Barber¨¢ permitir¨¢ construir pisos sobre suelo escolar para pagar una sentencia
Un grupo empresarial lograr¨¢ 50.000 metros cuadrados de edificabilidad en tres parcelas
El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barber¨¢, ultima una operaci¨®n urban¨ªstica por la que recalificar¨¢ tres parcelas reservadas a colegios en los distritos de Campanar y Rascanya para que un grupo empresarial levante viviendas de renta libre. Con la p¨¦rdida de ese suelo y una edificabilidad de 50.000 metros cuadrados que reportar¨¢ sustanciales beneficios a los empresarios, el gobierno popular prev¨¦ pagar indirectamente la indemnizaci¨®n de 31,2 millones de euros a que fue condenado junto a la Generalitat en un largo proceso judicial con ocho escuelas religiosas.
Un grupo empresarial ha asumido la indemnizaci¨®n acordada por los tribunales y pagar¨¢ a los colegios los 31,2 millones de euros a cambio de la recalificaci¨®n de 55.462 metros cuadrados de suelo sobre los que lograr¨¢ unos 50.000 de edificabilidad. La operaci¨®n dejar¨¢ as¨ª el coste de repercusi¨®n del suelo en 620 euros por metro cuadrado de techo, un precio tres veces inferior al de mercado. En la zona de Campanar los pisos construidos alcanzan los 3.800 euros el metro cuadrado de techo, por lo que los terrenos mover¨¢n un volumen de negocio de unos 150 millones de euros, a los que el futuro promotor deber¨¢ descontar lo invertido en la indemnizaci¨®n y el coste de construcci¨®n sobre un suelo barato. Un negocio muy lucrativo que no bajar¨¢ de los 60 millones de euros.
El Consistorio, fuertemente endeudado, afirma que no hay otra salida para hacer frente a las indemnizaciones, que achaca "a una metedura de pata del PSOE" cuando redact¨® el plan general urbano (PGOU) en 1988. El documento grafi¨® las parcelas que ocupaban ya entonces ocho colegios religiosos -Maristas, Escolapios, las Esclavas y el centro Jes¨²s Mar¨ªa, entre otros- como suelo educativo privado y las congregaciones defendieron que se les privaba de su posible derecho a una edificabilidad residencial en el terreno que rodea los centros en caso de que alg¨²n d¨ªa cesaran su actividad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano les dio la raz¨®n sobre el fondo del asunto y el Supremo confirm¨® el fallo en 1999. No fue hasta abril de 2006 cuando el TSJ determin¨® la cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n y acord¨® que el pago lo compartir¨ªan la Generalitat y el Ayuntamiento, que ser¨¢ al menos de momento la Administraci¨®n que har¨¢ frente con su patrimonio a la condena.
En una moci¨®n que firma el teniente de alcalde, Alfonso Grau, y que se trat¨® en la Junta de Gobierno Local del pasado 11 de mayo, se propone dar v¨ªa libre a la operaci¨®n acordada con el grupo empresarial, cuyos integrantes no se citan, para liquidar la deuda con los colegios y renunciar al ¨²ltimo recurso planteado en el Supremo. Durante el proceso, la Generalitat ha emitido dos resoluciones en las que afirma que no necesita "en la actualidad" las parcelas escolares, ya cedidas por el gobierno local. Para cerrar la operaci¨®n urban¨ªstica, la concejal¨ªa de Urbanismo prepara una modificaci¨®n del PGOU para desafectar las parcelas del uso escolar y permitir las viviendas.
Patrimonio municipal
Los terrenos que se usar¨¢n para pagar la sentencia son fruto del aprovechamiento que correspondi¨® al Ayuntamiento en la reparcelaci¨®n de dos planes urban¨ªsticos, por lo que deber¨ªan haber integrado el patrimonio municipal del suelo. Para estos terrenos, la legislaci¨®n urban¨ªstica prev¨¦ que en caso de venta se destinen a un fin de inter¨¦s social o la construcci¨®n de vivienda protegida (VPO) mediante subasta. La operaci¨®n urban¨ªstica dise?ada por el equipo popular prescinde de estos condicionantes.
Seg¨²n un informe de los servicios jur¨ªdicos, las parcelas "nunca han llegado a estar integradas en el patrimonio municipal del suelo", lo que eximir¨ªa al Ayuntamiento de sacarlas a subasta. En consecuencia, sostiene el informe, "no es necesario que las viviendas a construir sean de protecci¨®n oficial". Para los servicios jur¨ªdicos, la soluci¨®n de entregar el suelo escolar recalificado "satisface a los intereses p¨²blicos al tiempo que cierra un asunto" de forma positiva para la Generalitat y el Ayuntamiento. ?ste no perder¨ªa patrimonio municipal del suelo porque ya hab¨ªa cedido las parcelas a Educaci¨®n, que dice no necesitarlas. Sin embargo, un suelo que hasta ahora era p¨²blico y deb¨ªa atender necesidades escolares pasa a manos privadas para levantar vivienda de renta libre.
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