El pasado persigue a Fujimori
La justicia de Chile se pronunciar¨¢ en breve sobre la entrega a Per¨² del ex presidente golpista
La fiscal¨ªa chilena se pronunciar¨¢ pr¨®ximamente sobre la extradici¨®n a Per¨² del ex presidente de este pa¨ªs, Alberto Fujimori, reclamado por acusaciones de corrupci¨®n masiva y cr¨ªmenes de lesa humanidad. El hombre que gobern¨® en Per¨² desde 1990 hasta 2000 tiene ahora 68 a?os, presenta un aspecto saludable, juega al golf en las estribaciones de la cordillera de Santiago y devora cebiche y mariscos en los restaurantes caros de la capital de Chile.
Fujimori no parece angustiado. El proceso de extradici¨®n sufri¨® "un retroceso" desde que Alan Garc¨ªa asumi¨® la presidencia de Per¨², en julio de 2006, seg¨²n denunci¨® Gisela Ortiz, portavoz de una asociaci¨®n de v¨ªctimas. Algunos analistas atribuyen el supuesto "desinter¨¦s" de Garc¨ªa a que necesita el apoyo pol¨ªtico de los cargos electos leales a la disciplina de Fujimori.
Fujimori, que se mueve libremente por Chile, mantiene adeptos en Per¨²
Una asociaci¨®n de v¨ªctimas duda del inter¨¦s de Alan Garc¨ªa en la extradici¨®n
El reo, pr¨®fugo de la justicia peruana desde su huida en el a?o 2000 a Jap¨®n, aguarda la decisi¨®n de la fiscal chilena M¨®nica Maldonado, que habr¨¢ de ser tenida en cuenta por la Corte Suprema de Chile para la sentencia definitiva sobre la extradici¨®n. El ex gobernante lleg¨® inesperadamente a Chile el 6 de noviembre de 2005, en un avi¨®n privado, con la descarada intenci¨®n de participar en las elecciones generales peruanas del a?o 2006, ganadas por Alan Garc¨ªa. El hombre conocido por el apelativo de El Chino, proced¨ªa de Tokio, cuyo Gobierno le ampar¨® contra la persecuci¨®n judicial peruana mediante la concesi¨®n de la nacionalidad nipona.
"Espero que Chile act¨²e de acuerdo con la ley y env¨ªe el fuerte mensaje a la comunidad internacional de que la corrupci¨®n y las violaciones de los derechos humanos no son tolerables", pidi¨® Alejandro Toledo, que presidi¨® Per¨² entre 2001 y 2006.
Fujimori, ingeniero agr¨®nomo, gobern¨® en Per¨² con una presidencia golpista desde el a?o 1992; una liberalizaci¨®n econ¨®micamente prometedora, pero plagada de corrupci¨®n; y unos cuerpos de seguridad con licencia para matar. En suma: con ausencia del Estado de derecho en una sociedad afectada por la d¨¦bil adscripci¨®n a los principios de la democracia. Los escuadrones de la muerte mataron a muchas personas, pero algunos asesinatos fueron especialmente escandalosos: 15 personas murieron acribilladas en 1991, en el barrio lime?o de Barrios Altos, y un profesor y 10 estudiantes de la Universidad de la Cantuta, al a?o siguiente. Todos, acusados falsamente de ser terroristas de Sendero Luminoso.
En su momento, el fiscal Anticorrupci¨®n de Per¨², Carlos Brice?o, pidi¨® a Chile que procediera a la detenci¨®n de Fujimori para evitar una nueva fuga durante los tr¨¢mites de la extradici¨®n. El ex presidente peruano permaneci¨® detenido seis meses en Santiago, pero fue puesto en libertad a la espera de sentencia. El largo proceso contra el advenedizo que derrot¨® al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones generales de 1990 -gracias al apoyo a Fujimori del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), a la que pertenece el actual presidente, Alan Garc¨ªa- es atentamente seguido por tres pa¨ªses: Chile y Per¨², cuyas disputas territoriales les llevaron a la guerra en el siglo XIX; y Jap¨®n, nada interesado en la entrega del ex mandatario a Per¨², donde su figura cuenta con un n¨²mero de adeptos nada desde?able.
La justicia peruana prometi¨® respetar el fallo chileno. Pero dado el simbolismo del caso Fujimori, la decisi¨®n "crear¨¢ olas, no importa cu¨¢l sea la que tome La Moneda" (sede del Gobierno chileno), se?al¨® el analista peruano Mirko Lauer.
"No sab¨ªa nada"
Alberto Fujimori afirm¨® ante un juez que "no sab¨ªa nada" sobre las barbaridades cometidas por el Ej¨¦rcito y sus escuadrones de la muerte. El que fuera su jefe de las Fuerzas Armadas, Nicol¨¢s Hermoza, testific¨®, sin embargo, que Fujimori estuvo al tanto de la guerra sucia de los matones policiales o castrenses.
Si el ex gobernante fuera extraditado, se topar¨ªa en prisi¨®n con su principal c¨®mplice: Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia y del grupo paramilitar Colina, y ejecutor, con el general Hermoza, del golpe del 5 de abril de 1992. Ese cuartelazo disolvi¨® los poderes ejecutivo y judicial de Per¨² para sustituirlos por una forma institucional a la medida de la autocracia en construcci¨®n.
La prioridad del tridente al mando fue acabar con Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzm¨¢n, detenido en 1992. Para ello, Fujimori ignor¨® todo l¨ªmite y autoriz¨® una pol¨ªtica de aniquilaci¨®n del sospechoso: la tortura, el asesinato, la ejecuci¨®n sumaria y el encarcelamiento masivo -siempre seg¨²n los cargos que pesan sobre ¨¦l- con juicios presididos por magistrados que ocultaban su identidad: los denominados jueces sin rostro. M¨¢s de 5.000 personas fueron condenadas a severas penas en vistas sin garant¨ªas procesales.
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