La corrupci¨®n gana

Las elecciones municipales y auton¨®micas no han castigado a los candidatos con investigaciones judiciales en curso o, incluso, con procesos abiertos por corrupci¨®n urban¨ªstica. Los ciudadanos han refrendado en sus puestos a la mayor¨ªa de los alcaldes y ediles sobre los que pesaban y pesan graves acusaciones de desviar fondos municipales y de enriquecimiento il¨ªcito. Una de las pocas excepciones ha sido Marbella, donde la operaci¨®n Malaya ha terminado por desalojar de la escena al partido que Jes¨²s Gil cre¨® como instrumento para perpetrar los desafueros que ha padecido la ciudad.

Las razones de este aparente contrasentido hay que buscarlas, en primer t¨¦rmino, en el tratamiento que las fuerzas pol¨ªticas han dado a la corrupci¨®n durante la campa?a, convirti¨¦ndola en un arma arrojadiza con la que reivindicar la propia virtud en detrimento de la del adversario, sin proponer soluciones a un fen¨®meno que se ha extendido de manera imparable durante los ¨²ltimos a?os. Pero existen, adem¨¢s, otros motivos para explicar lo que, en principio, parecer¨ªa un comportamiento enigm¨¢tico por parte de los votantes, al revalidar el mandato a candidatos sobre los que pesan fundadas sospechas de corrupci¨®n. La Ley del Suelo de 1998 declar¨® urbanizable la pr¨¢ctica totalidad del territorio e hizo recaer sobre los ayuntamientos la competencia de transformar las fincas r¨²sticas en urbanas, propiciando una s¨®lida colusi¨®n de intereses entre los responsables municipales y los administrados. Las recalificaciones han beneficiado desde entonces a los ayuntamientos, que han podido financiar obras y servicios inabordables desde los exiguos presupuestos municipales, adem¨¢s de contribuir a sostener a los partidos y a sus intermediarios oficiales u oficiosos. Pero tambi¨¦n han beneficiado a los particulares propietarios de terreno y, en ¨²ltimo extremo, a los habitantes de los municipios con grandes proyectos urban¨ªsticos.

Los colegios electorales no sustituyen a los juzgados y, por esta raz¨®n, la victoria en las urnas no podr¨¢ nunca equivaler a una impl¨ªcita absoluci¨®n de los casos de corrupci¨®n en los que puedan estar implicados los candidatos, como ha afirmado, entre otros, el presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Carlos Fabra. Por el contrario, se trata de una inaceptable manipulaci¨®n del sistema democr¨¢tico, de un intento espurio de barrer las responsabilidades pol¨ªticas y penales bajo los votos, que los partidos no deber¨ªan amparar. Porque la investigaci¨®n judicial seguir¨¢ su curso con independencia del resultado de las elecciones, y lo ¨²nico que se habr¨¢ conseguido cuando llegue el momento de procesar a los alcaldes y concejales implicados en casos de corrupci¨®n ser¨¢ un desprestigio mayor de las instituciones. Adem¨¢s de una abstenci¨®n m¨¢s rotunda que la de estas elecciones.