La juez aplaza hasta junio la vista por el despido de una abogada del grupo socialista
Las defensas del PSE y de la C¨¢mara recalcan que ocupaba un puesto de confianza
La titular del Juzgado n¨²mero 3 de lo Social de Vitoria aplaz¨® ayer hasta el pr¨®ximo 5 de junio la vista por el despido de una abogada que trabajaba para el grupo parlamentario socialista. La juez decidi¨® la suspensi¨®n dos horas despu¨¦s del momento fijado para el inicio del juicio ante los retrasos acumulados. La denunciante, Izaskun S¨¢nchez, fue destituida el pasado mes de febrero del puesto que desempe?aba, tras reincorporarse de una baja que atribuye al acoso laboral. Las defensas tanto del grupo socialista como de la C¨¢mara rechazan que el caso sea un despido "porque se trataba de un puesto de confianza", por lo que lo consideran un cese amparado por la normativa.
La juez anunci¨® la suspensi¨®n de la vista poco despu¨¦s de las dos de la tarde, cuando en los pasillos del Palacio de Justicia de Vitoria esperaban los letrados de las partes y los testigos propuesto.
Aunque la juez hab¨ªa citado, a petici¨®n de la defensa de la ex empleada del grupo, a toda la c¨²pula de ¨¦ste -Patxi L¨®pez, Jos¨¦ Antonio Pastor, Jes¨²s Egiguren y Rodolfo Ares, entre otros-, ninguno de ellos compareci¨®. En su nombre acudi¨® a la cita la parlamentaria Blanca Roncal, encargada de la pol¨ªtica de personal de la formaci¨®n socialista en la C¨¢mara.
"Se trata de dilucidar si es un despido, como pide la denunciante, o un cese de personal de confianza, como mantenemos en el grupo socialista", indicaron fuentes del PSE. Esta misma posici¨®n es la que mantiene el gabinete jur¨ªdico del Parlamento.
Todos los empleados al servicio de las formaciones parlamentarias tienen el mismo sistema de contrataci¨®n, regulado en el Estatuto de Personal de la C¨¢mara. Esta reglamentaci¨®n, que tiene rango de ley, establece que un trabajador de un grupo puede ser destituido por quien le haya nombrado, siempre previa comunicaci¨®n a la Mesa de la C¨¢mara, mecanismo utilizado por el PSE en este caso.
Sin embargo la denunciante, la abogada Izaskun S¨¢nchez, cree que esa regulaci¨®n que afecta a los trabajadores del legislativo colisiona con la legislaci¨®n laboral vigente. La letrada ha pedido que declare en la causa el m¨¦dico que le trat¨® la depresi¨®n que sufri¨® antes de su despido, que atribuye al "acoso laboral". Este facultativo era uno de los testigos que ayer esperaban en los pasillos del Palacio de Justicia para prestar declaraci¨®n.
Seg¨²n el relato de la denuncia, comenz¨® a sufrir esa situaci¨®n en el a?o 2004, despu¨¦s de que constituyese una sociedad con una compa?era de trabajo en el Parlamento, la soci¨®loga Bego?a Conde, quien trabaja como t¨¦cnico para grupo parlamentario. La empresa tiene como objeto social ofrecer determinado servicios a las pymes.
La denuncia a?ade que en marzo de 2006, el portavoz del grupo, Jos¨¦ Antonio Pastor, le requiri¨® para que eligiese entre su empresa y su trabajo en la C¨¢mara, pero la demandante consider¨® que no exist¨ªa incompatibilidad entre ambas ocupaciones. Un mes despu¨¦s, S¨¢nchez se tom¨® una baja laboral despu¨¦s de que se le diagnosticase un cuadro de "ansiedad reactiva a problem¨¢tica laboral".
Cuando se reincorpor¨® a su puesto el pasado 1 de febrero, la letrada encontr¨® su mesa ocupada y sus efectos personales recogidos en cajas. El secretario del grupo socialista, ?scar Rodr¨ªguez, le comunic¨® que estaba "cesada".
"Cesi¨®n ilegal"
La demanda ha sido presentada no s¨®lo contra el grupo parlamentario del PSE, sino tambi¨¦n contra la administraci¨®n de la C¨¢mara, ¨¦sta ¨²ltima acusada de cesi¨®n ilegal de trabajadores, ya que formalmente era la empresa de la despedida. S¨¢nchez ha trabajado en el Parlamento para el grupo socialista desde 1992, pero desde 1997 la propia C¨¢mara cotiza por ella, al igual que por el resto del personal de los grupos, en la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social.
Por ello, la defensa de la denunciante solicit¨® la declaraci¨®n de la presidenta de la C¨¢mara, la peneuvista Izaskun Bilbao, criticando que haya permitido una situaci¨®n de acoso en su ¨¢mbito. "El Parlamento es responsable directo o solidario, pues en su posici¨®n de empleador no ha observado el deber de protecci¨®n de sus trabajadores", reclama la demandante.
Izaskun Bilbao tampoco va a comparecer. Una letrada de los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara esper¨® ayer como todos los dem¨¢s hasta que la juez dict¨® la suspensi¨®n. La nueva vista ha sido convocada para el 5 de junio, nueve d¨ªas despu¨¦s de las elecciones municipales y forales de este mes.
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