Bono: "El archivo del 'caso Yak-42' socava la disciplina militar"

"El archivo del caso Yak-42 socava gravemente la disciplina militar", declar¨® ayer a EL PA?S el ex ministro de Defensa Jos¨¦ Bono. "?C¨®mo puede un soldado ser obligado a subir a un avi¨®n si el Estado se desentiende de su seguridad?", argument¨®. Las familias de los 62 militares muertos en Turqu¨ªa, en la mayor cat¨¢strofe de las Fuerzas Armadas espa?olas en tiempo de paz, presentaron ayer recurso contra la decisi¨®n del juez Fernando Grande-Marlaska.

Cuatro a?os despu¨¦s del accidente, Leopoldo Gay, abogado de la asociaci¨®n que agrupa a la mayor¨ªa de las familias, admiti¨® ayer que pueden pasar de seis meses a un a?o antes de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso contra la decisi¨®n del juez Grande-Marlaska de archivar el caso por la contrataci¨®n del Yakovlev 42.

No es la primera vez que las familias de las v¨ªctimas se enfrentan a un obst¨¢culo. Ya en noviembre de 2003, a los seis meses del siniestro, la juez Teresa Palacios archiv¨® el caso y tuvo que ser la Sala de lo Penal la que, en julio de 2004, le orden¨® investigar.

El problema es que en este tiempo apenas se ha investigado nada, pues tanto Palacios como Grande-Marlaska, quien le sustituy¨® recientemente en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, han negado sistem¨¢ticamente las diligencias reclamadas.

De hecho, el auto del 1 de junio, adem¨¢s de ordenar el archivo de la causa, deniega todas las pruebas solicitadas por las familias desde hace un a?o, algunas con el respaldo del fiscal.

Entre los testimonios rechazados figuran los del ex ministro Federico Trillo-Figueroa, los jefes del Estado Mayor Conjunto y del Ej¨¦rcito de Tierra en la ¨¦poca, Juan Luis Ibarreta y Luis Alejandre, o el autor del informe del servicio secreto militar que denunci¨® el grave riesgo que supon¨ªa volar en ese tipo de aviones.

"Cercenar la investigaci¨®n en una fase tan prematura como la actual, pese al tiempo transcurrido, precisamente en virtud de la lentitud con que se ha ido tramitando, dejar¨ªa en situaci¨®n de grave indefensi¨®n a las familias de las v¨ªctimas", alega el recurso.

Sorprendentemente, Marlaska alude en su auto, "en calidad de imputados", al ex secretario de Estado de Defensa Fernando D¨ªaz Moreno y a los generales Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n y Vicente Navarro. Los dos ¨²ltimos no est¨¢n imputados en este sumario, sino en el que investiga la falsificaci¨®n de las identidades de 30 cad¨¢veres -cuya instrucci¨®n depende del mismo juez-, mientras que el primero nunca ha sido acusado.

Lo m¨¢s grave, sin embargo, es que el auto archiva el caso porque concluye que no que hay delito. En concreto, afirma que no hab¨ªa "un especial deber de observancia por parte de funcionario alguno del Ministerio de Defensa", ni "ninguna obligaci¨®n concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontrara en perfecto estado de mantenimiento" o que "la tripulaci¨®n gozaba de las necesarias licencias [...] y menos que recib¨ªan los necesarios cursos de formaci¨®n [...] y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso. Obligaciones ¨¦stas ¨²ltimas que pesaban sobre la empresa contratista".

Los abogados de las familias recuerdan, no obstante, que los soldados no compraron su billete, ni eligieron la compa?¨ªa a¨¦rea, sino que subieron al Yak-42 cumpliendo una orden cuya desobediencia se castiga con la c¨¢rcel, y que el Estado pag¨® 140.000 euros por el vuelo, pero UM Air s¨®lo cobr¨® 39.000, pues hasta seis intermediarios se quedaron con el resto sin que nadie los controlara.

Leopoldo Torres, letrado de las familias de dos comandantes, que tambi¨¦n han recurrido el archivo, recuerda que las Reales Ordenanzas obligan a los mandos a velar por la vida de sus subordinados y a no exponerles a "mayores peligros que los exigidos por el cumplimiento de la misi¨®n".

"Si el Estado se desentiende de la seguridad de sus militares, cada uno de ellos podr¨¢ decidir si sube o no al avi¨®n. Y en esas condiciones no pueden funcionar las Fuerzas Armadas", advierte Bono.