Dilema del prisionero

A la vista de las informaciones suministradas por los protagonistas, las expectativas confiadas y las previsiones sombr¨ªas avanzadas la v¨ªspera sobre la reuni¨®n de anteayer del presidente del Gobierno y el l¨ªder del PP -a fin de reconstruir una posici¨®n com¨²n frente a ETA- deber¨ªan recorrer ambas un trecho parecido de camino si desearan encontrarse a mitad del recorrido. Las declaraciones de Rajoy y de la vicepresidenta -en quien deleg¨® Zapatero sus obligaciones informativas por rituales protocolarios tan puntillosos como superfluos- tranquilizaron a una sociedad sobresaltada, temerosa e inquieta por una eventual reanudaci¨®n de los atentados terroristas en plena bronca cainita de los grandes partidos de ¨¢mbito estatal. La desconfianza sembrada a lo largo de esta legislatura por la desleal ofensiva lanzada desde el principal grupo de la oposici¨®n contra el Gobierno a cuenta de la lucha antiterrorista, rompiendo as¨ª una tradici¨®n de entendimientos transversales cuyo origen se remonta a los comienzos de la Transici¨®n, no desaparecer¨¢ de un d¨ªa a otro pero podr¨ªa irse debilitando lo suficiente para permitir la consolidaci¨®n del armisticio o del acuerdo de m¨ªnimos prendido con alfileres reci¨¦n nacido en el palacio de la Moncloa.

Aprovechando que la aplicaci¨®n de la teor¨ªa de juegos al escenario pol¨ªtico est¨¢ de moda, el problema bautizado con el nombre de Dilema del Prisionero tal vez permitiera entender mejor las razones que pudieran asistir a Zapatero y a Rajoy para proseguir el camino iniciado con ese desganado y fr¨¢gil acercamiento. Aunque el Gobierno y el PP sientan la tentaci¨®n partidista de maximizar sus respectivos beneficios a costa de enga?ar al contrario explotando s¨®lo en su propio provecho las rentas pol¨ªticas (una victoria electoral) de la lucha contra el terrorismo, la experiencia de las interacciones humanas y naturales ense?a que la cooperaci¨®n reiterada puede llevar a una situaci¨®n de equilibrio favorable a los dos jugadores. La puesta en marcha del reforzamiento de las relaciones bilaterales entre socialistas y populares que presidi¨® el Pacto por las Libertades de 8 de diciembre de 2000 podr¨ªa ser acompa?ada en el futuro por la ampliaci¨®n del ¨¢mbito de los acuerdos a los nacionalistas vascos y catalanes que caracteriz¨® el Pacto de Ajuria Enea de 1988. La apertura de Rajoy hacia PNV y CiU como socios parlamentarios del PP si ganase las pr¨®ximas elecciones con mayor¨ªa relativa y necesitase de sus votos para la investidura -como Aznar en 1996- opera a favor de ese ensanchamiento.

El Pacto por las Libertades descansaba sobre dos supuestos que han sido incumplidos por el PP: desde su apoyo a la grotesca teor¨ªa de la conspiraci¨®n sobre el 11-M de Jim¨¦nez y Ram¨ªrez hasta su obscena condena de Zapatero por traicionar a los muertos. El primer principio regulador atribuye al Gobierno la direcci¨®n de la lucha antiterrorista, tarea a la que se suman las dem¨¢s fuerzas democr¨¢ticas. No existe un cogobierno PSOE-PP ni un diunvirato Zapatero-Rajoy: las iniciativas de la oposici¨®n contra la trama de ETA -como la eventual ilegalizaci¨®n de Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV)- carecen de car¨¢cter vinculante para el Ejecutivo. Y la tentativa de ampliar tales propuestas a la pol¨ªtica de alianza de los socialistas con los nacionalistas que condenan la violencia en ?lava y Navarra es un desprop¨®sito.

La segunda norma orientativa del Pacto por las Libertades era el compromiso asumido por los firmantes de "eliminar del ¨¢mbito de la leg¨ªtima confrontaci¨®n pol¨ªtica y electoral" el debate p¨²blico sobre las pol¨ªticas antiterroristas. La implicaci¨®n pr¨¢ctica de ese principio b¨¢sico es la prohibici¨®n de imputar a las fuerzas democr¨¢ticas cualquier responsabilidad pol¨ªtica por los asesinatos y atentados de la banda terrorista. Esa solidaridad entre los partidos democr¨¢ticos -sea cual sea el lugar que ocupen en la constelaci¨®n del poder- protege a las instituciones constitucionales de los virus de la discordia inoculados por el terrorismo. Pero la renuncia a la explotaci¨®n banderiza de la lucha contra ETA por las formaciones pol¨ªticas no implica ceguera hacia los fallos concretos ni silencio sobre los defectos y carencias de los aparatos del Estado: los ¨®rganos de seguimiento de los pactos y los contactos entre Gobierno y oposici¨®n son el ¨¢mbito para esa discusi¨®n.