Barber¨¢ dio las licencias para construir la subestaci¨®n
El Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barber¨¢, se ha pasado dos a?os repartiendo responsabilidades a diestro y siniestro por la subestaci¨®n de Patraix mientras rehu¨ªa las propias. El plan general urbano (PGOU) aprobado por los socialistas en 1989, y el Ministerio de Industria, ahora gobernado por el PSOE, han sido para los populares los culpables de que exista la pol¨¦mica instalaci¨®n. Sin embargo, ni el PGOU ni el ministerio han sido determinantes para decidir que la infraestructura se levantara rodeada de viviendas. Las obras comenzaron con licencia del Ayuntamiento y la subestaci¨®n funciona con un permiso municipal de actividad inocua.
El equipo de gobierno del PP ha modificado en no pocas ocasiones el plan general para reubicar instalaciones o dar nuevos destinos a suelos previstos para equipamientos. No lo ha hecho en el caso de Patraix, como le pidieron los vecinos afectados, la oposici¨®n y la S¨ªndic de Greuges, Emilia Caballero. El PGOU redactado en 1988 reserv¨® la parcela a una infraestructura b¨¢sica de servicio. Exist¨ªa entonces una peque?a estaci¨®n el¨¦ctrica que usaba carbonilla en un ¨¢rea mucho menos poblada. Pero en febrero de 2005 el paisaje urbano hab¨ªa cambiado significativamente, lo que no movi¨® al PP a replantear la ubicaci¨®n al emitir un informe favorable al plan de Iberdrola. Ese dictamen positivo lo redact¨® a petici¨®n del Ministerio de Industria, encargado de la planificaci¨®n energ¨¦tica nacional previa concertaci¨®n con las autonom¨ªas. El ministerio, de acuerdo con las necesidades de crecimiento previstas por los municipios, apunta las zonas en las que ser¨¢n necesarias infraestructuras el¨¦ctricas, pero no decide la parcela concreta en la que han de construirse. Esa es una competencia municipal, a pesar de lo cual Barber¨¢ no tuvo empacho en exigir ayer al ministro Joan Clos que "proceda a reconsiderar la ubicaci¨®n actual de la subestaci¨®n".
Tras las primeras protestas vecinales, Barber¨¢ ofreci¨® en julio de 2005 mediar ante Iberdrola para lograr un cambio mediante una permuta de suelo, pero para entonces la empresa ya trabajaba en el solar. El PP concedi¨® la licencia de obras en noviembre de 2005, y el ministerio autoriz¨® el cable de alta tensi¨®n que alimenta la subestaci¨®n, aunque pidi¨® que fuera enteramente soterrado, una condici¨®n no cumplida. En diciembre de 2006 lleg¨® el permiso de actividad para un equipamiento que el PP calific¨® de "inocuo", en contra de un primer informe municipal que apuntaba a la exigencia de una licencia calificada que la comisi¨®n provincial de Actividades no vio necesaria. El Ayuntamiento ha pedido informes a Sanidad y a Industria, que especific¨® que las subestaciones no est¨¢n prohibidas en casco urbano. Los vecinos han recurrido todas las licencias.
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