no es posible afirmar, como hace el documento del Gobierno vasco le¨ªdo ayer por el consejero Azkarraga, que la democracia no puede permitirse lanzar "un haz de sombra sobre la igualdad de toda la ciudadan¨ªa en el disfrute de los derechos fundamentales", en referencia a los votantes y candidatos de Batasuna, e ignorar que la falta de igualdad esencial es la que provoca la frontera entre amenazados y libres de amenaza que traza ETA.

La declaraci¨®n de ilegalidad de un partido no priva a sus miembros del derecho individual a ser candidatos, pero s¨ª les impide participar en una concertaci¨®n de voluntades para la "elusi¨®n fraudulenta de las consecuencias de la disoluci¨®n", dec¨ªa una sentencia del Constitucional de 2005 retomada ahora por el Supremo en su auto sobre ANV. Si incluso con la Ley de Partidos resulta muy laborioso hacer frente a las maniobras que es capaz de idear Batasuna para burlar la prohibici¨®n, es de suponer que sin ella -s¨®lo con las limitadas posibilidades del C¨®digo Penal- el fraude ser¨ªa facil¨ªsimo, al menos a efectos de participaci¨®n electoral. El Tribunal Constitucional estableci¨® que para recobrar la legalidad bastar¨ªa con una condena clara de la violencia. Estos d¨ªas se ha visto que Batasuna no s¨®lo no la condena, sino que encuentra normal que ETA amenace con matar en nombre del derecho del partido ilegalizado a participar en las elecciones sin cumplir los requisitos legales.

La dependencia de Batasuna respecto a ETA se mantiene, por tanto, y mientras esa sea la situaci¨®n no se ven razones para que el Gobierno haga movimientos, por acci¨®n u omisi¨®n, que ese mundo pueda interpretar como de disponibilidad para favorecer la presencia del brazo pol¨ªtico en al menos algunas instituciones. La idea de que esa presencia reforzar¨ªa a los sectores m¨¢s favorables al abandono de las armas pudo tener sentido hasta el 30 de diciembre. Ahora m¨¢s bien reforzar¨ªa a los txerokis que instaban hace seis meses a "convertir la necesidad que el Gobierno espa?ol tiene con el proceso (intereses electorales entre otros) en (...) un factor que usemos a nuestro favor a la hora de dise?ar nuestras iniciativas y nuestra estrategia de presi¨®n".