Agendas cruzadas

Como era previsible, la campa?a de las elecciones municipales y auton¨®micas no se est¨¢ ocupando tan s¨®lo de los problemas espec¨ªficos de los 8.000 ayuntamientos y de las 13 comunidades que renovar¨¢n su composici¨®n en las urnas el 27 de mayo; la proximidad de las legislativas, que se celebrar¨¢n como muy tarde en marzo de 2008, hace inevitable que las agendas de las dos convocatorias se crucen y confundan. Aunque las organizaciones locales y regionales de los partidos sigan dedicando sus esfuerzos a elogiar a los candidatos propios y a deslegitimar a los adversarios, la irrupci¨®n del presidente del Gobierno y del l¨ªder del principal partido de la oposici¨®n en la refriega desv¨ªa forzosamente los debates hacia cuestiones de orden general, a costa de que los oradores repitan un d¨ªa tras otro parecidos argumentos ante diversas audiencias. Ese fervor mitinero proyectar¨¢ menos interferencias en las tareas cotidianas de Rajoy como l¨ªder de la oposici¨®n que en los compromisos oficiales de Zapatero como jefe del Ejecutivo, obligado de manera preferente a cuidar del buen funcionamiento de la maquinaria administrativa y a resolver los dilemas m¨¢s apremiantes de la pol¨ªtica interior y exterior del Estado.

El presidente del PP ha dejado en la nevera -al menos por ahora- las reticentes insinuaciones y las acusaciones con sordina dirigidas contra el Gobierno por ocultar supuestamente la verdad sobre la matanza de Atocha. Es probable que las semanas transcurridas del juicio oral del 11-M hayan mostrado a los dirigentes populares la imposibilidad de seguir dando respaldo a las disparatadas conjeturas fabricadas por los animosos propaladores de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n -atrincherados en el diario El Mundo y la Radio de los Obispos- con ¨¢nimo de dejar indefinidamente abiertas las dudas sobre la autor¨ªa del crimen y de continuar atribuyendo la matanza a una conjura organizada por ETA, innominados servicios de inteligencia extranjeros y polic¨ªas espa?oles conchabados con los socialistas. Pero la rid¨ªcula obstinaci¨®n de negar que la carnicer¨ªa de los trenes de la muerte fue planeada y ejecutada -con dinamita comprada en Asturias- por un grupo de yihadistas suicidados en Legan¨¦s, dados a la fuga o sentados en el banquillo, resulta ya demasiado c¨®mica para que un se?or serio de provincias -como se autodefine Rajoy- est¨¦ dispuesto a compartir esa verg¨¹enza con Ram¨ªrez y Jim¨¦nez.

En cambio, la rumoreada reanudaci¨®n de los contactos del Gobierno con ETA (negada por el presidente Zapatero) y la luz verde dada por la fiscal¨ªa general y la abogac¨ªa del Estado a la presencia en los comicios municipales de un centenar largo de candidaturas de Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV) -aliada desde 1978 a 2001 con Batasuna y presumible continuadora en fraude de ley de sus actividades- ha permitido a Rajoy te?ir la campa?a municipal con la sangrienta cuesti¨®n sobre la que ha girado casi desde comienzos de la legislatura su labor opositora. Roto por los populares el acuerdo de "eliminar del ¨¢mbito de la leg¨ªtima confrontaci¨®n electoral las pol¨ªticas para acabar con el terrorismo" (como establece el primer punto del Pacto por las Libertades firmado en diciembre de 2000 por los dos partidos), las cr¨ªticas de Rajoy contra Zapatero han aumentado de tono desde la ruptura el pasado 30 de diciembre de la tregua de ETA.

El presidente del Gobierno, por su lado, pretende combatir la abstenci¨®n y movilizar al electorado socialista; pese a las tentativas de Zapatero para imponer su propia agenda, el fragor de la batalla ret¨®rica desencadenada por los populares no se lo permite siempre. Adem¨¢s de las importantes normas de alcance general aprobadas durante esta legislatura (como las leyes de dependencia y de igualdad), tampoco faltan las conexiones espec¨ªficas de la labor del Ejecutivo con los problemas municipales y regionales. Las reformas estatutarias emprendidas por buena parte de las trece comunidades aut¨®nomas (Valencia, Arag¨®n y Baleares disponen ya de un nuevo Estatuto) cuyos parlamentos ser¨¢n renovados el 27-M fueron activamente apoyadas por el Gobierno socialista. Y la Ley del Suelo aprobada por las Cortes puede ser un instrumento para frenar los desastres medio-ambientales y acabar con la corrupci¨®n que la planificaci¨®n urban¨ªstica y la construcci¨®n inmobiliaria han sembrado en los ayuntamientos.